El Pleno de la Asamblea Nacional discutió este jueves en primer debate el proyecto de Ley Orgánica denominada “Ley de Solidaridad Nacional”, calificada como urgente en materia económica y enviada por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín. La propuesta, según el Ejecutivo, busca responder con firmeza al escenario de violencia que atraviesa el país.
La iniciativa está sustentada en el informe de la Comisión de Desarrollo Económico y propone un marco excepcional en los ámbitos tributario y penal para combatir estructuras criminales que financian el conflicto armado interno declarado en Ecuador.
El núcleo del proyecto reside en desarticular el poder económico de las organizaciones delictivas, reforzar el equipamiento y capacidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y restaurar la estabilidad institucional y económica en las zonas más golpeadas por la violencia.
Valentina Centeno, legisladora ponente y presidenta de la comisión, subrayó durante el debate que esta normativa “no solo representa una respuesta del Estado, sino un acto colectivo por la justicia y la democracia”. Insistió en que se trata de un esfuerzo legislativo que une al país frente al crimen organizado.
La sesión contó con la intervención de 18 legisladores. La mayoría expresó su respaldo a la propuesta, destacando su coherencia con políticas adoptadas en otros países que han enfrentado crisis de seguridad similares.
Uno de los pilares del proyecto consiste en establecer incentivos tributarios específicos para empresas que colaboren con el Estado mediante donaciones a las instituciones de seguridad, a cambio de beneficios fiscales.
También se reconoce jurídicamente el estado de conflicto armado interno, lo cual habilita el uso de herramientas penales y militares en el marco de la legalidad constitucional.
El articulado contempla disposiciones como el uso legítimo de la fuerza, incautación de bienes ligados a delitos, identificación de objetivos estratégicos, así como procedimientos penales acelerados y medidas cautelares específicas.
A nivel económico, se habilita al Ejecutivo a emitir decretos que permitan entregar beneficios anuales a pequeños y medianos productores, y a jóvenes emprendedores dentro del sector popular y solidario, con el aval del Ministerio de Finanzas.
Estos mecanismos pretenden fomentar la formalización productiva y mitigar el impacto del crimen en territorios afectados, al tiempo que se consolida la recuperación del tejido económico.
Desde la perspectiva penal, la norma incluye reformas al Código Orgánico Integral Penal, incorporando nuevos tipos delictivos como la pertenencia a grupos armados organizados y facilitando investigaciones más ágiles y contundentes.
El fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) también es clave. La entidad asumirá un rol prioritario en la detección de flujos sospechosos asociados a economías ilegales.
La norma habilita incluso allanamientos sin orden judicial en casos excepcionales, aunque bajo el control posterior de jueces especializados. También se amplía a 90 días el plazo de la etapa de investigación preliminar.
Al cierre del debate, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, resolvió que el texto regrese a la Comisión de Desarrollo Económico para preparar el informe de segundo debate. La Asamblea tiene un plazo de 30 días para decidir su aprobación.
Objeciones paralelas del Ejecutivo a otras reformas
Mientras el Legislativo avanza con esta propuesta de seguridad, el presidente Noboa presentó objeciones parciales a otras iniciativas en curso. El 29 de mayo, en un acto oficial en el Palacio Nacional, anunció reparos a la reforma al Código del Trabajo por considerarla parcialmente inconstitucional e inconveniente.
Según el Ejecutivo, algunas disposiciones del nuevo texto laboral podrían afectar principios constitucionales y tener consecuencias negativas en el ámbito laboral, tanto para trabajadores como para empleadores.
Además, el mandatario también objetó parcialmente la reforma al Código de Seguridad y Control del Comercio Interior (COSECCI), destacando la necesidad de corregir elementos que podrían colisionar con el marco jurídico vigente.
Estas objeciones reflejan la estrategia del Gobierno de mantener el equilibrio entre la modernización legislativa y la protección de los derechos fundamentales, actuando como filtro constitucional en el proceso parlamentario.
La respuesta del Ejecutivo a estos textos será revisada nuevamente en la Asamblea, que deberá decidir si acoge las observaciones, las modifica o insiste en su redacción original. (I)
