Especial: PERIODISMO PÚBLICO documentó la historia de una mujer que busca someterse a un bypass gástrico, un procedimiento que en su familia se ha vuelto habitual. Su batalla no es solo contra el sobrepeso, sino también contra la burocracia hospitalaria que retrasa su tratamiento, una odisea que quedó registrada en la cámara de su teléfono celular. La crónica explora las vicisitudes del trámite, un viaje lleno de incertidumbre. PODCAST
En los pasillos del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM) -entidad adscrita al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)- el tiempo se mide con una paciencia que no figura en los relojes. Para Cecilia Arévalo (nombre protegido), de 32 años, han transcurrido ya cuatro años en una espera silenciosa para someterse a la cirugía que le permita alcanzar su meta de perder al menos 28 kilos (pesa 104).
Sin embargo, su camino está lleno de obstáculos. No solo porque está en fila de alrededor de 200 pacientes (la mayoría es mujer), sino también por las largas burocráticas: ir de pasillo en pasillo, formar hileras para solicitar turnos, electrocardiogramas, exámenes de laboratorio, de sangre… un laberinto de trámites en el que cada puerta parece cerrarse. «Todavía no pierde el peso objetivo», le dice la doctora en nutrición.
«Si no le aprueba la nutricionista, no le puedo dar pase», replica la endocrinóloga. Y el gastroenterólogo sentencia: «Primero se realiza una endoscopía, para darle mi aprobación».
La mujer forma parte del Programa de Clínica de Obesidad y Clínica Metabólica. Según información del IESS, el tratamiento se desarrolla en dos fases: la primera, de preparación con un equipo multidisciplinario (internistas, endocrinólogos, nutricionistas, entre otros) y la segunda, en la que se determina la intervención más apta.
Sin embargo, el IESS no detalla cuánto es el tiempo de espera para realizarse la operación. Los trámites no posibilitan que la cirugía sea menor de un año. Las pacientes no dan nombres. Tienen recelo de que se les cancele su procedimiento.
Pero advierten: «hay que esperar sentado, como mínimo, dos años», comenta uno de los pacientes, que espera ser atendida por la cirujana, para una evaluación. «Para esto tardé casi tres años», cuenta.
Solo en 2024, se realizaron 140 procedimientos, incluyendo gastrectomía vertical en manga, bypass gástrico y conversiones de manga a bypass gástrico. Y en el primer trimestre de 2025, se formalizaron 36 procedimientos a pacientes superobesos.
La expectativa es larga, pero el procedimiento es gratuito, se repite Cecilia. Estas operaciones, en hospitales privados, bordean entre $4.500 y $8.500. El valor incluye hospitalización, equipo quirúrgico y valoraciones previas. “Simplemente no tengo la plata. Debo esperar”, replica la paciente.
Cecilia, no lo niega. Quiere operarse “para ponerse blusas más pequeñas, jeans ajustados” y verse mejor. Pero, “más que nada, por salud”. La obesidad mórbida es un mal que va más allá del peso. Está ligada a comorbilidades de alto costo y letalidad como la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, explica Manuel Romero, médico General.
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Estos desórdenes no solo disminuyen la calidad de vida, sino que generan una carga económica insostenible para el sistema de salud. Pese a los avances científicos que promueven un enfoque integral con cirugía y hasta medicinas modernas (como la liraglutida, semaglutida y tirzepatida), en Ecuador estos tratamientos no están disponibles de forma universal ni están cubiertos por el sistema público.
La obesidad es casi “una tradición” en la familia de Cecilia. Hace cinco años, su hermana mayor Andrea Arévalo (36 años) y Jorge Rendón (37 años), su cuñado (nombres protegidos), se sometieron al mismo procedimiento, en el hospital Metropolitano.
En ese entonces, cada cirugía bordeó los $ 3.500, más los chequeos de control y asistencia nutricional durante los primeros seis meses. Los resultados iniciales fueron sorprendentes: en el primer medio año, cada uno perdió más de 20 kilos.
Sin embargo, la balanza ha vuelto a subir en el último año. “El hambre volvió y nuestro estómago se expandió de nuevo. El doctor nos advirtió. Si no nos cuidábamos, recuperaríamos nuestro peso”, reconocen.
En el país, los estudios sobre la corpulencia reflejan una relación directa con los infartos cardíacos y males coronarios. Datos de la Encuesta STEPS 2018 y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) revelan que más del 63% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad.
También alerta que una de cada cuatro personas (25,7%) padece de este desorden. Esta prevalencia es significativamente mayor en mujeres (30,9%) que en hombres (20,3%), una desigualdad de género que demanda políticas públicas con un enfoque diferenciado. La obesidad mórbida ha pasado del 1,4% en 2012 al 1,8% en 2018, con una notable falta de actualizaciones por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En el sistema público, el problema es persistente
Entre enero de 2022 y abril de 2025, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) registró 361.440 atenciones médicas relacionadas con la obesidad y sus patologías asociadas, con un 61% de las atenciones a mujeres, ratificando la afectación diferenciada por género.
El costo de estas atenciones superó los $16 millones en el mismo período, sin incluir los precios indirectos por ausentismo y pérdida de productividad. Las proyecciones estiman que para 2050, nueve de cada 10 ecuatorianos podrían tener sobrepeso u obesidad si las condiciones actuales se mantienen.
Cecilia lo sabe. Y añade otro motivo poderoso para mantenerse en la lista de espera: «Quiero romper el ciclo». Y reducir el riesgo de infartos y diabetes. Su padre, su abuela paterna y su tío materno sufrieron diabetes, mientras que su abuelo pereció por un infarto; su hermana mayor falleció debido a una trombosis, originada por el sobrepeso. “No quiero repetir el patrón”.
La educación en salud es crucial para evitar estos problemas, especialmente en un país donde los niños también muestran índices alarmantes de obesidad. La obesidad infantil en Ecuador presenta una prevalencia del 5,0% en menores de 5 años, según la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil 2024, una investigación difundida por INEC.
Esperanza, sobrina de Cecilia, acabó de cumplir 9 años ya pesa 60 kilos. La menor ha intentado varias dietas “pero las abandona al poco tiempo”, reconoce Andrea, su madre. Y como si se tratara de una tradición familiar, la niña, dice convencida de que su única opción es la cirugía. «Haré lo mismo cuando sea más grande», repite.
El impacto de esta epidemia que se extiende en los niños, no solo llega al sistema de seguridad social, sino también al de salud pública. Angélica Caligullín (39 años), ingresó a su hijo Mateo (11 años) en el hospital Baca Ortiz. El menor llegó para un control en cardiología, cuando le recomendaron ingresar a Nutrición. “El sobrepeso de mi hijo le afecta el corazón”, comentó Angélica.
El cardiólogo Eduardo Cruz, señala que la situación de Mateo no es un hecho aislado. “Hay un aumento de casos de obesidad infantil. Y eso, a la larga acarrea en su salud, como enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 e hipertensión. Es una epidemia silenciosa que afecta a la población más vulnerable: los niños”.
Para Angélica, el diagnóstico fue un llamado de atención. “Me duele saber que mi hijo está en riesgo. Estamos aprendiendo a comer mejor, a elegir alimentos sanos y a ser más activos”.
La alimentación integral y el ejercicio son la clave
Cecilia y su familia también tratan de cambiar sus hábitos: reducir el consumo de carbohidratos y realizar actividad física como caminatas y bailoterapia, pero resulta insuficiente. Les cuesta atenuar el consumo de azúcares y grasas: «No soporto beber café sin azúcar; tomar agua en lugar de sodas, mucho menos comer una fruta, cuando lo que quiero es un pastel».
En términos de políticas de prevención, Ecuador ha implementado algunas medidas. El país aplica impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos con alto contenido de grasas saturadas, azúcares o sal.
También cuenta con políticas para restringir la comercialización de alimentos a niños . Sin embargo, no se han reportado subsidios para alimentos más saludables ni incentivos fiscales para promover la actividad física, advierte Patricio Robalino, analista en Salud Pública.
Incluso, desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se evalúa la efectividad del sistema de semáforo en el etiquetado de alimentos, implementado hace 12 años. El objetivo es determinar si logró que la población cambie sus hábitos.
Valeria Torres, subsecretaria de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud del MSP, considera que muchas personas ya no le prestan atención o no lo comprenden, por lo que se analiza si es necesario cambiar o complementar esta estrategia con advertencias frontales u otro tipo de etiquetas simplificadas, basadas en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El consumo de alimentos saludables debe complementarse con actividad física, advierte la Maricela Yaguano, nutricionista y entrenadora física de Bienestar Centro Nutricional.
Desde la academia, se impulsa al deporte como un factor fundamental para reducir la obesidad, especialmente en edades tempranas. La Facultad de Cultura Física de la Universidad Central, en Quito, presentó este año la investigación “Actividad física y obesidad en estudiantes de educación básica”.
Geovanna Guanoluisa, su autora, basó su estudio en una revisión sistemática de la literatura que abarcó a 16.693 niños y adolescentes en edad escolar, examinando cómo la actividad física influye en la prevención de la obesidad en esta población.
El estudio confirma que la actividad es clave en la prevención y el control de la obesidad infantil. Los bajos niveles de actividad física, los hábitos alimentarios inadecuados y el aumento del tiempo frente a pantallas, son factores determinantes en el incremento del sobrepeso.
Guanoluisa, en su investigación, reitera que “se deben generar políticas públicas educativas que promuevan la práctica regular de actividad física en todos los niveles de la educación básica para influir en la calidad de vida de los estudiantes”.
¿Pueden las leyes frenar la pandemia de la diabetes?
La relación entre diabetes, obesidad y sedentarismo es un factor clave, ya que la obesidad y el sobrepeso aumentan el riesgo de diabetes, atribuyéndose a la obesidad más del 80% de los casos. Ser sedentario aumentaría hasta 2,5 a 4 veces el riesgo de padecer diabetes.
Para combatir el avance de estas enfermedades, en la Asamblea Nacional, la Comisión de Salud, busca reformular la ley sobre la diabetes y la obesidad para que sea integral y actualizada. El «Proyecto de Ley Reformatoria de la Ley de Prevención, Protección y Atención Integral de las Personas que Padecen Diabetes» busca optimizar la salud y calidad de vida de las personas con esta enfermedad.
El proyecto se enfoca en prevención, alimentación adecuada, actividad física y provisión de medicamentos. El informe para primer debate fue aprobado el 26 de mayo de 2022.
Juan José Reyes, presidente de la Comisión, señala que el proyecto de norma busca establecer marcos jurídicos integrales para garantizar la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento integral y la protección efectiva de los derechos de las personas que viven con estas condiciones. Según el INEC, hay 1,3 millones de personas con diabetes en el país. Y el Estado gasta aproximadamente $25.000 al año por paciente.
Mientras esta norma llegue al Pleno de la Asamblea, Cecilia se mantiene en la lista de espera y aún trata de cumplir su propósito. El próximo mes tiene una nueva cita con nutrición. La doctora le pidió bajar tres kilos para aprobar la cirugía. “Solo he perdido uno”…
