El presidente Daniel Noboa firmó este martes el Decreto Ejecutivo No. 134, que declara el estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. Esta decisión responde a la grave conmoción interna provocada por bloqueos y paralizaciones que han alterado el orden público y generado violencia en estas regiones.
La medida tiene una vigencia inicial de 60 días y busca frenar los actos violentos, resguardar la seguridad ciudadana y restablecer el normal desarrollo de las actividades económicas. Sin embargo, el presidente podrá levantarlo antes si desaparecen las causas que motivaron la declaratoria.
Durante el estado de excepción, queda suspendido el derecho a la libertad de reunión en las siete provincias, con el fin de evitar aglomeraciones que puedan poner en riesgo la estabilidad y la seguridad del Estado.
Para ello, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están facultadas para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos que atenten contra la seguridad ciudadana o paralicen servicios esenciales. Además, podrán movilizarse para garantizar el orden, proteger la vida y los bienes de la población, así como asegurar la libre circulación.
La decisión del Ejecutivo se enmarca en un contexto de protestas que estallaron tras la eliminación del subsidio al diésel, que elevó el precio de 1.80 a 2.80 dólares por galón. Diversos colectivos de trabajadores y estudiantes han manifestado su rechazo al aumento por el impacto en el costo de vida.
En los últimos días, conductores de camiones bloquearon vías en varias provincias, acciones que si bien fueron despejadas, han recrudecido las tensiones. Este martes, por ejemplo, la carretera Panamericana Norte amaneció bloqueada a la entrada de Quito con escombros y montículos de tierra.
Las autoridades indicaron que estas paralizaciones han provocado complicaciones en la cadena de abastecimiento de alimentos y afectado el libre tránsito y trabajo de miles de ciudadanos, impactando la economía nacional.
El presidente Noboa manifestó que se respeta el derecho a la protesta pacífica, pero enfatizó que no se tolerarán manifestaciones violentas ni acciones que vulneren la seguridad ni los derechos de los demás ciudadanos.
En Cuenca, capital de Azuay, también se registraban marchas en protesta contra un proyecto minero liderado por una empresa canadiense.
Informes recientes muestran que los bloqueos y protestas son más intensos en las provincias declaradas en estado de excepción, con reportes de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, y retenciones temporales de policías.
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y la Policía Nacional han documentado la escalada de violencia y los cierres viales, que dificultan la movilidad y la prestación de servicios públicos.
Frente a esta situación, el presidente activó la movilización coordinada de las Fuerzas Armadas y la Policía para apoyar el restablecimiento del orden, adoptar medidas de control y garantizar la seguridad integral. El decreto establece que las fuerzas del orden ejecutarán sus funciones respetando siempre los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad.
La suspensión temporal del derecho a la reunión no afecta el derecho a manifestarse pacíficamente, siempre que esta protesta no interfiera en los derechos y garantías del resto de la población. El Gobierno ha mantenido diálogo con algunos sectores afectados, pero ante la insuficiencia de estas gestiones, se decidió adoptar medidas extraordinarias para preservar la seguridad y la normalidad.
Con la declaratoria, el Estado busca minimizar la alarma social originada por las protestas que interrumpen la libre circulación y el desarrollo económico, vías esenciales para la vida cotidiana de los ecuatorianos. Además, el Decreto Ejecutivo subraya la responsabilidad de las autoridades en el control y uso legítimo de la fuerza, excluyendo cualquier acción arbitraria.
