Con seis votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó, la noche de ayer, lunes 10 de enero, el plazo máximo en el que una mujer víctima de violación puede interrumpir su embarazo.
La propuesta de la Comisión es que para las mujeres mayores de 18 años el tiempo máximo sean 28 semanas, mientras que para las niñas y adolescentes menores de 18 años no se estableció una fecha límite.
Este planteamiento forma parte del informe para segundo debate, que será enviado al Pleno Legislativo.
Los legisladores analizaron del proyecto de ley orgánica, presentado por la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional (CC), quien dispuso a esa institución preparar dicha normativa.
El nombre de la ley y el objeto fueron dos de los temas que más debate generaron en la mesa legislativa. La comisión acordó eliminar la palabra «derecho» del título de la propuesta.
Ahora se denomina Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en caso de Violación; antes que «Ley para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación».
Todo esto porque se estableció que la ley tendrá como objeto garantizar, proteger y regular el derecho de las mujeres, niñas y adolescentes gestantes a la interrupción legal y voluntaria de su embarazo en casos de violación.
Los plazos fueron un «nudo»
Para llegar a un conceso se realizó un apretado debate sobre los plazos por interrupción del aborto.
El asambleísta José Chimbo (PK), por ejemplo, propuso que las mujeres víctimas de violación puedan interrumpir el embarazo hasta la semana 12.
En cambio, la legisladora Johanna Moreira (ID) planteó que sean 22 semanas.
No obstante, al final fue aprobado el planteamiento de José Agualsaca de que el plazo sea a las 28 semanas.
La moción contó con el respaldo de los legisladores Alejandro Jaramillo y Johanna Moreira (ID); Dina Farinango (PK); Gissela Garzón y Yhajaira Urresta (UNES).
Otra de las resoluciones es que el personal de salud que intervenga en la interrupción del embarazo en caso de violación deberá notificar a la Fiscalía. Para ello habrá un plazo de 48 horas.
Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión indicó que la revisión del articulado continuará mañana, miércoles 12 de enero, desde las 09:30.
La Comisión tiene previsto que el informe llegue al Pleno hasta el 25 de enero para su respectivo análisis y aprobación. (I)
