La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, informó que mañana presentará ante la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad para excluir del Registro Oficial la Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, conocida como «Ley Antipillos». Este proyecto, impulsado por el Ejecutivo, fue publicado en el Registro Oficial pese a haber sido rechazado por la Asamblea.
Durante su rendición de cuentas, Veloz criticó la actuación de la Corte Constitucional, señalando su sometimiento al poder político. “Esperamos que la Corte actúe de manera diligente, que no se lave las manos como Pilato y que defienda la Constitución”, enfatizó.
La presidenta adelantó que solicitará una medida cautelar para suspender la aplicación de los tributos incluidos en la ley, con el objetivo de proteger a los ciudadanos afectados por la crisis económica y energética del país.
El conflicto entre Ejecutivo y Legislativo se intensificó después de que el presidente Daniel Noboa promulgara la ley mediante decreto. Según el Ejecutivo, esta legislación es clave para combatir el lavado de activos y financiar la lucha contra el narcoterrorismo.
El Ministerio de Gobierno justificó la publicación de la ley alegando que el Legislativo no cumplió los plazos establecidos para su tratamiento. Sin embargo, la Asamblea argumenta que la publicación es ilegal, ya que el proyecto había sido archivado con 84 votos en contra.
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El secretario legislativo, Alejandro Muñoz, denunció que la promulgación carece de la certificación legal requerida, calificándola como una «flagrante inconstitucionalidad». Según Muñoz, el Gobierno prioriza intereses políticos sobre la institucionalidad.
Para Veloz, la actuación del Ejecutivo representa un “apagón democrático” que afecta el equilibrio de poderes en el país. Además, acusó al Gobierno de actuar en favor del Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar un nuevo desembolso económico.
La ley incluye medidas como el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) y regulaciones para detectar capital ilícito. No obstante, los críticos sostienen que no aborda de manera efectiva el origen de los recursos ilegales.
Desde el oficialismo, se defiende la norma como un paso firme contra el crimen organizado. En contraste, la oposición señala que su implementación podría ser declarada jurídicamente ineficaz.
Veloz subrayó que su administración busca garantizar un sistema democrático. “Mi presidencia tiene un hito histórico: no permitir más arbitrariedades”, afirmó, destacando el trabajo legislativo que ha aprobado más de 30 leyes en tiempo récord.
Por su parte, el Ejecutivo insiste en que actuó dentro del marco constitucional, asegurando que la ley es fundamental para enfrentar la crisis de seguridad que afecta al país desde hace cuatro años.
El Registro Oficial aclaró públicamente que no tiene facultades para verificar la legalidad de las normas publicadas, limitándose a revisar aspectos técnicos del documento.
Mientras tanto, la ciudadanía se encuentra dividida sobre el impacto de la ley, que ha reavivado tensiones entre las principales funciones del Estado.
Veloz advirtió que esta situación pone en riesgo la democracia y alertó a la comunidad internacional sobre una posible injerencia del Ejecutivo en la Función Legislativa. (I)
