La asambleísta por la provincia de El Oro, Katherine Pacheco, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia que busca prohibir el acceso y uso de redes sociales a menores de 15 años.
La iniciativa surge como una respuesta urgente ante el incremento exponencial de casos de ciberacoso, abuso sexual online y «grooming» que afectan a la población infantil y juvenil en el país.
Pacheco explicó en declaraciones a la prensa que la propuesta nace de un contacto directo con las familias en territorio, quienes han manifestado su preocupación por el contenido que consumen sus hijos a través de dispositivos móviles. Según la legisladora, se ha detectado un aumento crítico en las denuncias por delitos digitales, lo que motivó una investigación profunda para fundamentar la reforma.
El proyecto de ley se sustenta en estadísticas que revelan una realidad preocupante para el bienestar de los menores en el entorno digital ecuatoriano. De acuerdo con el documento, el 70% de los niños, niñas y adolescentes en Ecuador utilizan plataformas como TikTok y WhatsApp, exponiéndose a múltiples riesgos.
Entre los peligros identificados se encuentran el ciberbullying, el hackeo de cuentas, la suplantación de identidad y el acoso sexual. El texto legal destaca que uno de cada diez adolescentes ha sufrido ciberacoso y que las mujeres representan el 80% de las víctimas de delitos sexuales cometidos a través de internet.
Un dato alarmante incluido en la exposición de motivos es el aumento de las denuncias por contacto con fines sexuales mediante medios electrónicos. Estas cifras pasaron de 22 casos en el año 2014 a 124 denuncias en 2024, lo que representa un crecimiento de cinco veces en apenas una década.
La impunidad es otro de los pilares que justifica la reforma, ya que de 1.584 casos registrados entre 2014 y 2024, solo el 6.9% terminó en una sentencia condenatoria. Además, se estima que cerca del 70% de los procesos no recibieron ninguna resolución definitiva.
La asambleísta Pacheco enfatizó que la reforma busca proteger la dignidad e imagen de los menores de edad en un contexto donde el 89.94% de los adolescentes urbanos utiliza internet a diario. La legisladora resaltó que es necesario dar un paso importante para las familias ecuatorianas frente al riesgo que suponen las plataformas digitales.
La propuesta legislativa define a las «Redes Sociales» como plataformas para la creación de cuentas personales con fines de interacción, difusión de contenido y envío de mensajes masivos. El artículo único del proyecto prohíbe explícitamente el acceso de menores de 15 años a este tipo de servicios.
Existen, sin embargo, excepciones puntuales para plataformas con fines exclusivamente educativos o que formen parte del currículo escolar oficial. También se permitirán aquellas plataformas diseñadas específicamente para niños que cuenten con mecanismos de control parental progresivo y certificaciones de seguridad.
Para garantizar el cumplimiento de la norma, el proyecto establece sanciones severas para las empresas proveedoras de redes sociales. Las compañías que no implementen filtros de edad efectivos podrían enfrentar multas de hasta el 5% de su facturación local anual.
El documento otorga un plazo de 18 meses a las plataformas tecnológicas para que implementen mecanismos robustos y verificables de control de edad. Durante este tiempo, las empresas deberán cancelar o suspender de forma inmediata las cuentas de usuarios que no cumplan con el requisito de edad mínima.
Pacheco adelantó que iniciará un proceso de socialización con los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para impulsar el trámite de la propuesta. La asambleísta busca que el Estado y las empresas cooperen activamente para asegurar un entorno digital libre de violencia.
La reforma se alinea con el interés superior del niño, un principio garantizado por la Constitución de la República y tratados internacionales ratificados por Ecuador. El texto argumenta que los datos personales de los menores son sensibles y requieren medidas de seguridad reforzadas.
A nivel internacional, la propuesta ecuatoriana sigue la tendencia de países como Australia, Reino Unido y Francia, que ya debaten o aplican barreras de edad estrictas. En el Reino Unido, la Online Safety Act incluso contempla penas de cárcel para directivos de tecnológicas que no protejan a los menores.
El proyecto subraya que la falta de una herramienta legal específica en Ecuador ha dejado un vacío normativo crítico. Esta carencia coloca a los menores en una situación de extrema vulnerabilidad frente al acoso y el abuso online.
La propuesta de Pacheco no solo apunta a la prohibición, sino también a la promoción de una cultura de paz y educación digital segura. Se espera que instituciones como el Ministerio de Educación y el MIES emitan lineamientos técnicos para el monitoreo de esta ley.
La asambleísta concluyó que la protección de la integridad física y psíquica de los niños debe prevalecer sobre los intereses comerciales de las plataformas. La meta final es mitigar la violencia digital y el acoso que trunca el desarrollo integral de las futuras generaciones.
La propuesta legislativa espera ahora su calificación para iniciar el debate en las comisiones correspondientes de la Asamblea Nacional. De aprobarse, marcaría un precedente en la regulación de la convivencia digital en el país para salvaguardar la reputación y el honor de la niñez. (I)
