El Concejo Metropolitano de Quito aprobó una resolución para interponer acciones legales ante la Corte Constitucional contra la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). La decisión municipal incluyó el pedido formal de medidas cautelares para suspender los efectos de la normativa aprobada por la Asamblea Nacional.
La resolución contó con el respaldo de 15 votos a favor durante la sesión desarrollada este martes 24 de febrero de 2026. El cuerpo colegiado advirtió que la reforma vulneró la autonomía política, administrativa y financiera del Distrito Metropolitano.
El alcalde Pabel Muñoz lideró el debate y sostuvo que la aplicación de la norma obligaría a un ajuste financiero de aproximadamente USD 459 millones. Esta cifra representó una amenaza directa a la operatividad de los servicios municipales vigentes.
Muñoz calificó la reforma como una medida que no resultó urgente ni necesaria para la realidad de la capital. Según el burgomaestre, el Municipio ya cumplió históricamente con los estándares de inversión exigidos por la legislación previa.
El personero municipal enfatizó que Quito destinó el 100% de las transferencias del Gobierno Central a la ejecución de obras. Con ello, desvirtuó la necesidad de imponer nuevas restricciones presupuestarias a la ciudad.
Durante su intervención, el Alcalde solicitó a los ediles reflexionar sobre qué áreas sociales deberían sufrir recortes ante el nuevo escenario legal. Proyectó que los servicios de salud, educación e inclusión social fueron los sectores con mayor riesgo de reducción.
La administradora general, Grace Rivera, presentó las cifras técnicas que sustentaron la postura de la Alcaldía. Informó que el presupuesto municipal proyectado para el año 2026 ascendió a USD 1.042 millones.
De ese monto global, Rivera detalló que USD 612 millones se planificaron exclusivamente para el rubro de inversión. Explicó que USD 375 millones correspondieron a los recursos transferidos por el Gobierno nacional.
La funcionaria aclaró que dichos fondos ya se invirtieron en su totalidad en beneficio de la ciudadanía. Adicionalmente, el municipio sumó USD 237 millones de ingresos propios para fortalecer la obra pública.
Rivera puntualizó que la administración capitalina no solo cumplió con la regla del 70-30, sino que alcanzó un 100% de eficiencia en la asignación para inversión. No obstante, alertó que la eliminación de ciertas partidas presupuestarias frenaría proyectos estratégicos.
Impacto en la obra pública y derechos sociales
La funcionaria advirtió que la supresión de las partidas 71 y 78 afectó directamente la planificación de infraestructura clave. Entre las obras comprometidas figuraron las intervenciones en el parque Bicentenario y la solución vial Rumihurco.
Asimismo, el plan de expansión de la avenida Quitumbe Ñan y diversos proyectos de infraestructura ambiental quedaron en riesgo. El informe técnico también alertó sobre la paralización de nuevos bloques de salud y los centros de cuidado infantil Quito Wawas.
La reforma también amenazó la continuidad de los fondos destinados a las parroquias rurales del Distrito. Los programas de becas educativas, que beneficiaron a cientos de jóvenes, se incluyeron en la lista de posibles servicios afectados.
La concejala Estefanía Grunauer intervino en el debate para solicitar la unidad política de todos los sectores del Concejo. Su discurso se enfocó en la necesidad de proteger los derechos de los niños, niñas y adultos mayores de la capital.
Por su parte, el concejal Emilio Uzcátegui manifestó que la controversia superó el ámbito meramente institucional. Para el edil, la defensa del presupuesto municipal se vinculó directamente con la garantía constitucional de derechos fundamentales.
Uzcátegui argumentó que el recorte presupuestario derivado de la reforma limitaría la capacidad del Estado local para cumplir con sus obligaciones sociales. El debate reforzó la postura de que Quito resultó ser uno de los territorios más perjudicados por el Legislativo.
El alcalde Muñoz cerró su intervención reafirmando que el concepto de desarrollo no debió reducirse únicamente a la construcción de infraestructura física. «El desarrollo no es solo cemento; es educación, es salud», sentenció ante el pleno.
El burgomaestre insistió en que los derechos de los ciudadanos no pudieron ser considerados como privilegios sujetos a cambios normativos. Aseguró que la Procuraduría Metropolitana agotará todas las instancias legales para revertir la reforma al COOTAD.
La resolución aprobada ordenó a la Procuraduría que actúe de forma inmediata ante los jueces constitucionales. Se esperó que la Corte analice los posibles vicios de inconstitucionalidad en el procedimiento de la Asamblea Nacional.
El documento aprobado subrayó que los programas sociales dirigidos a grupos de atención prioritaria no pudieron ser desfinanciados. La Alcaldía defendió que la gestión de servicios públicos fue una competencia autonómica irrenunciable.
Finalmente, la sesión concluyó con un llamado a la movilización institucional para salvaguardar los recursos de los quiteños. La administración municipal reiteró su compromiso con el modelo de gestión denominado «Quito renace». Con esta acción jurídica, Quito se posicionó como el primer municipio en impugnar formalmente la reforma legal ante la máxima instancia de control constitucional del país. (I)
