Especial sobre minería en Napo. Vacíos legales y complicidades sostienen la minería ilegal. La falta de flagrancia, el débil control al transporte de maquinaria y la centralización de delitos ambientales en Quito permitieron que el negocio continúe, mientras concesiones legales se deslindan de responsabilidades y la minería se expande a nuevos frentes. Cuarta entrega.
A la entrada de la ciudad de Tena, el paisaje amazónico sufrió una metamorfosis industrial y decadente. En el canchón del Centro de Convenciones, 148 retroexcavadoras se pudren hoy bajo el sol y la lluvia, convertidas en un monumento al óxido y a la impunidad. Estas máquinas, que alguna vez devoraron el lecho de los ríos Jatunyacu y Anzu, llevan 28 meses enterradas entre la maleza a la espera de una decisión judicial que nunca llega.
El origen de este cementerio mecánico se remonta a la madrugada del 13 de febrero de 2022, cuando el Gobierno ejecutó el Operativo Manatí 1 (Yutzupino). Fue una intervención masiva que movilizó a más de 1.600 uniformados y funcionarios para frenar la minería ilegal que operaba a vista y paciencia de los habitantes de Yutzupino. La Secretaría de Gobierno calificó la actividad como «equivalente al narcotráfico».
Los resultados materiales del operativo fueron contundentes: se incautaron 148 excavadoras, 80 clasificadoras tipo Z y miles de galones de combustible. El valor de esta maquinaria se calculó en 22 millones de dólares, recursos que hoy no sirven a nadie y se han transformado en un foco de contaminación por el derrame de aceites y la degradación del metal.
A pesar de la magnitud de la incautación, el operativo se saldó con una cifra que todavía indigna a los colectivos sociales: cero personas detenidas. La falta de capturas no fue un error táctico, sino el resultado de un sabotaje judicial. La Policía y la Fiscalía denunciaron que los jueces de Tena no otorgaron las órdenes de allanamiento de manera oportuna, lo que permitió que muchos operadores huyeran.
Sobre esta falta de arrestos, Pepe Moreno, presidente del Consejo de Defensores de Derechos de la Naturaleza, ofreció una conclusión demoledora. «Este negocio es tan lucrativo que a los mineros ilegales no les importa mucho perder una máquina; mañana se compran otra o alquilan otra y siguen trabajando», afirmó Moreno al explicar que el decomiso de hierro no detuvo el flujo del capital criminal.
Para el activista, el problema radicó en que el operativo solo atacó el último eslabón de la cadena, sin cuestionar cómo llegaron las máquinas y el combustible hasta las orillas del río.
Mientras la justicia se estancaba en trámites, la minería ilegal simplemente se desplazó. «Solo en Talag hemos identificado unos 50 frentes de actividad minera sin permisos», advirtió Moreno al señalar que hoy existen cerca de 300 máquinas operando en toda la provincia.
La exasambleísta de Napo, Sandra Rueda, identificó uno de los obstáculos legales más críticos: la centralización de los delitos ambientales. Según Rueda, la resolución de la Fiscalía General del Estado de centralizar estas investigaciones en Quito ralentizó los procesos y debilitó la capacidad de respuesta local. «Esto nos ha provocado que no se establezcan verdaderos procesos sancionatorios», denunció la legisladora.
Rueda también explicó la impotencia que genera la normativa actual respecto a la flagrancia. Mientras una retroexcavadora de 300.000 dólares no esté encendida o extrayendo material en el momento exacto de la inspección, las autoridades alegan que no existe delito flagrante. «La maquinaria pasa a vista y paciencia de todas las entidades porque no hay una disposición legal que obligue al control riguroso de su traslado», criticó.
Esta falta de normativa permitió que las máquinas circularan por las carreteras de Napo sin registros de propiedad claros. En muchos casos, los mineros ilegales bloquearon satelitalmente las unidades o retiraron sus memorias internas antes de los operativos para impedir su movilización y posterior rastreo. Sin una ley que exija permisos de transporte para equipo pesado, el Estado quedó de manos atadas.
Por su parte, el abogado Andrés Rojas, miembro del colectivo Napo Ama la Vida, desnudó un modus operandi de complicidad entre lo legal y lo ilícito. Rojas explicó que los dueños de concesiones legales utilizan a los mineros ilegales como «carne de cañón». Alquilan sus tierras a operadores informales y, cuando se enteran de un operativo, ellos mismos denuncian la invasión para «lavarse las manos» ante la ley.
«Los dueños de las concesiones siempre argumentan que los daños son de los ilegales, pero son ellos quienes negocian la logística y la extracción del oro», aseguró Rojas.
Esta estrategia permitió que empresas con títulos vigentes evitaran la responsabilidad por los pasivos ambientales, mientras el ecosistema de Yutzupino sufría una afectación de 121 hectáreas con daños irreversibles en suelo, agua y flora.
La denominada «Ecuación del Oro» en Napo resume la tragedia: por cada gramo de metal obtenido, se destruyen 6 toneladas de territorio y se liberan 5 gramos de mercurio. El Operativo Manatí reveló la presencia de este metal prohibido en el sitio, pero la investigación previa sigue abierta y las audiencias se han suspendido reiteradamente, garantizando la impunidad de los financistas del desastre.
Incluso los intentos políticos por dar un uso útil a la chatarra de Yutzupino fracasaron. El expresidente Guillermo Lasso firmó un decreto ejecutivo para entregar la maquinaria incautada a municipios y prefecturas para la prevención del Fenómeno de El Niño.
Sin embargo, la ausencia de una sentencia en firme de un juez impidió que las excavadoras salieran del canchón. Sin condenas, el Estado no puede disponer de los bienes.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas tampoco cumplió con su rol. Aunque el Acuerdo Ministerial 002 exige un reporte de matriculación de equipo pesado a través del sistema SITOP, en la práctica no existe un control eficiente. «Es imposible realizar el control por rastreo satelital en tiempo real porque la base de datos no está integrada», señala un informe de fiscalización.
Para las comunidades de Silverio Andy y El Ceibo, las consecuencias del Operativo Manatí son amargas. Aunque las máquinas se detuvieron en su sector, el río Jatunyacu fue obstruido y su cauce natural modificado, aumentando el riesgo de inundaciones. El Estado prometió un plan de remediación en 180 días tras una acción de protección ganada por los colectivos, pero ya han pasado dos años de incumplimiento.
«Siempre hemos dicho que el Estado es el responsable de este bíocidio», sentenció el abogado Andrés Rojas al referirse a la expansión de 907 hectáreas adicionales de minería después de que se dictara la sentencia de protección. La inacción administrativa permitió que los focos de explotación se multiplicaran en zonas donde el río fue declarado biológicamente muerto.
La situación de Napo es un reflejo de una justicia ambiental que camina a paso de tortuga frente a una minería que vuela con tecnología de punta. Mientras las máquinas en Tena pierden su valor comercial convirtiéndose en chatarra contaminante, los ríos siguen recibiendo descargas de metales pesados que superan hasta 500 veces los límites permitidos.
En febrero de 2026, el Gobierno anunció la suspensión indefinida de toda actividad minera en Napo debido a la crisis extrema. Sin embargo, Sandra Rueda y Pepe Moreno coinciden en que sin reformas legales que permitan el decomiso inmediato y la chatarrización de maquinaria sin papeles, cualquier medida será solo un paliativo temporal.
Maquinaria que se va sin rastro
La incautación de las maquinarias en el caso vinculadas a minería ilegal en Napo está lejos de reflejar la magnitud real del problema. Fuentes locales y registros en territorio advierten que esa cifra apenas da cuenta de una fracción visible de la saturación de maquinaria mecánica-industrial instalada en riberas de ríos, caminos secundarios y campamentos improvisados.
Tras la suspensión de toda actividad minera dispuesta por el Gobierno el 2 de febrero, como muestra la circulación de maquinaria pesada fuera de la provincia —documentada en redes sociales—, excavadoras, volquetas y equipos auxiliares han abandonado los frentes mineros sin trazabilidad ni control efectivo.
Aunque la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han ejecutado operativos de clausura y sellado, estos no han impedido que la maquinaria salga del lugar, dejando detrás irreversibles daños al medio ambiente, sin que se hable de remediaciones. Esto, una vez más refuerza las alertas sobre vacíos en los controles y la eventual impunidad posterior al daño ambiental, concluye Sandra Rueda, activista ambiental.
Tras el anuncio de la Ministra de Ambiente sobre la suspensión definitiva de las actividades extractivas en Napo, las autoridades han ejecutado un despliegue operativo que culminó con el sellado de 40 áreas mineras en apenas tres días.
La intervención comenzó con fuerza el jueves 5 de febrero, clausurando 13 puntos críticos como Huambuno y Jaguar, y se intensificó el viernes 6 con la inhabilitación de otras 19 zonas, incluyendo proyectos emblemáticos como Río Ila y Fruto Dorado.
Este operativo relámpago busca frenar el avance de la maquinaria en sectores donde la presión ambiental ha generado una crisis sostenida en las cuencas hídricas de la provincia.
La jornada de clausuras concluyó el sábado 7 de febrero con el cierre de 8 áreas adicionales distribuidas estratégicamente en tres frentes: los sectores de Chonta Punta, Ahuano y Archidona.
Entre las concesiones selladas destacan proyectos como Napo Kury y Genoveva, consolidando un total de 40 intervenciones que marcan un hito en el control estatal de la región.
No obstante, este masivo cierre administrativo contrasta con la realidad del catastro nacional, pues mientras el Gobierno exhibe estas cifras como una victoria contundente, la cantidad de concesiones que aún figuran como vigentes en los registros oficiales sugiere que el camino para el saneamiento total de Napo sigue siendo complejo y lleno de vacíos legales.
PERIODISMO PÚBLICO, mediante un oficio, solicitó información al Ministerio del Ambiente para conocer sobre las actuaciones de las Direcciones Zonales 7, 8 y 10, en particular los reportes de inspecciones realizadas, el inicio de procedimientos sancionatorios y el cumplimiento de la suspensión de actividades en Napo, así como las restricciones operativas dispuestas en El Oro y Loja. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.
El caso Manatí (Yutzupino) revela que la justicia en Ecuador no ha podido descifrar la logística del oro. Las 148 máquinas en el Centro de Convenciones son hoy el archivo físico de un proceso judicial que se ahogó en la burocracia y una provincia que agoniza entre cráteres y ríos de color naranja.
Al final, el cementerio de retroexcavadoras es la prueba de que en Napo la minería ilegal funciona como un sistema con mejores ventajas que el propio Estado. Mientras no exista una sentencia que rompa el ciclo de impunidad, el hierro seguirá volviéndose polvo, y el oro, seguirá financiando la destrucción de la Amazonía.
Reforma minera avanza en la Asamblea
La Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento dio paso al informe para el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos. Con una mayoría de seis votos, la propuesta legal busca transformar la gestión de los recursos naturales y la infraestructura eléctrica, tras recibir el respaldo y las observaciones técnicas de la cartera de Ambiente y diversos especialistas gubernamentales.
El proyecto de ley se presentó antes de que se iniciaran los operativos de sellado de las 40 áreas mineras en Napo. Sin embargo, el anuncio político de la ministra y la ejecución de los cierres ocurrieron mientras la Asamblea Nacional apenas empezaba a procesar la normativa.
Uno de los pilares más innovadores de esta reforma es la descentralización de los beneficios económicos mediante la asignación directa de regalías a los municipios y prefecturas. Bajo este nuevo esquema, los Gobiernos Autónomos Descentralizados recibirán fondos que deberán emplearse estrictamente en obras de infraestructura y proyectos sociales, quedando terminantemente prohibido desviar estos montos para el pago de salarios o gastos administrativos operativos.
En el ámbito energético, la ley propone un modelo de autosuficiencia mediante la instauración de distritos eléctricos autónomos. Esta estrategia pretende que los grandes polos industriales y los enclaves mineros desarrollen sus propias plantas de generación de energía, aliviando así la carga sobre el sistema interconectado nacional y garantizando que las operaciones productivas no se vean interrumpidas por deficiencias en la red pública.
Para enfrentar la problemática de la extracción ilícita, el documento jurídico endurece los mecanismos de vigilancia y protección de los yacimientos mediante la delimitación técnica de zonas de seguridad. Paralelamente, la normativa busca seducir a la inversión extranjera a través de una simplificación burocrática que unifica criterios legales, reduciendo los tiempos de espera en las etapas exploratorias y alineando los permisos con los estándares de conservación ambiental vigentes.
Finalmente, el proyecto de ley otorga al Estado facultades extraordinarias para delegar la gestión de infraestructuras al sector privado en escenarios de crisis, demoras logísticas o cuando represente un ahorro significativo para el Estado.
Al corregir vacíos en el Código Eléctrico y fomentar planes individuales de autogeneración, la reforma apuesta por un modelo donde la eficiencia privada y la seguridad jurídica sean el motor de los sectores estratégicos. (I)
