La tensión Ejecutivo-Legislativo se prolonga. Luego de que la Asamblea Nacional archivara el proyecto de Ley de Inversiones del presidente Guillermo Lasso, se iniciaron eventos que evidencian la pugna entre estos dos poderes.
El Presidente denunció actos de corrupción por parte de un grupo de legisladores.
Pero ese no fue el único golpe en contra de la Asamblea. Este martes, el Primer Mandatario anunció que gobernará «sin considerar que existe la Asamblea Nacional». Las declaraciones se conocieron durante su enlace semanal.
En el encuentro, Lasso indicó que descarta la muerte cruzada (facultad del Ejecutivo para disolver la Asamblea), pero procederá en el marco de los espacios de la Constitución y actuará «sin contar con la Asamblea Nacional».
Añadió que dentro de la norma gobernará mediante Decretos Ejecutivos y con reglamentos a las leyes, para dar las respuestas que esperan todos los ecuatorianos. «Así que a eso nos vamos a dedicar en los próximos meses», dijo.
Lasso dijo que decidió seguir esta vía para no perder tiempo en el envío de proyectos de leyes al Legislativo.
Puso como ejemplo que, desde el Ejecutivo se enviaron cinco proyectos, incluido el de la Ley de Inversiones, que fue negado y archivado. El resto no ha sido tratado.
Sin embargo, el Presidente indicó que está abierto al diálogo y acuerdos, pero no “pactos con el correísmo».
El Mandatario añadió que no descarta someter a consulta popular el proyecto de Ley de Inversiones.
El Presidente también se refirió sobre la denuncia de los cinco asambleístas de Pachakutik que habrían pedido beneficios económicos a cambio de consignar sus votos para el proyecto de Ley de Inversiones.
El Jefe de la Nación reiteró que las denuncias las hizo antes de la votación en el Pleno y que no tienen relación al archivo del proyecto.
No obstante, el día de ayer, lunes, Carlos Jijón, vocero de la Presidencia, señaló que Lasso denunció la corrupción de los legisladores, después de que la Ley fue negada.
Desde la Asamblea también hay reacciones. Esta mañana, el Pleno inició un debate para levantar una resolución que exige al Presidente de la República presentar las pruebas de los asambleístas corruptos. Los legisladores advirtieron que no temen la muerte cruzada. (I)
