El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió este miércoles 28 de enero de 2026 los dos primeros proyectos de ley calificados como urgentes en materia económica del presente año a la Asamblea Nacional. La presentación de ambos documentos estuvo a cargo de Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia.
Los documentos ingresaron formalmente a la oficina del presidente de la Función Legislativa, Niels Olsen, durante la mañana de este miércoles, con el fin de iniciar el trámite parlamentario correspondiente.
Las propuestas buscan corregir distorsiones estructurales en la administración de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y en la gestión de los sectores de minería y energía.
El Ministerio de Economía y Finanzas emitió los dictámenes previos necesarios y señaló que los proyectos no comprometen recursos adicionales del Presupuesto General del Estado en su fase inicial.
Reforma integral para la sostenibilidad y eficiencia del gasto en gobiernos locales
El primer proyecto enviado por Noboa plantea la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
La iniciativa se enfoca en garantizar la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los gobiernos autónomos en todo el territorio nacional. El texto normativo identifica una rigidez excesiva en el gasto corriente de municipios, prefecturas y juntas parroquiales.
Dicha rigidez, según el diagnóstico del proyecto, desplaza históricamente la inversión necesaria en bienes y servicios públicos esenciales para la ciudadanía.
La reforma establece nuevos límites técnicos, basados en el Clasificador Presupuestario, para contener el crecimiento de los egresos permanentes. Con ello, se busca asegurar que las transferencias del Gobierno Central financien prioritariamente la obra pública.
Para alcanzar este objetivo, el proyecto propone un régimen de transición gradual que se aplica entre los años 2027 y 2029. En 2027, los GAD deben ajustar sus presupuestos para que el gasto permanente no supere el 60 % de sus ingresos.
En 2028, este límite se incrementa al 65 %, lo que permite una adaptación progresiva de las administraciones locales.
A partir de 2029, la ley fija un techo definitivo del 70 % para el financiamiento de gastos permanentes con transferencias estatales.
El proyecto incluye un tratamiento diferenciado para las juntas parroquiales rurales pequeñas cuyas transferencias son menores a 570 salarios básicos unificados.
La normativa incorpora, además, la obligación de presentar un anexo técnico en cada proforma presupuestaria para verificar el cumplimiento de estas reglas.
El Gobierno justifica la calificación de urgencia en la vulnerabilidad macrofiscal y en la necesidad de reducir el riesgo moral en el manejo de los fondos públicos.
Fortalecimiento estratégico de los sectores de minería y energía para la reactivación
El segundo documento corresponde al proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.
La propuesta normativa busca enfrentar la fragmentación legal y la inseguridad jurídica que paralizan proyectos clave en años anteriores. El Ejecutivo señala que el sector eléctrico enfrenta una baja capacidad de respuesta ante choques climáticos, lo que genera un déficit de 130,01 millones de dólares en 2023.
La reforma plantea corregir esta vulnerabilidad mediante la modernización de la matriz energética nacional.
Para ello, el proyecto establece esquemas que facilitan el autoabastecimiento y la autogeneración privada, con el objetivo de reducir la probabilidad de futuros racionamientos.
En el ámbito minero, la iniciativa introduce reformas procedimentales para agilizar las autorizaciones previas y el otorgamiento de concesiones. Asimismo, se establecen nuevos incentivos a la inversión mediante la creación de clústeres mineros especializados.
La ley propone una escala para el pago de patentes anuales de conservación por cada hectárea minera concesionada. Otro de los puntos contempla la creación de Áreas Mineras con Protección de Seguridad Estratégica, una medida orientada a combatir la minería ilegal, que reduce ingresos fiscales y provoca daños ambientales severos.
La implementación de estas áreas puede requerir la asignación de recursos adicionales a las Fuerzas Armadas. La normativa también regula de manera más estricta la pequeña minería y la minería artesanal en zonas permitidas. (I)
