El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció la promulgación de reformas al Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos, dirigidas especialmente al sector pesquero. A través del Decreto N°20, suscrito el lunes 2 de junio en Guayaquil, la medida busca establecer mecanismos más controlados y transparentes en la venta y distribución del diésel, uno de los insumos más cruciales para la actividad pesquera del país.
Entre los principales cambios, el decreto obliga que la distribución del diésel subsidiado para los buques pesqueros se realice exclusivamente en centros de distribución y comercializadoras autorizadas por las autoridades competentes. Esta medida pretende evitar el desvío y la venta irregular del combustible, garantizando que llegue directamente a los beneficiarios autorizados, en línea con los objetivos de transparencia y control estatal.
Asimismo, el Gobierno dispuso reformar el reglamento para regular más estrictamente los precios de venta de los derivados de hidrocarburos destinados al sector pesquero. La finalidad es proteger a los actores de la pesca artesanal y contribuir a una gestión eficiente de los recursos, asegurando precios justos y equitativos desde la terminal de almacenamiento hasta las embarcaciones nacionales.
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El decreto también establece que la distribución de diésel subsidiado se supervisará mediante registros electrónicos que incluirán detalles como el identificador del buque, la cantidad despachada y la fecha, a fin de facilitar la fiscalización y prevenir ilícitos en la cadena de distribución.
El presidente Noboa destacó que estas reformas son parte de su compromiso por garantizar un uso racional y transparente de los recursos del Estado, además de proteger a la economía y a la población vulnerable frente a las fluctuaciones del mercado internacional de hidrocarburos.
Las nuevas disposiciones entrarán en vigencia a partir del 4 de junio de 2025, y esperan fortalecer la supervisión y el control del suministro de combustible para un sector clave en la economía ecuatoriana.
El Decreto se emitió luego del anuncio por parte de Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, quien informó sobre la serie de medidas clave para reordenar las finanzas públicas y transparentar la gestión de empresas estatales en el país. Además de la eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero, también se contempla la reapertura del catastro minero y la implementación de auditorías a empresas públicas. Se estima que solo dos de estas medidas generarán $ 271 millones anuales.
En el ámbito energético, el Gobierno modificará la tarifa eléctrica para los grandes consumidores. Los usuarios de alto voltaje (grupo AV1) verán un incremento de 7,91 a 10,22 centavos por kilovatio hora, mientras que en el grupo de medio voltaje (MV) la tarifa subirá de 9,27 a 11,64 centavos por kWh. Es importante destacar que los usuarios residenciales no serán afectados por este ajuste de tarifas.
Adicionalmente, se anunció que empresas públicas como Petroecuador, CNEL y CELEC serán sometidas a rigurosas auditorías. Estas serán realizadas por firmas de renombre mundial como Deloitte, PWC y Ernst & Young, lo que garantiza la transparencia y la calidad de los procesos.
Estas auditorías no solo serán financieras, sino también forenses y de revalorización de activos. Según el Ejecutivo, esta es una acción inicial y fundamental para combatir la corrupción y sanear las finanzas de las entidades estatales, buscando establecer un marco de mayor transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. (I)
