El Ministerio de Economía y Finanzas reportó un gasto anual de USD 1.221 millones en contratos ocasionales, una cifra que encendió las alarmas del Gobierno y derivó en una decisión de alto impacto: la desvinculación de 5.000 servidores del sector público.
El recorte de personal formó parte de la reestructuración estatal anunciado por el presidente Daniel Noboa, cuyo plan de ajuste incluye la fusión de ministerios y secretarías, pasando de 20 a 14 entidades.
La medida se justificó con la necesidad de controlar el déficit fiscal y cumplir con las metas del acuerdo crediticio firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto de USD 5.000 millones.
La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, explicó que el proceso se ejecutó en estricto apego a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOC) y mediante Decreto Presidencial que autorizó la supresión de puestos. «La supresión de puestos es legal, no se trata de despidos arbitrarios, sino de desvinculaciones amparadas en la normativa vigente», afirmó.
El artículo 47 de la LOC-E, según Núñez, establece 13 causales para la eliminación de cargos. Además, la Corte Constitucional ha ratificado la legalidad del procedimiento. «La supresión de puestos está regida por el derecho laboral administrativo y no configura despido», indicó.
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En el caso del Ministerio de Trabajo, se registraron 102 desvinculaciones en el marco del proceso nacional, a las que se sumaron otras 70 realizadas previamente. «En total hemos desvinculado a 172 personas. No habrá más despidos en nuestra cartera», puntualizó la ministra.
Núñez explicó que la mayor parte de los recortes correspondió a contratos ocasionales que ya habían fenecido. «La mayoría de los casos se dieron porque los contratos ocasionales concluyeron en el tiempo en que fueron pactados», afirmó.
Sobre el pago de liquidaciones, la ministra aseguró que ninguna persona desvinculada debe irse sin recibir su indemnización. «Nadie puede irse sin recibir un solo dólar. Las liquidaciones se calculan conforme a la disposición primera de la LOC-E, con base en el salario básico del año 2015», detalló.
El monto mínimo considerado es de USD 354 (salario básico de 2015), y puede ascender hasta 150 salarios básicos unificados, dependiendo del caso.
Nuevas normas laborales y sindicales
En paralelo al proceso de desvinculación, el 25 de julio la ministra del Trabajo firmó el Acuerdo Ministerial 082, que puso en vigencia el nuevo Reglamento de Organizaciones Laborales para el Ejercicio del Derecho de Libertad y Autonomía Sindical.
El reglamento reemplazó al anterior Acuerdo Ministerial 012 y estableció lineamientos más estrictos para el funcionamiento de sindicatos en Ecuador. «Llegó el momento de que la voz de los trabajadores tenga consonancia con sus necesidades reales», afirmó Núñez.
Entre las disposiciones destacadas está la obligación de convocar elecciones con al menos 90 días de anticipación, la prohibición de prórrogas automáticas, la exigencia de paridad de género y la limitación a una sola reelección consecutiva.
«Se acabaron los sindicalistas eternos. Ahora conoceremos quiénes representan realmente a los trabajadores», manifestó.
Las nuevas reglas también obligan a rendir cuentas sobre el uso de recursos. Las organizaciones de tercer grado que reciban el 0,5 % adicional de los salarios de afiliados deberán presentar un informe técnico-financiero anual ante el Ministerio de Trabajo.
Las directivas que permanezcan fuera de su periodo estatutario perderán validez legal, y las organizaciones que no registren actividad durante 10 años consecutivos serán consideradas inactivas para fines estadísticos.
Inserción laboral para jóvenes
En el evento de la FAO donde realizó estos anuncios, Núñez presentó también el plan de prácticas preprofesionales remuneradas. «80.000 jóvenes tendrán la oportunidad de incorporarse al sector público y recibir una compensación económica equivalente al salario básico unificado», dijo.
El pago será de USD 470 en 2025 y se ajustará según el salario vigente en los años posteriores. La ministra destacó que esta medida busca reconocer el valor del trabajo juvenil y facilitar su inserción en el mercado laboral.
«Muchas prácticas nunca han tenido un valor que se pague. Esta es una deuda histórica con los jóvenes que estamos empezando a saldar», concluyó. (I)
