La Asamblea Nacional, liderada por su presidenta Viviana Veloz, presentó este miércoles una demanda de inconstitucionalidad contra la ‘Ley Antipillos’ ante la Corte Constitucional (CC). Junto a la acción legal, se solicitó la aplicación de medidas cautelares para suspender temporalmente la vigencia de la normativa mientras se resuelve el fondo del caso.
La legisladora, acompañada por asambleístas de varias bancadas y el secretario general del Parlamento, Alejandro Muñoz, acudió personalmente a la sede de la CC en Quito. La acción responde a la promulgación de la ‘Ley Antipillos’ por parte del presidente Daniel Noboa, quien utilizó la figura de Decreto Ley después de que la Asamblea archivara el proyecto en primer debate.
Según Veloz, el Decreto Ley, denominado oficialmente “Ley para la mejora recaudatoria a través del combate de lavado de activos”, impone nuevas cargas tributarias a los ciudadanos. “Este es un paquetazo navideño que afecta principalmente a la clase media ecuatoriana”, declaró. Además, aseguró que la normativa fue promulgada de manera arbitraria y sin consideración a la decisión del Legislativo.
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El proyecto de ley incluye modificaciones en el impuesto por la comercialización de vehículos usados, entre otros aspectos tributarios. La normativa busca también combatir el lavado de activos y mejorar los mecanismos de recaudación fiscal, según el Ejecutivo. Sin embargo, ha generado rechazo en distintos sectores sociales y políticos.
La presidenta de la Asamblea solicitó que se dicten medidas cautelares provisionales para evitar que la ‘Ley Antipillos’ entre en vigencia en enero de 2025. De no suspenderse, advirtió, las familias ecuatorianas se verán perjudicadas con el incremento de sus cargas tributarias.
El Pleno de la Asamblea Nacional archivó la propuesta en noviembre pasado tras un debate que contó con el respaldo de las bancadas de la Revolución Ciudadana, Construye, Pachakutik, el Partido Social Cristiano e independientes. A pesar de la decisión legislativa, el presidente Noboa utilizó sus facultades para emitir el Decreto Ley y garantizar su aplicación.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, esta ley es un instrumento clave para robustecer las finanzas del Estado y combatir la economía informal. No obstante, Veloz considera que la medida carece de consenso y afecta directamente a la estabilidad económica de los hogares.
La presidenta también llamó a la Corte Constitucional a actuar con celeridad en este caso. “Esperamos que los jueces pongan límites al poder y se pongan del lado de la sociedad ecuatoriana”, enfatizó. Además, destacó que el Legislativo ejercerá todas las acciones necesarias para garantizar el respeto a la Constitución. (I)
