La movilización encabezada por el presidente Daniel Noboa contra la Corte Constitucional y la posterior entrega de preguntas para una consulta popular abrió una controversia sobre la independencia de los poderes del Estado. La estrategia presidencial, que combina presión en las calles y decisiones institucionales, generó preocupación en organismos internacionales y en expertos constitucionalistas que advierten un debilitamiento democrático.
El escenario: el 12 de agosto, caravanas de autobuses llegaron a Quito con miles de simpatizantes convocados por el Ejecutivo. El escenario fue el parque El Ejido, donde Noboa, en un breve discurso desde una camioneta, arremetió contra los jueces del máximo tribunal, acusándolos de frenar sus reformas.
Marco Navas, coordinador del Programa de Derecho Constitucional de la Universidad Andina, calificó a la movilización liderada por Noboa como una “forma de expresión y, al mismo tiempo, una forma de presión”. Para él, el acto presidencial constituyó un abuso de la libertad de expresión que afecta la democracia.
La arremetida se enmarcó con publicidad textual. Horas antes del discurso del presidente, gigantescas vallas se instalaron en varios puntos estratégicos donde se desarrolló la marcha: fotografías y nombres de los nueve magistrados de la Corte. El mensaje impreso los responsabilizaba de “robar la paz”, replicando el mismo discurso del Gobierno.
Organismos internacionales como la CIDH, Amnistía Internacional y Human Rights Watch reaccionaron con firmeza, advirtiendo que esta campaña de hostigamiento pone en riesgo la independencia judicial y la seguridad de quienes integran la Corte.
Bajo ese escenario, Navas señaló que la presencia de pancartas con los rostros de los jueces representó un acto de intimidación, cuyo efecto fue presionar al tribunal para que fallara a favor del Ejecutivo.
El catedrático comparó este episodio con otras tensiones del pasado, como la represión a la Corte Suprema de Justicia durante el gobierno de León Febres Cordero o los cambios impulsados por Rafael Correa vía consulta popular. Sin embargo, advierte que Noboa lo hace “a golpe directo, con acciones agresivas y arbitrarias”.
La preocupación se incrementó cuando se difundieron imágenes de manifestantes realizando saludos nazis. Para Navas, se trata de un gesto de odio que debe ser investigado por la Fiscalía, pues apoya la idea de un régimen autoritario.
El jurista subrayó que el nazismo representó un poder único que eliminó los contrapesos, un antecedente que debe alertar sobre los riesgos de normalizar este tipo de símbolos en la política ecuatoriana.
Frente a la exposición pública de los jueces, Navas sostuvo que lo fundamental es que el tribunal actúe ceñido a la Constitución y la ley, aunque reconoció que hubo una afectación a su imagen y una presión directa para condicionar sus decisiones.
Aunque el Gobierno exhibió la marcha como un éxito, Navas insistió en que fue un acto organizado desde el poder, con transporte, refrigerios y presiones laborales que explican la asistencia masiva.
Consulta popular en medio de la presión
Dos días después de la movilización, el Ejecutivo entregó a la Corte las preguntas para una nueva consulta popular. Entre ellas se incluye la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y la posibilidad de someter a juicio político a los magistrados de la Corte Constitucional.
Para Navas, esta secuencia de hechos muestra una paradoja: “El presidente busca presionar antes para condicionar la respuesta del tribunal, lo cual no es adecuado”.
El especialista advirtió que la mayoría de las preguntas deben tramitarse como reformas parciales a la Constitución, y no como simples enmiendas, pues alteran la estructura del Estado. “Incluso la propuesta de control político sobre los jueces debería pasar por una Asamblea Constituyente”, añadió.
La Corte Constitucional tiene 20 días para pronunciarse sobre la viabilidad de las preguntas, convocar audiencias y recibir argumentos de actores sociales, instituciones y amicus curiae.
Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que la consulta es clave para fortalecer su agenda de seguridad e institucionalidad. Sin embargo, los expertos advierten que el verdadero trasfondo es el debilitamiento del único contrapeso efectivo al poder presidencial.
El contexto se complica con el aplazamiento de las audiencias sobre las leyes de Integridad y Solidaridad, que acumulan decenas de demandas de inconstitucionalidad. La Corte ha optado por la modalidad telemática, a pesar de los intentos del Gobierno por exigir audiencias presenciales.
La pugna institucional se agudiza
Organismos internacionales han reiterado que la independencia judicial es un derecho que no puede alterarse mediante una consulta. La relatora de la ONU sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite, advirtió que cuando un presidente marcha contra un tribunal, corre el riesgo de intimidar y estigmatizar a sus jueces.
Para Navas, la estrategia de Noboa apunta a desacreditar a la Corte ante la opinión pública para condicionar sus decisiones. “Es negativo para la democracia que el Ejecutivo use la presión social como mecanismo de influencia”, afirmó.
El jurista subrayó que la prudencia de los jueces al guardar silencio es acertada, porque deben hablar con decisiones y no con declaraciones políticas.
No obstante, advirtió que la pugna puede convertirse en un choque institucional si el tribunal rechaza las preguntas de la consulta. En ese escenario, la presión contra la Corte podría intensificarse.
Sobre el financiamiento de las gigantografías y pancartas, Navas indicó que debe investigarse su origen, ya que la ciudadanía no suele organizar por sí sola este tipo de campañas. Contraloría y Fiscalía, señaló, deberían actuar para esclarecer si hubo recursos estatales involucrados.
El constitucionalista concluyó que la ciudadanía debe mantenerse informada sobre quién respeta y quién incumple la Constitución. “Lo que se avizora es un choque de trenes entre Ejecutivo y Corte Constitucional. Frente a ello, debemos exigir que las reglas democráticas no se vean vulneradas”. (I)
