Esteban Ron Castro
Analista Político, Máster en Democracia y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca; Magíster en Comunicación Estratégica Universidad Andina Simón Bolívar; MBA Universidad Internacional Del Ecuador.
Al encontrarnos apenas a 3 meses de las elecciones generales de 2021, empiezan los procesos de identificación de candidatos, su tendencia política, sus planes de trabajo y lo más importante en época de campaña: sus ofrecimientos.
Todos los binomios presidenciales que participarán en el proceso electoral han presentado para su inscripción un plan de trabajo, que según el Código de la Democracia debe cumplir con ciertos requisitos específicos, no tan técnicos como: el diagnóstico de la situación actual; los objetivos generales y específicos; y, el plan de trabajo plurianual como tal, en el que se establecerán las propuestas y estrategias a ejecutarse.
Se habla además de los mecanismos de rendición de cuentas, pero recordemos que esto es más una obligación constitucional y legal que deben tener quienes ejercen la función pública en el Estado.
Lo preocupante de esto es, la denominada “situación actual”, es decir el estado del país en cuanto a ciertos componentes indeterminados y más que nada subjetivos que tienen una valoración de los aspectos básicos que condicionan un sistema político, entendido esto como un país. Factores de índole: político, jurídico, económico, social, cultural e histórico siempre deben ser considerados; y ahora, el siempre condicionante factor económico.
Como ciudadanos debemos empezar con el análisis de los mismos en el caso de tener un voto sesudo, sin embargo, debemos tener presente que nuestra democracia está condicionada debido a que naturalmente los estados tienen restricciones, y en el debate público y ciudadano, las políticas económicas “pasan de puntillas”.
Las restricciones o escaso margen de maniobrabilidad se deben a dos factores, la inexistencia de políticas alternativas a la que tenemos, debido a la influencia y el desconocimiento de factores económicos mundiales; y, las restricciones de carácter jurídico en cuanto a normativa aplicable, donde lo deseable es que los ciudadanos y ciudadanas no opinen al respecto.
La solución, a pesar de tener una premisa como la anterior que afecta a la participación democrática, es entender que en la época electoral se manipulan las variables económicas (ya tuvimos una mesa servida no tan servida, pero con muchos invitados internacionales), pero que en la economía moderna la gestión es tan compleja que debe estar en manos de expertos alejados de las presiones electoralistas. (O)
