Victoria S. (nombre protegido) tendrá que trabajar dos años y medio sin descanso para devengar el tiempo que el covid-19 no le permitió ir a su puesto laboral en el hospital Baca Ortiz de Quito. Ella es parte de las personas calificadas como más vulnerables ante la pandemia, padece de Asma Bronquial, Hipertensión y otras dolencias certificadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Nunca fue considerada para el teletrabajo, a pesar que la ley le permite acceder a este beneficio. Los directivos del hospital solo le dijeron que no podía hacerlo por la naturaleza de su puesto y más bien debía retornar a sus funciones, donde tiene contactos con personas y elementos sensibles para la propagación del virus.
Para ahondar más sus problemas la gerencia del Hospital de Niños sostuvo que deberá “voluntariamente” definir cómo pagará el tiempo que no acudió a laborar. En un memorándum, enviado la tarde de 12 de noviembre, se ordenaba a los servidores vulnerables un plazo de 12 horas para definir este programa o perder sus vacaciones por los próximos años.
Una decisión a rajatabla sin oportunidad a una apelación. Asegura que tiene la disposición de la Dirección Zonal 9 del Ministerio, que es el brazo ejecutor del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos en Pichincha. Además de disposiciones del Ministerio de Trabajo e, incluso, del contralor Pablo Celi.
Esta decisión causó la preocupación de la Organización Sindical Única de Trabajadores del Ministerio de Salud (Osuntransa) que planteó una demanda ante la Defensoría del Pueblo para eliminar esta y otras disposiciones que no solo afecta a este hospital quiteño sino que se repite en todo el país.
Oswaldo Peralvo, miembro de la directiva de Osuntransa, recuerda que 19 de sus compañeros fallecieron por el virus y los vulnerables corren más riegos por su condición de salud. Por eso, su intención es llegar hasta las cortes de justicia y constituciones para defender lo que consideran derechos inapelables de sus miembros.
Este no ha sido el único desencuentro por las decisiones tomadas por el ministro Zevallos. En la lista están por ejemplo la entrega tardía de equipos de protección frente al covid-19; los retrasos en el pago de las obligaciones salariales; los despidos de los trabajadores que lucharon contra este virus y las declaraciones del funcionario en las cuales acusaba a los médicos de propagar el virus a inicio de la pandemia en marzo pasado.
Peralvo sostiene que no solo se quiere restar las vacaciones a los trabajadores vulnerables. “También se quiere que aumenten tres horas diarias a su jornada”. Esto también asegura que atenta contra sus derechos. El dirigente gremial espera que el Ministerio escuche sus reclamos y revea su decisión, sino mantendrán su protesta. (I)
