La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aprobó una solicitud de prórroga para la presentación del informe de fiscalización sobre la situación de los hospitales Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, y Carlos Andrade Marín, en Quito. La prórroga permitirá continuar con las investigaciones y auditorías que se han venido realizando sobre estos centros de salud.
En la sesión, estuvieron presentes autoridades de diversas carteras del Estado y el doctor Edwin Gavilanes, presidente de la Fundación para la Vida Ariel Chicho Gavilanes, quien alertó sobre la escasez de medicamentos en los hospitales del país. Gavilanes denunció que desde el 13 de marzo del año pasado ha estado notificando la falta de un medicamento crucial en el Hospital Carlos Andrade Marín. A pesar de sus esfuerzos por garantizar la compra anticipada de este fármaco, han pasado más de siete meses sin que se haya resuelto el desabastecimiento, poniendo en riesgo la vida de varios pacientes.
El asambleísta Jorge Chamba expresó su apoyo al proceso de fiscalización de los hospitales y destacó la urgencia de mejorar la atención en el sistema de salud pública. Por su parte, el legislador Franklin Samaniego criticó la politización del sistema de salud, lo que ha afectado la entrega oportuna de medicamentos. Samaniego solicitó información detallada sobre los pagos realizados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y en los hospitales Carlos Andrade Marín y Teodoro Maldonado Carbo.
En defensa de la gestión del Gobierno, el ministro de Economía, Luis Jaramillo, explicó que el Ejecutivo ha realizado asignaciones presupuestarias mayores a las de administraciones anteriores, a pesar del corto periodo de tiempo en que se ha gestionado el actual gobierno. El viceministro Miguel Yépez, por su parte, destacó que hasta el momento se han asignado 3.400 millones de dólares en convenios con el IESS y otros procesos de conciliación con esta entidad.
En cuanto a la adquisición de medicamentos, el director de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), Daniel Sánchez, aseguró que todos los medicamentos adquiridos están debidamente registrados y detalló los procedimientos que se siguen para su compra, en especial aquellos provenientes del extranjero.
La Contraloría, también alerta
La Contraloría General del Estado también ha estado involucrada en el proceso de fiscalización. El Contralor Mauricio Torres presentó las auditorías realizadas en ambos hospitales. En el Hospital Carlos Andrade Marín, se aprobó este año el informe de un examen especial a procesos de contratación de bienes y servicios entre junio de 2019 y diciembre de 2023. La auditoría detectó inconsistencias en la determinación del presupuesto, modificaciones en las especificaciones técnicas, así como irregularidades en la calificación y adjudicación de contratos a oferentes que no cumplían con los requisitos establecidos.
Debido a estos hallazgos, la Contraloría sugirió responsabilidades administrativas y civiles, además de remitir tres informes a la Fiscalía con indicios de responsabilidad penal. En el caso del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, la Contraloría presentó dos exámenes especiales, uno de los cuales detectó irregularidades en la adquisición de medicamentos, insumos y dispositivos médicos sin el sustento técnico adecuado, además de convenios de pago sin documentación habilitante.
El segundo examen especial realizado a este hospital, aprobado este año, se centró en la contratación de medicamentos, equipos médicos y otros bienes, entre junio de 2019 y abril de 2024. En este caso, no se evidenció el uso adecuado ni el destino de los bienes adquiridos, lo que llevó a la recomendación de sanciones administrativas y civiles.
Torres precisó que, desde 2020, se han aprobado cinco informes con indicios de responsabilidad penal para el Hospital Carlos Andrade Marín y ocho informes con indicios de responsabilidad penal para el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Como parte de las acciones de control, la Contraloría también ha estado trabajando en la capacitación sobre contratación pública, con el fin de prevenir irregularidades en la gestión de estos hospitales.
Además, el titular de la Contraloría adelantó que en 2025 se realizará un examen adicional al sistema integrado de desarrollo del talento humano y los gastos de personal en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, cubriendo el periodo entre enero de 2020 y diciembre de 2024. Esta acción se realizará como parte del seguimiento a los procesos de fiscalización y las auditorías que se continúan desarrollando.
Por último, la Defensoría del Pueblo también ha tomado cartas en el asunto. Rodrigo Varela, de la Defensoría, explicó las acciones emprendidas para garantizar el acceso de los ciudadanos a medicamentos, especialmente en el contexto de las deficiencias que se han identificado en la red de hospitales públicos. Varela detalló que la Defensoría ha creado una Comisión de Salud que supervisa el abastecimiento de medicamentos y equipos médicos, llevando a cabo visitas y mesas de trabajo con diversas entidades como ARCSA, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el IESS y el ISSFA.
La fiscalización en estos hospitales continúa siendo un tema de alta relevancia, pues la falta de medicamentos y otros insumos médicos afecta de manera directa a miles de pacientes en todo el país. La responsabilidad en la gestión pública y la correcta asignación de recursos se mantiene en el centro del debate, mientras se esperan resultados de las investigaciones y auditorías en curso. (I)
