«¿Usted puede dormir tranquilo? Con esa pregunta, Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional, dio por terminada la exposición de Bernardo Darquea, viceministro de Gobernanza del Ministerio de Salud, quien llegó como delegado del titular Jimmy Martín.
El funcionario acudió a la Mesa Legislativa para responder sobre el fallecimiento de 12 pacientes neonatos por “causas multifactoriales”, en la unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital Universitario, en el norte de Guayaquil.
A la pregunta de Veloz, siguieron varias risas solapadas de entre los asistentes que pedían explicaciones por la crisis hospitalaria. Pero el tema era muy serio. Y aun así, la comparecencia del delegado estuvo plagada de tropiezos.
Primero: la guardia de la Asamblea dificultó el acceso a los representantes de la Cartera de Salud, tanto así que la Presidenta Veloz acudió a la guardianía para exigir el ingreso de los convocados. Segundo: la exposición del personal ministerial, que duró más de dos horas, estuvo llena de datos poco sólidos. Tercero: los cuestionamientos de los integrantes de la Comisión, no fueron solventados con la respuestas de los expositores.
El viceministro Bernardo Darquea, en representación del ministro de Salud, Jimmy Martin, se presentó ante la comisión con datos generales que, según los legisladores, intentaban «maquillar la realidad». Su objetivo era responder a la crisis por la muerte de recién nacidos en hospitales públicos de Guayaquil.
La exposición de los funcionarios se basó en cifras y estadísticas globales, sin aterrizar en los casos específicos que motivaron la convocatoria. La presidenta de la comisión, Viviana Veloz, manifestó su indignación, señalando que los datos carecían de la especificidad necesaria.
El funcionario presentó una tabla con las tasas de mortalidad neonatal de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Indicó que en el período 2000-2004, la tasa era de 12 por cada 1,000 nacidos vivos, mejorando a 7.4 en 2020 y con una proyección de 7.0 para 2025.
Darquea destacó que la tasa de Ecuador para 2023 era de 5.8, lo que lo colocaba por debajo del promedio regional. Sin embargo, esta cifra fue recibida con escepticismo, ya que no abordaba directamente los problemas actuales en los hospitales.
Además, el viceministro detalló la cifra de 624 fallecimientos de neonatos en hospitales públicos del país entre el 1 de enero y el 7 de agosto de 2025. Este número fue una de las «cifras fuertes» que compartió con la comisión.
Las causas de defunción para estos 624 casos fueron desglosadas, siendo la principal la «inmadurez extrema o prematurez extrema» con 171 fallecidos. También mencionó otras causas como sepsis, malformaciones congénitas y dificultad respiratoria.
En el Hospital Universitario de Guayaquil, foco de la investigación, el delegado informó que se registraron 75 fallecimientos de neonatos en el mismo período. La principal causa, de igual manera, fue la «inmadurez extrema o prematuridad extrema», con 22 casos.
Acciones insuficientes y sus consecuencias
A pesar de estas cifras, los legisladores cuestionaron la falta de acciones concretas y la deficiente preparación de los funcionarios delegados. La asambleísta Viviana Veloz lamentó que el ministro no haya comparecido, interpretándolo como una falta de preocupación ante la crisis.
La asambleísta también señaló que la comparecencia del ministro era crucial para rendir cuentas no a la Asamblea, sino «a los ciudadanos y a los familiares de los niños que fallecieron». La delegación de un viceministro se percibió como una evasión de responsabilidades.
Un punto crítico fue la pregunta sobre las autopsias perinatales de los recién nacidos fallecidos. El viceministro no pudo responder de manera clara si se habían realizado o no, delegando la respuesta al gerente del hospital.
La falta de una respuesta contundente llevó a Veloz a inferir que las autopsias no se habían realizado, calificando la situación de «gravísima». Los legisladores recalcaron la importancia de estas autopsias para esclarecer las causas de las muertes.
Otro cuestionamiento fue sobre la demora en la activación de los protocolos de emergencia. Veloz expuso que la alerta epidemiológica se levantó el 23 de julio, pero las acciones se tomaron «cuatro días después».
El viceministro, por su parte, argumentó que las acciones inmediatas son responsabilidad de cada unidad hospitalaria, pero la asambleísta le recordó que el Ministerio de Salud, como representante del Estado, debía intervenir de forma inmediata.
La indolencia y la irresponsabilidad, como lo calificaron los legisladores, se manifestaron en la falta de acciones oportunas. El viceministro no pudo recordar la fecha exacta en la que la notificación llegó a la planta central del Ministerio.
La presidenta de la comisión recordó que el ministro Jimmy Martin, a través de un tweet el 10 de agosto, fue quien públicamente anunció el inicio de las investigaciones y solicitó renuncias. Esto evidenció que la respuesta del ministerio fue tardía y reactiva.
Se mencionó que el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal obliga a los funcionarios públicos a denunciar un delito. La comisión lamentó que el ministerio no haya presentado una denuncia formal, y que la fiscalía actuara de oficio.
La legisladora Mireya Pazmiño criticó que se estaban tratando a los bebés «como a cosas», reduciendo sus muertes a «simples estadísticas frías». Esta crítica resonó con el sentimiento de que el sistema de salud estaba desangrándose.
Los asambleístas también hicieron hincapié en que el problema no era solo del ministerio, sino del gobierno en general. El asambleísta Rubén Barberán mencionó que el ministro Martin estuvo en el Hospital Universitario el 28 de julio, cuestionando si se le informó de la crisis en ese momento.
Otro legislador, Raúl Chávez, acusó que la salud pública está «en abandono«. Él consideró que no existe un «objetivo claro del Ministerio de Salud hacia dónde va» y que la exposición de los funcionarios se centró en porcentajes generales.
La viceministra de Atención Integral, Wendy Gabica, proporcionó datos sobre el porcentaje de abastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos, indicando que a nivel país el abastecimiento en medicamentos es del 72% y en dispositivos médicos es del 64% en la zona 8 de Guayaquil.
Sin embargo, estos datos no disiparon las dudas, ya que los asambleístas sentían que se estaban maquillando los problemas reales de desabastecimiento, falta de insumos y la crisis presupuestaria. Un recorte de más de 1,000 millones de dólares al presupuesto de salud fue mencionado como una de las causas.
No hubo respuestas claras
Los funcionarios delegados no pudieron responder de manera satisfactoria las preguntas específicas de los legisladores sobre la falta de oxígeno, las autopsias, las alertas epidemiológicas y las acciones inmediatas. Su respuesta fue reiteradamente la de delegar la pregunta a otro funcionario.
El asambleísta Ricardo Patiño criticó que el abastecimiento de cánulas nasales en el Hospital Universitario estaba por debajo del mínimo, contradiciendo las cifras oficiales del ministerio. La falta de procesos de compras públicas fue otro punto de crítica.
La exposición de los delegados del Ministerio de Salud dejó en evidencia un severo problema de ineficiencia y falta de preparación. La falta de respuestas sólidas generó un profundo malestar en la comisión, que exigía la verdad sobre la tragedia.
La delegación del ministro Jimmy Martin para esta comparecencia fue interpretada como una muestra de irresponsabilidad y desinterés por la crisis. El país esperaba respuestas del máximo representante de la cartera de estado, no de sus subalternos.
La crisis de salud pública, según los asambleístas, no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una política de «austericidio económico» impulsada por el Fondo Monetario Internacional y que ha provocado un recorte de más de 1,000 millones de dólares al presupuesto de salud.
La falta de insumos, el desabastecimiento de medicamentos y la infraestructura en mal estado son, según el documento, la «constante en todos los hospitales del país». Esta situación afecta directamente a la vida de los ciudadanos.
Los legisladores criticaron la «política de gobierno» que ha dejado al pueblo «sin salud, sin educación y ahora incluso sin seguridad». La muerte de los bebés es el resultado de la «tanta indolencia, tanta ineficiencia y negligencia».
Tras la comparecencia en la Asamblea, el ministro de Salud, Jimmy Martin, se pronunció desde Guayaquil en una rueda de prensa. En su declaración, el ministro calificó de «alarmista» la cifra de 18 neonatos fallecidos y aclaró que en julio de 2025, el número fue de 12.
Jimmy Martin aseguró que las muertes se debieron a causas «multifactoriales» y no a la falta de insumos. Mencionó casos de bajo peso, prematuridad e «inmaturidad extrema» que «condiciona su estabilidad clínica».
A pesar de desmentir la cifra, reconoció que dos de los 12 fallecimientos estaban ligados a la presencia de la bacteria KPC. Afirmó que, ante esto, se emitió una alerta epidemiológica y se activaron los protocolos correspondientes en julio.
El ministro también negó «categóricamente» que se hayan reutilizado cánulas nasales. Sumó que los pacientes con inmaturidad extrema o muy bajo peso no usan ese tipo de dispositivos, sino otros que han sido provistos por el hospital. Para dar una imagen de acción, Martin afirmó que se han tomado «decisiones en firme» y que están decididos a «enfrentar la realidad de nuestro sistema de salud con firmeza».
Como respuesta a la crisis, el ministro de Salud solicitó la renuncia del gerente del Hospital Universitario, lo que se anunció en un tweet el 10 de agosto, después de que el caso se hiciera público. Esta acción, sin embargo, fue vista por los legisladores como una medida reactiva y no preventiva, ya que no se tomó de inmediato cuando se tuvo conocimiento de la alerta epidemiológica.
Los legisladores exigieron transparencia y que se establezcan las responsabilidades no solo en los mandos medios o el personal médico, sino de manera estructural. El hecho de que la Fiscalía General del Estado haya iniciado una investigación de oficio, sin una denuncia del Ministerio, demostró la inacción de los funcionarios.
La crisis de salud en el país, evidenciada por la muerte de neonatos, es un problema grave que va más allá de las cifras. La comparecencia de los funcionarios, lejos de tranquilizar a la comisión, generó más dudas y cuestionamientos sobre la gestión ministerial.
Los legisladores resaltaron la falta de empatía y la «indolencia» de los funcionarios, especialmente ante la denuncia de una madre a la que el hospital le llamó para que retire el cuerpo de su bebé fallecido.
Esta tragedia interpela la conciencia de toda la ciudadanía, pues no se trata de un «caso fortuito». El debate en la comisión dejó en claro la deficiente preparación de los funcionarios delegados y el profundo problema que enfrenta el sistema de salud.
Finalmente, las palabras de Viviana Veloz resonaron en la comisión: «Este hecho no puede ser reducido a una simple cifra». El sistema de salud está desangrándose, y esta crisis es un llamado a la acción. (I)
