El avance del crimen organizado en Ecuador ha transformado al periodismo en una profesión de alto riesgo. La violencia, la cooptación y las amenazas se han convertido en parte del entorno laboral cotidiano de los comunicadores. En este escenario, el Congreso Internacional de Periodismo, titulado «Democracia vs Crimen Organizado», realizado el 6 y 7 de mayo de 2025 en Quito, se propuso como un espacio crucial para el análisis, la denuncia y la construcción de soluciones frente a este fenómeno regional.
Durante el evento, el periodista Ricardo Rivas, presidente del Mecanismo de Protección para Periodistas, reveló que su organización ha presentado 26 denuncias y participado en 19 comparecencias judiciales. Estos datos evidencian una preocupante tendencia: el periodismo en Ecuador no solo está siendo censurado o criminalizado, sino también infiltrado y manipulado por estructuras delictivas.
Según Rivas, existen al menos cinco formas identificadas en las que el crimen organizado interactúa con los medios. Entre ellas, destaca la cooptación directa de periodistas, quienes por voluntad o bajo amenaza terminan colaborando con bandas criminales. Otra modalidad es el uso de los medios para enviar mensajes entre grupos delictivos, instrumentalizando la cobertura informativa para ejercer control territorial o enviar advertencias.
Un caso particularmente alarmante ocurrió en Montalvo, donde un periodista fue secuestrado por un grupo criminal que argumentaba que trabajaba para una facción rival. Este tipo de hechos, según Rivas, pone en evidencia cómo el rol del comunicador ha sido desdibujado, hasta el punto de que incluso los delincuentes se hacen pasar por reporteros para operar con mayor impunidad.
Rivas también destacó el valor del trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. A través de 12 talleres realizados en 2024, periodistas y policías dialogaron sobre protocolos de cobertura, operativos de alto riesgo y dinámicas del control territorial. “Es clave que ambos sectores dejen de verse como enemigos y empiecen a colaborar para garantizar la seguridad y la información pública”, subrayó.
Otro eje del Congreso fue el fortalecimiento institucional. Se expusieron esfuerzos conjuntos con la Judicatura, la Corte Constitucional, la Fiscalía, el Ministerio de Salud y la Cancillería. Estos vínculos han permitido desde el acompañamiento legal de periodistas exiliados hasta la atención en salud mental para comunicadores víctimas de violencia.
En una de las sesiones más comentadas, Steven Dudley, cofundador y codirector de InSight Crime, reflexionó sobre los límites éticos y prácticos del ejercicio periodístico en entornos de alto riesgo. Enfatizó que “ninguna historia vale una vida”, y llamó a los periodistas a priorizar su seguridad. Dudley insistió en la necesidad de cumplir protocolos básicos: comunicar la agenda de trabajo, alertar a los editores sobre situaciones peligrosas, exigir recursos adecuados —como transporte seguro, dispositivos tecnológicos, logística y acompañamiento— y blindarse legalmente cuando el medio no ofrece respaldo institucional.
Además, Dudley subrayó que los periodistas deben tener claridad sobre sus derechos laborales y las condiciones mínimas para una cobertura segura. “Cuando un director de medio no respalda a su reportero, la responsabilidad recae con más fuerza en el periodista para protegerse, documentar cada paso y no quedar expuesto a represalias ni demandas”, puntualizó.
El Congreso también abordó temas clave como el impacto de la desinformación, el uso de inteligencia artificial para manipular el discurso público, y los nuevos modelos de sostenibilidad de medios. Lina Grisales, del Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector Seguridad (DCAF), presentó un proyecto de fortalecimiento de relaciones entre prensa y policía en Ecuador, Colombia y Perú.
El evento concluyó con una reflexión central: el periodismo es una herramienta vital para la democracia, pero requiere condiciones mínimas para existir. La libertad de prensa no se garantiza con leyes si no va acompañada de protección real, justicia y recursos. En un país donde las amenazas se vuelven cotidianas, blindar a los periodistas es proteger el derecho de la sociedad a estar informada. (I)
