Seguridad, privacidad y garantías procesales en riesgo, advierte Human Rights Watch tras la aprobación de dos normativas clave por parte de la Asamblea Nacional. Las leyes, firmadas por el presidente Daniel Noboa en junio de 2025, han encendido las alarmas por el debilitamiento de derechos fundamentales y el fortalecimiento del control estatal.
“Estas leyes contienen disposiciones peligrosas que podrían tener consecuencias devastadoras para los derechos de los ecuatorianos”, señaló la organización internacional desde Washington D.C. Entre las principales preocupaciones están el uso de la fuerza letal, la falta de supervisión judicial en procedimientos de inteligencia y la creación de un marco legal que elude controles constitucionales.
Human Rights Watch subraya que el combate al crimen organizado es una prioridad legítima, pero cuestiona el método. “La seguridad no se puede construir con legislación apresurada, mal redactada y excesivamente amplia”, indicó Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización. “Hace falta un debate cuidadoso y respeto a los derechos humanos”.
La primera ley, denominada Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, fue aprobada el 7 de junio en un proceso acelerado. Otorga al presidente la facultad de declarar un “conflicto armado interno” y activa disposiciones que amplían el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
Dicha ley autoriza allanamientos sin orden judicial, el uso excepcional de fuerza letal y permite a las fuerzas del orden clasificar arbitrariamente a grupos como actores de conflicto, con criterios poco claros como la “violencia prolongada” entre tres o más personas.
Además, el Ejecutivo podrá conceder indultos a miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en operaciones bajo ese contexto, incluso si enfrentan investigaciones penales. También se establece que estos funcionarios podrán seguir en funciones pese a estar procesados.
La normativa ha sido criticada por intentar sortear los límites de los estados de excepción establecidos por la Constitución. La Corte Constitucional ha rechazado en el pasado el argumento de “conflicto armado interno” como justificación para medidas extraordinarias, al considerar que no se cumple con los estándares del derecho internacional.
Decreto contra el crimen o puerta a la impunidad…
El 10 de junio, apenas tres días después, se aprobó la Ley Orgánica de Inteligencia, que crea un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia coordinado por una autoridad designada directamente por el presidente. Este sistema integra a las Fuerzas Armadas, la Policía, entidades financieras, penitenciarias y hasta aduaneras.
La nueva ley obliga a instituciones públicas, empresas privadas e incluso ciudadanos a entregar información al sistema de inteligencia sin necesidad de orden judicial. Las operadoras telefónicas deben proporcionar datos históricos y en tiempo real sobre las comunicaciones de sus usuarios.
Uno de los aspectos más polémicos es que el sistema podrá interceptar comunicaciones por motivos vagos como “la seguridad integral del Estado”, también sin autorización judicial previa. Esto vulnera el derecho a la intimidad, la protección de datos personales y la confidencialidad de la correspondencia.
Human Rights Watch advierte que la ley puede tener un efecto inhibidor en la libertad de expresión y comprometer profesiones sensibles como el periodismo, la medicina y la abogacía, que requieren de confidencialidad para proteger a sus fuentes, pacientes o clientes.
La normativa también autoriza que se emitan identidades nuevas para agentes de inteligencia y contrainteligencia, quienes podrán operar encubiertos con respaldo estatal. No se establece un mecanismo de control ciudadano ni judicial para fiscalizar esas actividades.
Aunque las leyes fueron aprobadas en medio de una crisis de seguridad —que llevó a Ecuador a registrar más de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado—, los críticos sostienen que estas medidas podrían ser contraproducentes.
En 2024, la tasa de homicidios tuvo una leve reducción del 15 %, pero en 2025 volvió a incrementarse. Pese a ello, expertos insisten en que la solución no está en recortar derechos, sino en reforzar las capacidades institucionales y el sistema judicial.
“Los ecuatorianos no deberían tener que elegir entre seguridad y derechos humanos”, subrayó Goebertus. “Una seguridad duradera se construye con legalidad, transparencia y justicia, no con poderes ilimitados ni vigilancia indiscriminada”.
Hasta el momento, las leyes no han sido objetadas por la Corte Constitucional ni por el Ejecutivo. Sin embargo, diversos sectores de la sociedad civil han solicitado su revisión urgente y el establecimiento de controles más estrictos que garanticen el respeto a los derechos fundamentales. (I)
