Por Pablo Salgado J.
En el Día del Padre, las fuerzas policiales allanaron y asaltaron la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luego de varios días, la Policía se retiró para que ingresen a realizar su asamblea los movimientos indígenas agrupados en la Conaie. Aunque el temor por lo que podía suceder con los bienes patrimoniales era natural, ni la Policía Nacional ni los movimientos indígenas se atrevieron, ni siquiera a pensarlo, en atentar contra los bienes patrimoniales y culturales que, desde hace muchos años, se encuentran en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No sucedió antes y, en buena hora, no sucedió hoy.
Los directivos de la Casa de la Cultura expresaron públicamente su temor por el riesgo que corren esos bienes patrimoniales. Pero lo cierto es que esos bienes están en riesgo desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, no es ahora, con el paro nacional, que los bienes pueden perderse. No. Los bienes están en riesgo, y de hecho muchos ya se han perdido, por la inacción de las instituciones culturales y quienes las dirigen. Están en riesgo porque han reducido al mínimo los presupuestos para museos, repositorios, centros culturales, archivos y bibliotecas, y quedan, prácticamente, sin protección alguna. Están en riesgo porque incumplen la Ley orgánica de cultura y patrimonio. Están en riesgo porque, por falta de presupuesto, despiden al personal técnico. Están en riesgo porque no generan planes de contingencia. Están en riesgo por la feria de declaraciones patrimoniales, sin planes de salvaguarda ni presupuestos. Están en riesgo porque la Comisión interinstitucional para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y patrimoniales no funciona, y apenas se reune una vez al año. Están en riesgo porque al Estado no le interesa la cultura y menos los patrimonios. Y están en riesgo porque casi todos los funcionarios han guardado -y guardan- un cómplice silencio. Y, por el contrario, ayudan a que esos patrimonios desaparezcan, como sucedió con el Tren patrimonial, por ejemplo. No se atreven a defender los presupuestos que les arrebatan, por no perder sus cargos. Están en riesgo porque la institucionalidad cultural está siendo desmantelada y los Institutos han perdido su autonomía. Están en riesgo porque no se generan líneas de política pública, y las que existían no se ejecutan. Están en riesgo porque el Ministerio de cultura no ejerce rectoría y peor, no ejerce su competencia sancionatoria. Están en riesgo porque, de nuevo, se ha perdido esa apropiación ciudadana de nuestros patrimonios.
La toma de la Casa de la Cultura ha dejado en evidencia el desconocimiento de los protocolos para protección de bienes patrimoniales en caso de conflicto, ya sea externo o interno. La mayoría de funcionarios no sabía cómo proceder. Ni cómo garantizar su estricto cumplimiento. No olvidemos que el Ecuador es suscriptor de la Convención de La Haya de 1954 que en su art. 19 manda: “en caso de conflicto que haya surgido en su territorio, cada una de las partes están obligadas a aplicar, como mínimo, las disposiciones de esta Convención, relativas al respeto a los bienes patrimoniales.”
Mas allá de que el proceso de “requisición” fue ilegal e irregular, pues no cumplió con lo que determinan los procedimientos legales, y no hubo una acta de entrega y menos una acta de devolución, la toma de la Casa de la Cultura evidenció que nuestros patrimonios son maltratados y olvidados. El Director de la Cinemateca nacional, Paúl Narváez, por ejemplo, aseguró que “hoy el patrimonio audiovisual se encuentra en riesgo, el trabajo que se ha realizado a lo largo de 40 años de rescate, preservación, permanece en estado de vulnerabilidad.”
Todos sabemos que durante décadas, los materiales audiovisuales fueron conservados en pésimas condiciones, y de no ser por el ímpetu y coraje de Ulises Estrella, y su pequeño equipo, que consiguió fondos internacionales y donaciones para sostener la Cinemateca, muchos de esos archivos patrimoniales se habrían perdido. Es más, el propio Ulises Estrella fue maltratado, ya que un presidente de la Casa -Raúl Pérez- lo despidió, sin justificación alguna.
La Cinemateca Nacional -que guarda casi 16 mil bienes audiovisuales y documentales- ha sido maltratada por la propia Casa de la Cultura. Sus recursos siempre han sido pírricos, a tal punto que su presupuesto de inversión para este año, 2022, es de apenas 20 mil dólares. Una burla. Todas las administraciones -Milton Barragán, Marco A. Rodriguez, Raúl Pérez y Camilo Restrepo- la han menospreciado; la han cambiado de un lugar a otro, con espacios estrechos e inadecuados, sin climatización, sin mínimas condiciones técnicas, y sin suficiente personal, y además con sueldos mínimos. Solo el amor y entrega del pequeño equipo que labora en la Cinemateca la ha preservado.
Lo mismo ha sucedido con la reserva de la Casa; con los museos, como el Pedro Pablo Traversari; o con el Museo etnográfico, del que desaparecieron varios trajes; o con el museo Ernesto Albán, que también desapareció. Y ni se diga con la Radio de la Casa de la Cultura, que guardaba un precioso material sonoro, con entrevistas a numerosos escritores y artistas desde los años 50, música grabada por conjuntos nacionales, y discos de vinilo, y casi todo ha desaparecido.
Si, los patrimonios nacionales están en riesgo, pero no por el paro nacional, sino por la indolencia e irresponsabilidad de las propias instituciones culturales que han sido incapaces, por múltiples razones, de preservar y garantizar su conservación. Por eso mismo, todos anhelamos una nueva Casa de la Cultura; abierta y eficiente. En estos seis años de gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso esta indolencia ha sido extrema, con la reducción, casi a cero, de los presupuestos no solo para inversión sino también para mantenimiento de las diversas instituciones y repositorios culturales.
Esperemos que ahora la propia Casa de la Cultura, y su nuevo (aunque ya no tan nuevo) presidente y directores, y todas las entidades que custodian nuestros bienes culturales y patrimoniales, los defiendan, elaboren planes de contingencia y salvaguarda, y, sobre todo, gestionen presupuestos para implementarlos.
Hay razones mas que suficientes para ser pesimista frente a la gestión cultural y patrimonial del gobierno central y del Ministerio de cultura y patrimonio, sobre todo en la generación de políticas públicas y la disponibilidad de recursos económicos necesarios para que cumpla con su olbigación de preservar nuestros bienes culturales y patrimoniales, materiales e inmateriales, tal como establece la Constitución, en su art. 380 literal 3: “el Estado velará, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio nacional.” Y en el literal 8 establece que: “el Estado garantizará los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural.”
De ahí que, una vez que concluya el paro nacional, los directivos de las instituciones culturales deberán emprender una lucha para que, al menos, se cumpla con lo que manda y establece la Constitución y la Ley orgánica de cultura.
