La asambleísta por la provincia del Guayas, Cristina Jácome, presentó oficialmente el «Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Salud para la Regulación Integral del Etiquetado Nutricional Frontal».
Esta propuesta busca sustituir el actual sistema de semáforo por el Sistema Gráfico de Octógonos (SGO) de color negro, con el fin de combatir los altos índices de enfermedades crónicas no transmisibles y proteger la salud de la población, especialmente de los menores de edad. El proyecto los define como el modelo técnico de etiquetado que consiste en símbolos de forma octogonal de color negro con borde blanco, que deben aparecer en la cara principal de los productos procesados.
El proyecto surge como una respuesta técnica a las limitaciones detectadas en el sistema actual, el cual no ha logrado modificar sustancialmente los patrones de consumo de alimentos ultraprocesados en el país.
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Según la exposición de motivos del documento, las enfermedades cardiovasculares representan el 24% de las defunciones en Ecuador, mientras que la diabetes afecta a más de un millón de ciudadanos, situaciones que requieren intervenciones estructurales urgentes.
Un cambio hacia la advertencia directa y entornos escolares saludables
Entre los puntos más destacados de la propuesta se encuentra la obligatoriedad de colocar octógonos negros en el margen superior derecho de los envases que adviertan sobre el exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías.
Además, el proyecto prohíbe de forma estricta el uso de personajes infantiles, mascotas, celebridades o regalos en la publicidad de productos que lleven estas advertencias, para evitar el marketing engañoso dirigido a niños.
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Otro eje central es la restricción en el entorno escolar. El texto legal prohíbe la venta y distribución de productos con octógonos dentro de establecimientos educativos de todos los niveles, desde educación inicial hasta bachillerato. Esta medida se complementa con sanciones que incluyen el decomiso de productos y un régimen de multas progresivas para las empresas que incumplan con la normativa.
Tras la entrega del documento en la gestión legislativa, la asambleísta Cristina Jácome ofreció declaraciones donde enfatizó que la prioridad de esta ley es enfrentar «la obesidad, la malnutrición y la desnutrición infantil».
La legisladora explicó que el proyecto fue trabajado de manera conjunta con empresas públicas, privadas y gremios relacionados con la salud, buscando que la propuesta sirva como un «principio rector» para cambiar la realidad de niños y adolescentes en el país.
Al ser consultada sobre el cambio del semáforo nutricional, Jácome reconoció que, aunque el sistema actual tuvo su utilidad inicial, ahora se requiere uno «más estricto» porque «la salud pública tiene que estar por encima de los intereses comerciales».
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La legisladora enfatizó que muchas empresas han tratado de evadir el control colocando leyendas de «bajo en azúcar», cuando en realidad contienen excesos de edulcorantes que perjudican la salud, por lo que la advertencia debe ser «clara, visible y directa».
Finalmente, la asambleísta confirmó que trabajarán de la mano con el Ministerio de Salud Pública, como ente rector, para elevar esta regulación a rango de ley y evitar que dependa únicamente de acuerdos ministeriales o decretos transitorios.
Plazos y comisiones
Una vez presentados los proyectos de ley, se deben seguir un proceso riguroso dentro de la Asamblea Nacional. El primer paso es la revisión por parte de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), que emite un informe no vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos formales y la constitucionalidad de la propuesta.
Posteriormente, el documento pasa al Consejo de Administración Legislativa (CAL), instancia encargada de calificar el proyecto y designar la comisión especializada permanente que lo tramitará, que en este caso sería probablemente la de Salud o Desarrollo Económico.
La comisión designada tiene un plazo de hasta 45 días para presentar el informe para primer debate ante el Pleno de la Asamblea.
Durante esta etapa, se deben socializar los contenidos y recibir observaciones de diversos sectores. Tras el primer debate, el proyecto regresa a la comisión para recoger las sugerencias y elaborar el informe para segundo debate en un plazo similar.
Si el Pleno aprueba la ley en segunda instancia, el documento se envía al Presidente de la República, quien tiene 30 días para sancionarlo o vetarlo (total o parcialmente). El proyecto de Jácome establece disposiciones transitorias de entre 180 y 730 días para que las empresas adecúen sus empaques según su tamaño. (I)
