Cuatro personas privadas de libertad fallecieron el Centro de Privación de Libertad Número 1 en Guayaquil, informó este jueves la Policía Nacional.
A través de su cuenta de Twitter, el organismo anunció que se impulsaron mecanismos preventivos ante la situación.
«Esta madrugada se activaron protocolos de seguridad ante localización de cuatro personas privadas de libertad fallecidas en el centro de privación de libertad Número 1», informó Tannya Varela, comandante General.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) informó, sin dar más detalles, de que el deceso se habría suscitado por «presunto suicidio».
La Fiscalía General del Estado informó que inició –de oficio– una investigación por la muerte de los cuatro internos. Hasta el momento está al pendiente la autopsia de los cuerpos que fueron retirados por personal de Medicina Legal.
Para controlar la situación, hasta el momento, acudió un contingente de las Fuerzas Armadas para mantener el orden en el lugar. Además, se realizó un operativo de control en el cual se encontraron «dos maletas con municiones y 1 amoladora», informó el Ministerio Público.
Estos decesos se suman a la muerte de otros 118 presos que dejó una pugna entre bandas.
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Una crisis prolongada
El presidente Guillermo Lasso, presidió el pasado miércoles en Guayaquil la reunión del comité de seguridad en donde se evaluó la situación carcelaria tras la masacre en la Penitenciaría del Litoral.
El hecho obligó a la declaratoria del «estado de excepción nacional en todo el sistema carcelario».
«Es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa del poder por parte de bandas delincuenciales.
El Estado ecuatoriano va a actuar, debemos actuar, y la primera decisión que hemos tomado es declarar el estado de excepción del sistema carcelario de todo el territorio ecuatoriano», expresó Lasso.
El fallecimiento de los reos también fue catalogado por organismos de Derechos Humanos como la peor masacre de la historia penitenciaria en Ecuador, que además evidenció una crisis en infraestructura, hacinamiento y concentración de organizaciones delictivas.
En días pasados, Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, alertó que más del 75 % de los reclusos fallecidos carecían de una sentencia ejecutoriada y el 61,3 % de los asesinados tenía entre 20 y 30 años.
Despacho de causas
El Consejo de la Judicatura anunció la ejecución del Plan Integral de Fortalecimiento del Servicio Judicial en materia de Garantías Penitenciaria.
El Plan contempla la incorporación de personal e infraestructura para agilitar el despacho de las causas, a través de las cuales las Personas Privadas de Libertad solicitan acogerse a los beneficios penitenciarios establecidos en la ley.
Además, se amplió la competencia de los jueces de las Unidades Judiciales de Garantías Penales, de Tránsito y Especializadas en Violencia contra la Mujer o miembros del Núcleo Familiar, para que conozcan y resuelvan las causas que se encuentren en trámite en Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Latacunga.
Cifras proporcionadas por el CJ revelan que en el país hay 139 jueces que tratan casos relacionados con Garantías Penitenciarias; de estos, 11 son especializados y 128 son penales.
De enero a septiembre de 2021, ingresaron 6.982 causas de Garantías Penitenciarias, de estas, 6180 (90 %) fueron resueltas. La Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Guayaquil es la que mayor ingreso de causas registra: 3.986.
Entre 2019 y 2021, a escala nacional se despacharon 66.754 autos de prisión preventiva. De ellos, 27.272 corresponden a 2019, 22.482 a 2020 y 17.000 a 2021. (I)
