El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Consepe) negó la solicitud de desclasificación de información solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre el asesinato periodístico.
Esto a pocos días que se cumpla 3 años de la desaparición, secuestro y asesinato del grupo de periodistas de Diario El Comercio en Mataje (provincia de Esmeraldas).
El argumento del Consepe es que «la información solicitada es de afectación a la seguridad del Estado».
Así establece la notificación entregada a los familiares de las tres víctimas mortales de la frontera norte.
Cabe recordar que el Cosepe es presidido por el actual mandatario Lenín Moreno.
La Fiscalía pidió específicamente la desclasificación de tres actas, que concuerdan con similar número de sesiones que el Cosepe desarrolló entre el 28 de marzo y el 17 de abril de 2018.
El colectivo «Nos faltan Tres» que aglutina a familiares y amigos de las víctimas del secuestro y asesinato en la frontera norte se mostraron contrariados con la negativa.
El ofrecimiento que nunca llegó
Tras los hechos suscitados en Mataje, el presidente Moreno se comprometió con los familiares a entregar toda la documentación reservada, pero esto nunca ocurrió.
Según Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl Rivas asesinado en la frontera norte; en diciembre de 2018 se filtró un audio, de una de las conversación del Presidente Lenín Moreno.
«En una de esas reuniones, el presidente Moreno afirmaba que la dignidad de un país está por encima de la vida de las personas«.
Recordó que un evento público, en mayo de 2018, el Gobierno entregó una supuesta documentación reservada.
Sin embargo, la misma solo fue condolencias de estados amigos.
«Hubo copias de cédulas de ellos (los asesinados) sellados como secreto y fotografías de la camioneta en la que se trasladaron», reiteró Rivas.
Por ello sienten indignación por un ofrecimiento de entrega de información desclasificada que nunca ocurrió.
Ante esto, Xavier Segarra, hijo del conductor de la camioneta afirma que es evidente que el Estado oculta información.
«Esa información es importante, susceptible y que puede ayudar en el esclarecimiento de los hechos. No hay un interés político».
Cabe recordar que en 2018, tanto el gobierno de Ecuador como el de Colombia, se comprometieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a desclasificar la información.
«Ambos Estados se lavaron las manos y no hicieron absolutamente nada por esclarecer este crimen que no tiene aún respuestas claras», acotó Segarra.
Pese a esta negativa, el colectivo continuará en la lucha por esclarecer los motivos del secuestro y asesinato del equipo periodístico. (I)
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