La situación del alcalde de Quito, Jorge Yunda, se complica. No solo porque no se ha definido su permanencia como máxima autoridad de la capital, sino porque también se anuncian procesos legales.
Uno de ellos gira en torno al Consejo de la Judicatura (CJ) que, este jueves 8 de julio, informó haber detectado irregularidades en los sorteos para designar a los jueces que aprobaron una acción de protección y otorgaron medidas cautelares para impedir su remoción Yunda para que siga en funciones.
La presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, detalló en rueda de prensa que las observaciones reposan sobre la jueza María Belén Domínguez, quien aceptó la acción de protección y sobre el magistrado Carlos Soto, quien dio paso para medidas cautelares, con lo que suspendió la remoción en contra de Yunda.
Maldonado, en presencia del Pleno, advirtió que ambas acciones merecen una «exhaustiva investigación». Por ello, la Presidenta del organismo pasó a analizar las dos acciones.
La primera acción se inició el 28 de junio último cuando Domínguez aceptó de forma parcial la acción de protección en contra de cuatro integrantes de la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano que tramitaron el informe para la remoción de Yunda.
Sobre el accionar de Domínguez, explicó que la Judicatura detectó una irregularidad ya que el proceso ingresó como causa de violencia, cuando debería haber iniciado como una causa de garantías jurisdiccionales.
La segunda acción trata sobre la asignación del Juez que determinó medidas cautelares. La medida se dictó ayer, miércoles 7 de julio.
A decir de Maldonado, esta providencia ingresó sin que se registrara sorteo en los sistemas de la Judicatura para la designación de un juez.
Frente a ello, Maldonado, anunció la suspensión para los dos magistrados durante 90 días y sin goce de sueldo.
También medidas para otros funcionarios que tendrían relación con dichas irregularidades. A eso se suma, una denuncia en la Fiscalía General del Estado.
Notificación del TCE
A este anuncio se suma la respuesta por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que resolvió el pedido de aclaración y ampliación ingresado por Yunda, en el que ratificó su remoción del cargo.
Con esta respuesta, el TCE dispuso a la Secretaría General que certifique la «ejecutoria de la absolución de consulta».
Esto quiere decir, que queda en firme la resolución del Concejo Metropolitano de remover a Yunda.
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No obstante, todavía debe resolverse las medidas cautelares dispuestas por el juez Soto, quien suspendió la remoción hasta que se pronuncie la Corte Provincial sobre la acción de protección aceptada por la jueza Belén Domínguez.
Esta situación también impulsó que el alcalde Jorge Yunda se pronuncie.
En declaraciones a medios de comunicación, reiteró este jueves que defiende «el derecho de los votantes», bajo el respaldo de la Constitución y las normas internacionales. (I)
