
La Asamblea Nacional atraviesa su mayor proceso de depuración en años. A raíz del escándalo del asambleísta Santiago Díaz, vinculado a un caso de presunta violación y criticado por tener familiares laborando en el Legislativo, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, emprendió una reforma sin precedentes contra el nepotismo.
A partir de la reforma al artículo 7 del Reglamento Interno de Administración del Talento Humano, aprobada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), 40 funcionarios han sido desvinculados: 21 por decisión administrativa y 19 por renuncias voluntarias. Esta medida aplica sin distinción partidista.
Los cesados laboraban en distintas bancadas: Revolución Ciudadana (RC), Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC), además del personal administrativo. La reforma prohíbe expresamente la contratación de familiares hasta cuarto grado de consanguinidad de legisladores y segundo grado de afinidad de funcionarios jerárquicos.
El caso Díaz y el detonante de la reforma
El caso del asambleísta Santiago Díaz, expulsado de la Revolución Ciudadana tras una grave denuncia por violación de una menor, desató una revisión del personal vinculado familiarmente con legisladores. Su sobrino y su cuñada fueron retirados de sus cargos como asesores, luego de que Olsen anunciara la nueva política institucional.
La medida fue respaldada por unanimidad por el CAL. Desde su aplicación, se ha dado paso a una reforma que no solo sanciona la contratación cruzada de parientes, sino que otorga al presidente del Legislativo la facultad de ordenar despidos sin el consentimiento del legislador involucrado.
Díaz, actualmente prófugo, enfrenta una investigación penal. La Fiscalía ejecutó allanamientos y confiscó dispositivos en busca de pruebas. El Gobierno ofreció una recompensa de 100.000 dólares por información sobre su paradero.

Una política sin excepciones
“Esta limpieza recién empieza”, señaló Olsen en su cuenta de X. El presidente del Parlamento aseguró que la depuración es “sistemática e irrevocable”, y busca transformar a la Asamblea Nacional en un ejemplo de ética pública.
La nueva normativa exceptúa a servidores con nombramiento permanente contratados antes de la actual legislatura y a grupos de atención prioritaria. Pero en todos los demás casos, el cumplimiento es inmediato y sin privilegios.
A diferencia de otros tiempos, esta vez las desvinculaciones no se limitan a un bloque político. Las salidas afectan tanto a legisladores oficialistas como a opositores, y apuntan a erradicar prácticas normalizadas como la contratación cruzada de parientes entre despachos.
Según el detalle entregado por la Asamblea, los cargos cesados incluyen asesores, asistentes legislativos y servidores técnicos. Las razones oficiales incluyen “incumplimiento al reglamento interno” y conflictos de interés por lazos de parentesco.
En paralelo, el CAL también aprobó una normativa para regular la asistencia virtual en sesiones. Desde ahora, será obligatorio mantener la cámara encendida durante toda la jornada, bajo riesgo de sanciones económicas por ausencias o atrasos injustificados.

Este paquete de reformas se presenta como una respuesta institucional a años de cuestionamientos sobre prácticas poco éticas y falta de control interno en la contratación de personal legislativo.
Los próximos 30 días serán clave en este proceso de depuración. El propio Olsen ha advertido que no se contemplarán excepciones. “Las reglas son para todos”, reiteró.
Con esta reestructuración, el Legislativo busca recuperar la confianza ciudadana y consolidar una nueva etapa basada en principios de ética y transparencia administrativa. (I)