La jueza Andrea Ordoñez llamó a juicio a Alexandra Ocles (foto), extitular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
La exfuncionaria fue procesada por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias.
La magistrada señaló que los elementos presentados durante la audiencia preparatoria de juicio son suficientes para presumir la existencia del delito y la responsabilidad de los procesados en la adquisición de 7.000 kits de alimentos, con un aparente sobreprecio, en el contexto la emergencia sanitaria y confinamiento por el covid-19.
Mediante un comunicado, la Fiscalía añadió que también fueron llamados a juicio César E., Jorge O., Mauricio C. y Carlos M. (exfuncionarios de esa misma institución).
La resolución se conoció la tarde de este miércoles 7 de julio, en la Unidad Multicompetente de Samborondón.
La magistrada leyó su decisión tras la audiencia que duró tres días.
Paola Gallardo, fiscal de la causa, presentó los elementos de convicción recabados durante la etapa de investigación, mismos que fueron el sustento para su dictamen acusatorio y para solicitar, de forma justificada, que los procesados sean llamados a juicios.
Irregularidades en el contrato
La investigación de Fiscalía determinó que los procesados habrían actuado en contra de expresa disposición legal al adjudicar un contrato de compra de 7.000 kits de alimentos.
También se incumplió la normativa de contratación pública, pues no se consideró el mejor costo para el Estado.
Dicho proceso tampoco contó con un estudio de mercado y no se habría verificado la capacidad legal de contratar por parte del posible adjudicatario, que había cambiado su actividad económica el mismo día en que presentó su oferta.
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Gallardo explicó que Ocles acogió y aprobó el informe de necesidad, los términos de referencia, el informe de idoneidad, y autorizó y dispuso el inicio de la contratación de emergencia por un valor de $ 1’055.740 (sin IVA).
Mientras que César E. recomendó la contratación y emitió la carta de invitación; Mauricio C. y Jorge O. sugirieron el trato del proveedor, luego de elaborar el informe de necesidad.
Y Carlos M. habría participado en el presunto delito como administrador del contrato. Además, previamente, habría elaborado los términos de referencia, el informe de necesidad y el informe de idoneidad, de quién fue adjudicatario del contrato.
Las medidas se mantienen
La Magistrada ratificó las medidas cautelares dictadas previamente para todos los procesados: prohibición de ausentarse del país y la presentación periódica ante la autoridad.
Además, acogió los 88 anuncios probatorios, negando los pedidos de exclusión realizados por las defensas de los procesados, mismos que podrán ser utilizados en la audiencia de juicio. (I)
