Por Pablo Salgado J.*Periodista y Escritor
Es sin duda la mayor institución cultural del país. Pero también la peor valorada por su propio sector. Es la única institución cultural con infraestructuras en todas las provincias del país. Pero también una de las más ineficientes y que, en promedio, destina el 86% de su presupuesto a gasto corriente; es decir, a pago de la burocracia. Es la Casa de la Cultura Ecuatoriana que, además, se encuentra en un proceso electoral, también seriamente cuestionado.
La Casa ha vuelto a ser noticia, no por sus actividades culturales sino por un proceso electoral irregular y con un Reglamento que obligó, incluso, a suspender las elecciones a través de una medida cautelar. Es un clamor no solo del sector cultural, sino de la sociedad, que las elecciones deben ser libres y democráticas. Pero no, las actuales autoridades de la Casa -el presidente y la Junta plenaria- insisten en violentar los derechos constitucionales y culturales. Eso de obligar y condicionar a los artistas registrados en el RUAC a que remitan una carta, expresando su deseo de participar en las elecciones, es un tamaño absurdo que solo busca amañar las elecciones para favorecer a ciertas candidaturas.
Este pedido de entrega de una carta revela el poco espiritu democrático de las actuales autoridades que, seguramente, embebidos de poder buscan continuar en los cargos, para los que no estaban preparados, o guardarse las espaldas con sus candidatos oficiales. Me pregunto: ¿Qué temen? ¿Por qué no se permite la participación universal y libre de todos los registrados en el RUAC, como sucedió en la elecciones pasadas de hace cuatro años? ¿O se sigue considerando que los del RUAC son advenedizos y no deben tener derecho al voto?
La Ley Orgánica de Cultura, expedida en diciembre de 2016, estableció la creación del Registro único de artistas y gestores culturales, RUAC, como una herramienta para generar indicadores del sector y el establecimiento del Sistema Integral de Información cultural (SIIC).
La Ley establece que su registro será voluntario, pero el Ministerio de Cultura lo volvió obligatorio para todos sus procesos, incluso lo volvió salvo-conducto en la pandemia y también padrón electoral. Esto generó que los directores de los núcleos registraran a una gran cantidad de personas, sean o no artistas, pues había que encontrar votantes para sus candidaturas. Es penoso que se mal use un mecanismo necesario para la generación de información que es la base no solo para conocer diagnósticos sino para generar líneas de política pública. Por tanto, es necesario que, no solo por el caso de estas elecciones, se norme (con requisitos claros) el ingreso al RUAC.
Lo mismo sucede con la Casa de la Cultura, fueron de un extremo al otro. Era un privilegio ser miembro de la Casa de la Cultura; para su ingreso necesitaban un reconocimiento social de su trayectoria artística, y validada por las secciones académicas. Hoy no, cualquier persona “sin siquiera haber escrito un libro o tener trayectoria alguna, son incorporados como miembros,” me decía un reconocido escritor. Y tiene toda la razón. Todo con fines electorales. Por ello, y más, la Casa está como está. Y muchos, la mayoría de reconocidos artistas, prefieren desentenderse y son indiferentes a lo que sucede en la Casa de la Cultura. No asisten, desde hace varios años, a la Casa, no hay un buen motivo para hacerlo. Y peor van a participar en un proceso electoral oscuro y poco democrático.
Proceso electoral que, además, ha sido generado con la complicidad y la participación del Ministerio de cultura y patrimonio, quien preside su Junta Plenaria. Es el Ministerio quien ha avalado el Reglamento y, por tanto, la violación de los derechos culturales. Y, lo que es peor, con la finalidad -según aseguran los bien informados- de garantizar que un ex ministro sea el nuevo Presidente de la Sede nacional de la Casa de la Cultura.
La actual ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca, como ente rector y, sobre todo, como cabeza de la Junta Plenaria debería rever este absurdo Reglamento de elecciones y garantizar un proceso libre y transparente, que no esté amañado y que no beneficie a ninguna candidatura y peor a un ex ministro. Qué grato y saludable para la cultura del país sería que, por ejemplo, quien ocupe la presidencia sea un, o una, artista con trayectoria, con indiscutible reconocimiento e intachable quehacer cultural y que sea capaz de devolverle el prestigio y la eficiencia a la Casa de la Cultura. Lo mismo aplica para los núcleos. Qué bueno sería, pero suena mas a un deseo imposible que a una realidad alcanzable.
Quizá por todo esto, también los candidatos y los precandidatos son, en su mayoría, gestores con poco reconocimiento cultural y escasa trayectoria artística. Algunos, eso si, con gran voluntad de trabajo y magníficas intenciones. Pero ya sabemos cómo está empedrado el camino del infierno. Y además, se han estructurado listas alrededor del candidato y no de una propuesta o un programa de gestión. Y en muchos casos, sin ninguna representatividad, salvo la de su club de amigos.
El país necesita una Casa de la Cultura fuerte institucionalmente, con presupuestos adecuados y dignos, con un modelo de gestión eficiente, con personal capacitado, y con funciones y tareas específicas y claras articuladas al Sistema Nacional de cultura. Una Casa que destierre, de una vez por todas, esas viejas prácticas clientelares y populistas. Una Casa como lo soñó Carrión y los artistas que la fundaron y que, ahora, su hija Pepé Carrión nos recuerda a través de una carta dirigida a su padre: “Acaba de asumir un nuevo Gobierno. Yo tengo la esperanza de que ahora, en un acto de justicia, tu obra —tu gran obra— vuelva a ser lo que fue. Y que sea respetada, así como tú respetaste a todos los intelectuales a quienes tendiste tu mano generosa. Que allí vuelvan a encontrar su reducto los escritores, los artistas, los creadores de todas las provincias a través de los distintos núcleos que hoy están postergados, esquilmados, olvidados”.
El país no quiere mas desmantelamiento de la institucionalidad ni de los servicios públicos. El país quiere transparencia y quiere instituciones culturales eficientes y honestas. Ya no quiere más Núcleos plagados de irregularidades, llenos de demandas y denuncias, convertidos en clubes cerrados y en constantes pugnas con sus propios artistas. No. Ya basta. Es obligación del Ente rector vigilar el cumplimiento de los derechos culturales. El país necesita un proceso electoral honesto y transparente; que anime y garantice la participación mayoritaria de los artistas y gestores culturales. Esa será la única legitimidad de sus nuevas autoridades.
