El Salario Básico Unificado (SBU) que regirá en Ecuador a partir del 1 de enero de 2026 se incrementará en USD 12 y se ubicará en USD 482, tras un acuerdo alcanzado entre empleadores y trabajadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.
La decisión se concretó este lunes 15 de diciembre de 2025, luego de un proceso de negociación que incluyó sesiones técnicas y reuniones reservadas entre los delegados de los sectores laboral y empresarial, con la participación del Gobierno.
El nuevo monto representa un aumento frente al salario vigente de USD 470, que rige actualmente en el país, y será de cumplimiento obligatorio para los empleadores del sector privado en todo el territorio nacional.
El acuerdo marca un hecho poco común en la última década, ya que evita que el Ejecutivo tenga que fijar el salario de manera unilateral, un mecanismo previsto en la ley cuando no existe consenso entre las partes.
Tras conocerse la resolución, el presidente de la República, Daniel Noboa, destacó públicamente el entendimiento alcanzado y subrayó que se trata de un consenso tripartito logrado sin imposiciones.
En un mensaje difundido en su cuenta de X, el mandatario señaló que el incremento del salario básico refleja un contexto económico más favorable y afirmó que la medida se acompaña de políticas orientadas a estimular la generación de empleo.
Según Noboa, el acuerdo entre Gobierno, empleadores y trabajadores evidencia un momento de mayor cohesión institucional y social en la definición de una política salarial clave para el país.
La negociación se desarrolló en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, instancia integrada por representantes del Ejecutivo, de los empleadores y de los trabajadores, encargada de analizar y definir el salario mínimo cada año.
Los integrantes del Consejo retomaron este 15 de diciembre la primera sesión oficial sobre el salario de 2026, que había sido instalada el 9 de diciembre y que fue suspendida sin una resolución definitiva.
En esta ocasión, la reunión se realizó a puertas cerradas y sin convocatoria a la prensa, con el objetivo de facilitar un acercamiento entre las posiciones de los distintos sectores.
Días antes, el 24 de noviembre, los miembros del Consejo recibieron información técnica sobre la situación económica del país, elaborada por el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Esos insumos incluyeron datos sobre crecimiento económico, inflación, empleo y condiciones del mercado laboral, que sirvieron de base para las propuestas presentadas durante la negociación.
El ministro de Trabajo, Harold Burbano, había señalado previamente que la economía mostraba una evolución considerada adecuada, lo que abría espacio para un ajuste salarial que permitiera mejorar el acceso de los hogares al consumo.
En la sesión del 9 de diciembre, el titular de la cartera de Trabajo adelantó que el incremento en discusión podría ubicarse en un rango de entre USD 11 y USD 15, siempre que se alcanzara un acuerdo entre las partes.
Finalmente, el consenso se cerró en USD 12, cifra que fue aceptada tanto por los representantes de los trabajadores como por los delegados del sector empresarial.
Con esta resolución, se pone fin a un periodo prolongado sin consensos en la fijación del salario básico, ya que la última vez que el Consejo logró un acuerdo similar fue en diciembre de 2016.
Desde entonces, en varios años el salario mínimo fue definido directamente por el Gobierno, ante la imposibilidad de conciliar posiciones entre empleadores y trabajadores.
La normativa vigente establece que el salario básico debe fijarse por consenso dentro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, y solo en caso de desacuerdo corresponde al Ministerio de Trabajo determinar el monto.
Durante el proceso previo, algunos gremios sindicales que no forman parte del Consejo, como el Frente Unitario de Trabajadores, plantearon un incremento mucho mayor, de hasta USD 105, para elevar el salario a USD 575.
Esa propuesta no fue acogida en la mesa de negociación, debido a las consideraciones económicas y de sostenibilidad empresarial expuestas por los otros sectores.
El Gobierno señaló que el aumento aprobado busca fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores sin comprometer la estabilidad del empleo ni la capacidad de las empresas para sostener sus operaciones.
Desde el Ministerio de Trabajo se destacó que el acuerdo refleja un modelo de toma de decisiones basado en el diálogo técnico y la corresponsabilidad entre los actores del mercado laboral.
El incremento del salario básico también se enmarca en una estrategia orientada a impulsar la productividad y a consolidar un entorno de mayor estabilidad para los trabajadores formales. (I)
