Por: Gabriel S. Galán Melo
El Consejo Nacional Electoral ha dictado un reglamento que más allá de su manifiesta inconstitucionalidad e ilegalidad ha trascendido en el debate público por su cuestionable oportunidad y confusa efectividad. Ha prohibido a los electores el acceso a las juntas receptoras del voto con teléfonos celulares con el objeto de evitar que el mismo se realice bajo amenaza de presuntos grupos armados, eliminando supuestamente el mecanismo de verificación que aparentemente haría posible dicha coacción. Sin embargo, si el voto bajo amenaza fuese una herida profunda, la prohibición del acceso con celulares a las juntas electorales no sería más que un vendaje apresurado e inútil. Sería algo así como si en lugar de tratar el virus que causa y paraliza la voluntad del paciente, simplemente tapásemos sus síntomas para que no sean visibles y esperásemos cómodamente hasta que muera.
Pues, impedir que los votantes ingresen con celulares, dificultaría supuestamente -según la autoridad- la verificación del sufragio por parte de los grupos armados, pero no elimina de modo alguno el miedo o la coacción. La amenaza sigue presente y el terror puede seguir dictaminando las decisiones ya que la coerción puede con facilidad encontrar nuevas formas de imponerse: los grupos violentos organizados no son ajenos a la tecnología de punta y han mostrado lamentablemente mayor eficiencia en sus tareas que el Estado. En definitiva, es como tratar una infección grave con un placebo: puede generar la sensación de un alivio momentáneo, pero no elimina la causa de la enfermedad. Sencillamente, no es una cura.
La verdadera cura no está en ocultar el problema, sino en erradicarlo de raíz. Se requiere un tratamiento integral: seguridad real para los electores, investigaciones eficaces contra los grupos que imponen el miedo y sanciones contundentes contra quienes pervierten el proceso electoral (no contra los electores). Pero, urge también analizar si el remedio propuesto no es peor que la enfermedad. Ya que, en tiempos de elecciones, dos principios fundamentales deben prevalecer sin concesiones de ningún tipo. Por un lado, el voto secreto, pero también la transparencia del proceso electoral. Y aunque a simple vista pudiesen parecer opuestos, son en realidad complementarios e indispensables para la legitimidad de cualquier democracia.
Pues, si bien el voto secreto acarrea la garantía de que todo ciudadano puede expresar su preferencia sin temor a represalias, presiones o influencias indebidas y por ello es un derecho conquistado a lo largo de la historia para evitar fraudes y clientelismo, la protección del secreto del voto no puede confundirse, generar o concluir en un espacio de opacidad dentro del proceso electoral. Para que los comicios sean legítimos, es imprescindible que todo el proceso electoral sea auditable, claro y accesible a la ciudadanía. En fin: trasparente. No obstante, el súbito interés en prohibir el acceso de teléfonos celulares y la fijación de exorbitantes multas a los electores que hagan público o divulguen su voto, lejos de generar certeza solo promueve desconfianza. Y la confianza en el sistema electoral simplemente no se presume, se construye con base en información clara y verificable y comportamientos libres y previsibles. Se la gana asegurando, precisamente, que el sufragio sea libre y secreto y que el proceso en su conjunto sea absolutamente transparente, por lo que, no cabría obstáculo alguno para que los ciudadanos que desearen publicitar o divulgar su preferencia puedan hacerlo o para que quienes participen en tareas de control electoral a favor de los candidatos de turno, hagan uso de herramientas que indiscutiblemente dinamizan su actividad. Cuidado y se termina disfrazando la opacidad de protección del voto secreto, porque no se trata de elegir entre secreto o transparencia, sino de garantizar ambos. Sin ellos, la democracia y la legitimidad del poder quedan en entredicho.
