La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) puso fin al paro nacional que mantuvo durante un mes en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Su presidente, Marlon Vargas, anunció la decisión luego de denunciar “represión estatal” y pedir al Gobierno de Daniel Noboa la liberación de los manifestantes detenidos.
El movimiento indígena comunicó su decisión a través de un video difundido en redes sociales, en el que informó que las comunidades regresarán a sus territorios y despejarán las vías bloqueadas.
Vargas señaló que la medida busca “proteger la vida del pueblo” y evitar más víctimas tras los enfrentamientos que dejaron tres fallecidos y decenas de heridos, según los registros de la organización. “Ha sido una decisión dolorosa, pero necesaria”, expresó el dirigente, al tiempo que responsabilizó al Ejecutivo por la violencia registrada durante las jornadas de movilización.
Horas antes, el presidente Noboa había anunciado que en un plazo máximo de dos días el Gobierno “abriría todas las vías del país”, especialmente en las provincias de la Sierra norte.
El mandatario reiteró que las protestas no tenían alcance nacional, sino que se concentraban en zonas específicas como Imbabura, donde dispuso la intervención de las fuerzas del orden.
Para la Conaie, esa disposición representó un punto de inflexión. Vargas denunció que las comunidades vivían “bajo el miedo y la presencia militar permanente”.
“Ante el riesgo de más muertes, hemos decidido replegarnos. No queremos más sangre indígena en las calles”, manifestó el presidente del movimiento. El líder también insistió en que la protesta pudo haberse evitado si el Gobierno hubiese mantenido canales de diálogo abiertos.
“Cuando un gobernante impone medidas sin escuchar, la consecuencia es el conflicto social. El poder se construye con la gente, no contra ella”, enfatizó.
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La Conaie reclamó la desmilitarización inmediata de los territorios indígenas y la reparación integral para las familias afectadas por la represión. Asimismo, exigió la liberación de todos los detenidos, incluidos los denominados “12 de Otavalo”, procesados por su participación en los bloqueos.
El paro nacional, iniciado en septiembre, surgió tras el incremento del precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón, una decisión adoptada dentro del plan económico del Gobierno. Las movilizaciones incluyeron cierres de carreteras, marchas y concentraciones en distintas provincias. En Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo se registraron los incidentes más graves.
Gobierno defiende su postura y promete reactivar la economía
Desde el Palacio de Carondelet, el presidente Daniel Noboa calificó las manifestaciones como “un atentado contra la estabilidad democrática”. A pesar de su tono firme, aseguró estar dispuesto al diálogo una vez se restablezca el orden público.
En declaraciones a Radio Democracia, Noboa anunció que se implementará un plan de reactivación económica para mitigar las pérdidas ocasionadas por las protestas. El Ejecutivo estima que las paralizaciones generaron pérdidas millonarias por la suspensión de actividades productivas y comerciales.
El sector privado reportó dificultades en el transporte de alimentos, medicinas y combustibles, especialmente en el norte del país. En Otavalo y Cotacachi, los bloqueos provocaron escasez de productos y afectaron al turismo, uno de los pilares de la economía local.
Conaie redirige su lucha hacia la consulta popular
Con el levantamiento de las movilizaciones, la Conaie anunció un nuevo frente de acción política. Marlon Vargas llamó a las bases indígenas a sumarse a la campaña por el “No” en la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre.
El dirigente consideró que esa será la nueva herramienta de resistencia frente a las políticas del Gobierno. “El paro termina, pero la lucha continúa. La defensa del Estado plurinacional se mantendrá en todos los espacios”, subrayó.
El movimiento aseguró que mantendrá asambleas permanentes para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo. Mientras tanto, en las comunidades indígenas persiste un sentimiento de duelo por las víctimas que dejó la protesta.
Vargas pidió que se respete la memoria de quienes murieron “por exigir justicia y dignidad”.
El fin del paro marca el cierre de una etapa de alta tensión social, pero también abre un nuevo escenario de disputa política en Ecuador. De momento, el Ministerio del Interior no ha confirmado el número total de personas detenidas durante las movilizaciones.
Por lo pronto, la Policía Nacional inició labores para retomar la normalidad, informó en su cuenta de X.
