miércoles, enero 7, 2026
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Asamblea Nacional condena el blindaje político a crimen organizado en Venezuela

Instantes del traslado del expresidente, por parte de agentes de seguridad de la DEA. Foto: Agencias.

La captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, tras una operación militar encabezada por Estados Unidos, no solo reconfiguró el tablero político en Venezuela, sino que también provocó una onda expansiva en la región y en la comunidad internacional.

Mientras millones de venezolanos expresan alivio ante la salida de un régimen señalado por violaciones sistemáticas de derechos humanos, corrupción y vínculos con el narcotráfico, crecen las críticas por la forma en que se ejecutó la operación, considerada por numerosos gobiernos y expertos como una violación al derecho internacional y a la soberanía de un Estado.

En Ecuador, el impacto político del hecho se trasladó de inmediato a la Asamblea Nacional, donde el Pleno instaló una sesión extraordinaria este lunes 5 de enero de 2025. Inicialmente, la sesión fue convocada para recibir la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, en torno a denuncias de presiones judiciales relacionadas con la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano.
Sin embargo, el curso de la sesión cambió de manera sustancial.

Cambio del orden del día y apertura del debate sobre Venezuela

Con 78 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una moción propuesta por la Asambleísta Lucía Jaramillo quien planteó una resolución para manifestar el rechazo al encubrimiento político frente a organizaciones criminales que operan desde el poder de Venezuela. La moción se aprobó tras un pedido de cambio del orden del día.

Jaramillo sostuvo que el pueblo venezolano ha vivido bajo una dictadura y enmarcó su intervención en la necesidad de reconocer el sufrimiento de millones de ciudadanos forzados a migrar.

Su discurso fue acompañado por aplausos desde el graderío, donde se concentraron organizaciones civiles, y estuvo marcado por un tono confrontacional hacia los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana.

Durante su exposición, Jaramillo proyectó un video del expresidente Rafael Correa, en el que calificaba a Maduro como una “buena persona”, para luego contraponerlo con referencias a investigaciones internacionales que vinculan al exmandatario venezolano con redes de corrupción y con la petrolera estatal PDVSA, señalada en procesos impulsados por Estados Unidos.

Un debate marcado por la polarización política

El debate se tornó rápidamente acalorado, evidenciando la profunda confrontación entre las bancadas de ADN y Revolución Ciudadana.

El asambleísta Gerardo Machado centró su intervención en la realidad ecuatoriana, recordando la crisis de violencia y los problemas del sistema de salud. Criticó el estilo confrontativo del debate y advirtió que se intentaba “tapar” problemas internos con agendas externas.

Desde la bancada oficialista, Andrés Gushmer (ADN) afirmó que Nicolás Maduro ejercía una influencia directa sobre el Cartel de los Soles, organización criminal, cuya expansión, dijo, ha alcanzado a Ecuador. Señaló que “basta del silencio” frente a la infiltración de estas redes delictivas en el país.

En contraste, Xavier Lasso (RC) cuestionó que se celebre la captura de Maduro mediante una operación militar de Estados Unidos, señalando que ello revela —a su criterio— una normalización de prácticas que vulneran principios democráticos y jurídicos fundamentales.

De su lado, la asambleísta Ana Belén Tapia sostuvo que Maduro “nunca fue presidente”, sino líder de una estructura narcoterrorista, y aseguró que su captura no constituye un atentado contra la soberanía venezolana. Reafirmó que Ecuador reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo legítimo y respaldó públicamente la postura del presidente Daniel Noboa.

Tapia también mencionó informes de la UAFE que alertarían sobre posibles vínculos delictivos entre PDVSA y operaciones financieras en Ecuador.

Por su parte, el legislador Mario Zambrano recordó que el pueblo venezolano ha padecido una estructura dictatorial acompañada de lavado de activos y redes financieras ilegales. Mencionó casos como PDVSA y el sistema SUCRE, que —según indicó— operaron mediante empresas de papel y bancos nacionales para beneficiar a círculos cercanos a Raúl Chávez y a Nicolás Maduro, hechos que ya se encuentran bajo investigación judicial.

Venezuela: entre el alivio popular y la controversia jurídica internacional

Entre tanto, el derrocado presidente venezolano compareció ante un tribunal de Nueva York, dos días después su captura en Caracas en una operación militar de Estados Unidos.

Maduro es acusado de cuatro cargos, entre ellos, tráfico de cocaína. Dicho delitotambién se le imputa a su esposa, Cilia Flores, quien fue detenida junto a Maduro en el operativo de las fuerzas armadas estadounidenses.

Maduro, quien se encuentra detenido en una cárcel de Nueva York será presentado ante un juez. En la nueva acta de inculpación en su contra se encuentran también su hijo “Nicolasito”, el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.

Mientras se define la situación legal, sectores de la diáspora venezolana y algunos gobiernos celebran la caída de un régimen acusado de fraude electoral, represión y narcotráfico, una parte significativa de la comunidad internacional ha condenado la operación militar estadounidense por contravenir la Carta de las Naciones Unidas y el principio de no intervención.

Mandatarios como Gustavo Petro (Colombia), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile) y autoridades de China, Francia, la Unión Europea y Rusia han coincidido en que el uso de la fuerza y la captura de un jefe de Estado sin mandato del Consejo de Seguridad de la ONU constituye una grave violación del derecho internacional y sienta un precedente peligroso opinión al maduro.

Expertos en derecho internacional consultados por medios internacionales han calificado la detención de Maduro como ilegal, al vulnerar la prohibición del uso de la fuerza y el principio de soberanía estatal, aun reconociendo el historial de violaciones de derechos humanos atribuido a su régimen opinión al maduro.

Una dualidad que tensiona el orden internacional

El caso venezolano expone una tensión estructural: el legítimo reclamo de los pueblos frente a regímenes autoritarios y, al mismo tiempo, la fragilidad del sistema internacional para actuar sin erosionar los principios que lo sostienen.

La captura de Nicolás Maduro representa, para muchos venezolanos, el fin de una era marcada por el colapso económico, la migración forzada y la represión. Para otros actores globales, en cambio, abre un precedente que debilita el multilateralismo y normaliza la intervención armada como mecanismo de cambio político.

En Ecuador, ese dilema se reflejó con crudeza en un Pleno dividido, donde la política exterior, la seguridad regional y la soberanía se entrelazaron con disputas internas, denuncias judiciales y una polarización que, lejos de cerrarse, parece profundizarse. (I)

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