Entre enero y diciembre pasados, la Contraloría General del Estado (CGE) aprobó 1.330 informes generales de auditoría y remitió a la Fiscalía General del Estado, 361 informes con indicios de responsabilidad penal.
Además, confirmó 2.092 resoluciones de sanciones civiles por $ 2.127’230.251 y 6.510 de resoluciones de sanciones administrativas por $ 10’051.536.
Los informes con indicios de responsabilidad penal corresponden a acciones de control realizadas a diferentes instituciones de distintas funciones del Estado, entres estas: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, cantonales, municipales y provinciales.
En todas estas entidades el organismo de control examinó, verificó y evaluó el cumplimiento de los procesos de contratación en el marco de la normativa vigente, así como también que la inversión haya cumplido con los objetivos institucionales planteados.
Una actividad que cobró particular relevancia durante 2021 fue la publicación del reporte de Gestión Púbica durante la emergencia sanitaria, pues solo durante la pandemia se emitieron 275 órdenes de trabajo.
Los resultados de estas auditorías se publicaron en el portal web institucional para facilitar a la ciudadanía el acceso a la gestión de la CGE, acción que fue reconocida como buena práctica por el Fondo Monetario Internacional.
Las acciones de control se desarrollan en total apego a la Constitución y a la ley; y, en este marco, bajo la actual administración de Carlos Riofrío se confirmó una responsabilidad civil por $ 1.223 millones, invertidos en la Refinería del Pacífico, la más alta en la historia institucional de la CGE.
También fueron examinados procesos realizados por los sistemas de seguridad social del país, el endeudamiento externo, la gestión administrativa y obras ejecutadas en Yachay y varias universidades del país, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 2016, proyectos viales en diferentes provincias y en otras áreas que han tenido una importante inversión estatal.
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Otra labor fundamental que convocó grandes esfuerzos durante 2021, consistió en la recuperación de documentación afectada por el incendio, consecuencia de un atentado que se dio en el contexto de las protestas sociales de octubre de 2019.
En total se restituyeron 47.000 expedientes mismos que han sido restituidos y continúan con el proceso de auditoría correspondiente.
Aún en el contexto de la pandemia, la CGE no detuvo ni un solo instante sus actividades y adoptó nuevos procedimientos con la finalidad de dar continuidad a su visión de ser el organismo innovador en la prevención y control del uso de los recursos públicos, generando valor y beneficio para la ciudadanía. (I)
Fuente: Informe Contraloría General del Estado
