Esteban Ron Castro
Analista Político, Máster en Democracia y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca; Magíster en Comunicación Estratégica Universidad Andina Simón Bolívar; MBA Universidad Internacional Del Ecuador.
Tras la reunión entre los presidentes del Tribunal Contencioso Electoral (Dr. Arturo Cabrera) y el Consejo Nacional Electoral (Sra. Diana Atamaint), como un regalo de Navidad para los electores, el pasado 24 de diciembre, se avizoraba una supuesta tranquilidad en cuanto a las fechas de elecciones para el próximo 07 de febrero de 2020.
Pero, que nos dice aquel comunicado: “en perspectiva, del interés superior de la nación, que es la estabilidad de la democracia ecuatoriana, los presente del CNE y el TCE asumimos la imperiosa necesidad de ratificar que las Elecciones Generales 2021 no pueden postergarse”; realmente esto es humo blanco (una expresión naturalizada de los cónclaves vaticanos cuando había consenso en la elección papal)?.
En lo personal considero que: NO; después de un largo trayecto de discusiones, desentendimientos, reglamentos que van y vienen, recursos administrativos y jurisdiccionales, instituciones ajenas a la Función Electoral en el medio, inadmisiones de recursos constitucionales que más parecen jalones de orejas, golpes de pecho por la democracia y más, este proceso electoral puede ser, aquel con mayores trabas en su fase de inscripción de candidaturas desde la vigencia de nuestro nuevo sistema electoral (2009).
Los representantes de la Función Electoral nos han dicho que no se moverán las fechas del calendario electoral, pero cuáles son las fechas que no se pueden mover?, aquellas que tienen rango constitucional y legal y que configuran todo el calendario electoral y que por obligación deben cumplirlas, so pretexto del inicio de cualquier proceso de control a sus funciones, inclusive dentro de los ámbitos: penal y político que podrían provocar hasta la nulidad de todo el proceso electoral; es decir, no nos han dicho nada nuevo.
El atolladero en el que nos encontramos al momento tiene dos serias vertientes; la primera, los errores y más errores del CNE como organizador de las elecciones, es decir una falla de carácter administrativo; y la segunda, los imperiosos ánimos de participación de un candidato a través de una oportunidad (acuerdos de último momento) que ha puesto a correr a la función electoral y a especular a los candidatos contendores, es decir una falla de carácter político; pero, también hay una falla nuestra como electores, al permitir que autoridades y políticos nos sumerjan en esto, produciendo un resultado de cansancio y desprendimiento del sentimiento de participación en democracia.
Estas laceraciones que poco a poco se ahondan en nuestro pensamiento y que lo reproducimos en nuestra forma de actuar, inclusive han traspasado al ámbito personal. Con esto no quiero decir que deberíamos salir a reclamar, sino tan solo que deberíamos reflexionar sobre la calidad democrática en la que desarrollamos nuestra vida.
La solución al problema no radica en destrabar el nudo gordiano de la Función Electoral a través de la utilización de subterfugios externos (lanzar la pelota a otras instituciones) ya que esto es una manifiesta irresponsabilidad; o utilizar causas (procesos jurisdiccionales) para desarreglar el embrollo; la solución posiblemente está en cosas más básicas como el respecto al estado de derecho y al principio de legalidad, donde la ejecución de las disposiciones normativas sean claras y directas, y no sujetas a interpretaciones; muy tarde ahora, mientras nuestras autoridades aún no encuentran una salida con muchos pendientes. (O)
