La transformación del sistema educativo técnico y su articulación directa con el sector productivo se han convertido en uno de los ejes estratégicos del proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación, actualmente en trámite en la Asamblea Nacional.
El informe para segundo debate plantea una reforma estructural orientada a enfrentar dos problemas persistentes en Ecuador: la alta informalidad laboral y la baja inserción de jóvenes en empleos adecuados y sostenibles.
Según datos recogidos en el documento, más del 54,2 % de la población ocupada en el país se encuentra en condiciones de informalidad, mientras que apenas el 37,1 % accede a empleo adecuado, es decir, con ingresos estables, seguridad social y jornada legal.
La situación es aún más crítica para los jóvenes y las mujeres, grupos que enfrentan mayores barreras de acceso al mercado laboral formal y niveles más altos de subempleo y precarización.
En el caso de las mujeres, solo el 30,4 % logra acceder a empleo adecuado, frente al 41,6 % de los hombres, una brecha que evidencia desigualdades estructurales que la normativa busca atender mediante acciones afirmativas.
A este panorama se suma una elevada tasa de deserción en la educación superior. En 2023, el abandono universitario alcanzó el 20,46 %, reflejando dificultades económicas, falta de pertinencia de la oferta académica y escasa vinculación con oportunidades laborales concretas.
El informe también pone énfasis en el costo del sistema educativo. El gasto promedio anual por estudiante en universidades públicas asciende a USD 1.994, mientras que en las privadas llega a USD 3.171, cifras que refuerzan la necesidad de trayectorias formativas más cortas y orientadas al empleo.
Frente a este diagnóstico, el proyecto propone fortalecer la educación técnica, tecnológica y la formación dual bajo el enfoque de “aprender haciendo”, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y responder a las demandas reales del aparato productivo.
Los ejes de las propuestas
Uno de los pilares de la propuesta es el reconocimiento de aprendizajes previos, tanto académicos como laborales, permitiendo que la experiencia profesional sea validada como vía de acceso a carreras técnicas, tecnológicas y duales.
Asimismo, se plantea la homologación del bachillerato técnico, cursos y certificaciones por competencias hacia carreras de nivel superior, facilitando trayectorias educativas continuas y flexibles.
El documento introduce definiciones claras sobre formación dual y establece la figura de las entidades receptoras formadoras, principalmente empresas, que asumirán un rol activo en la capacitación de estudiantes.
En este modelo, los jóvenes podrán combinar formación teórica con práctica laboral real, reduciendo la brecha entre la educación y el empleo, uno de los principales obstáculos identificados por el sector productivo.
El informe también propone la creación de un comité público-privado que articule al Estado, a las instituciones de educación superior y al sector empresarial en la planificación de la oferta educativa.
A escala territorial, la normativa plantea la conformación de 24 clústeres académico-productivos a nivel nacional, uno por provincia, con el fin de alinear la formación técnica a las vocaciones productivas locales.
Estos planteamientos permitirán, según el documento, ajustar mallas curriculares, priorizar sectores estratégicos y responder a las dinámicas económicas de cada territorio. Otro componente relevante es la creación de un Registro Nacional de Formación Dual, que permitirá el seguimiento, control y evaluación de este modelo educativo a nivel nacional.
La propuesta incorpora además seguros contra accidentes para estudiantes en formación dual, una medida orientada a garantizar condiciones mínimas de protección durante su proceso formativo.
En el ámbito financiero, se contemplan líneas de crédito preferente para institutos técnicos y tecnológicos que apuesten por la formación dual y la vinculación con el sector productivo. El informe también incluye incentivos para docentes que participen en programas de educación técnica y dual, reconociendo su rol clave en la implementación del modelo.
En materia de inclusión, la normativa establece acciones afirmativas para mujeres, personas con discapacidad, jóvenes de zonas rurales y grupos históricamente excluidos del sistema educativo y laboral.
Otro punto destacado es el refuerzo del principio de gratuidad de la educación pública, que se amplía a una segunda carrera dentro de una trayectoria tecnológica sucesiva en instituciones públicas. El informe para segundo debate fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa con ocho votos afirmativos, tras un proceso amplio de análisis técnico y político.
Según se detalla en el documento, la Comisión realizó 26 comparecencias y 13 sesiones de trabajo, en las que participaron representantes de instituciones públicas, universidades, institutos técnicos y gremios productivos.
La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, señaló que el texto recoge aportes de múltiples sectores y responde a la necesidad de mejorar la competitividad del país mediante una formación pertinente. Con la aprobación del informe, el proyecto fue remitido al presidente de la Asamblea Nacional para su difusión y tratamiento en el Pleno del Parlamento.
En esta instancia, el proyecto deberá ser incluido en el orden del día para su discusión en segundo debate por parte de los asambleístas. Durante el segundo debate, los legisladores podrán plantear observaciones al texto, previo a su votación definitiva.
De ser aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto será remitido al Ejecutivo para su sanción u objeción, conforme a los plazos establecidos en la Constitución. Posteriormente, la ley deberá ser reglamentada dentro de los tiempos previstos en la normativa, con el fin de garantizar su aplicación efectiva. (I)
