La inseguridad campea en Ecuador… el uso permanente de armas de fuego por parte de la delincuencia organizada es indiscutible. En un contexto así, razonablemente esperaríamos del gobierno nacional el anuncio de la implementación urgente de un plan específico de seguridad o al menos, de una política pública para desarmar a los delincuentes y controlar con suficiencia el porte irregular de armas de fuego y explosivos. Pero no, lo que escuchamos fue la venia y promoción irresponsable para que la ciudadanía se arme en contra de la delincuencia. Y no se trata, en realidad, de un problema de propiedad, tenencia o porte regular de armas, pues, existe un orden normado que delimita o delimitaría el porte lícito o legal de ciertas armas de fuego o de otras. El error imperdonable radica en el anuncio hecho. Al parecer, el gobierno nacional se contagió de la festividad litúrgica de la época y en un símil con las actitudes de quien fuese Poncio Pilatos, optó por anunciar a la población confundida, asustada y manipulada, su “lavatorio de manos”, dejando en hombros de la muchedumbre la preferencia por Cristo o Barrabás. Y como ha ocurrido de manera recurrente desde aquel entonces, tenemos -como colectivo en estado de desesperación- clara inclinación de crucificar al Justo, socapando, torpemente, la irresponsabilidad del gobernante.
En todo caso, está hecho. No obstante, sería recomendable, a fin de evitar consecuencias dañosas irreparables, que el gobierno nacional y los legisladores tomen en consideración dos sugerencias que se encuentran usualmente en cualquier investigación -de las muchas que existen- sobre la problemática de la inseguridad y el porte civil de armas de fuego. En primer lugar, deben aceptar que el porte civil o ciudadano de armas de fuego puede aumentar la inseguridad por varias razones (el porte libre de armas no es sinónimo de seguridad). El hecho de que existan más armas en circulación aumenta las probabilidades de que se produzcan accidentes debido al mal uso de las mismas. Estará siempre presente el riesgo de que personas no preparadas o inestables emocionalmente puedan acceder a armas de fuego y que las usen de manera negligente. Es más, pese a cualquier medida de carácter normativo que buscase disminuir dicho riesgo, el porte libre de armas tiende a aumentar la sensación de inseguridad en la sociedad: si cada vez más personas llevan armas consigo, posiblemente el resto sienta la necesidad imperante de hacer lo mismo para “protegerse”, provocando un círculo vicioso de miedo e inseguridad, que dispare tristemente una espiral de violencia no deseada (una discusión de tráfico podría escalar rápidamente si ambas partes están armadas).
Y, al parecer, los temores anunciados por múltiples investigaciones técnicas no son ajenos a la realidad nacional; empero, inexplicablemente, aquello que técnicamente advierte un error, aquí se adopta como fundamento para la decisión gubernamental: como la delincuencia porta armas y existe una percepción generalizada de miedo e inseguridad, entonces corresponde que todos las porten para “defenderse”. Pero, como aquello no suele llegar a buen puerto, en segundo lugar, el gobierno y los legisladores deberían tomar en consideración algunas recomendaciones sobre ciertas medidas que desde la experiencia universal podrían implementarse para enfrentar el incremento de la delincuencia. En principio, debería disponerse un mayor despliegue de los cuerpos de seguridad en las calles, deberían crearse más unidades especializadas en crimen organizado y, debería mejorarse la capacitación y equipamiento de tales cuerpos. Luego, debería articularse un cúmulo suficiente de políticas de prevención encaminadas a evitar que los delitos ocurran. Deberían implementarse proyectos reales de rehabilitación social, programas de educación e iniciativas que fomenten la inclusión social, a través de actividades deportivas y culturales, para jóvenes en riesgo.
Deberían presentarse, también, reformas legales que no estén destinadas solamente a aumentar las penas por el cometimiento de delitos graves, sino encaminadas a fortalecer la justicia penal y mejorar la eficiencia del sistema de justicia. La lucha contra la delincuencia requiere de la coordinación entre distintos sectores y actores sociales, y es importante que exista una estrecha colaboración entre la policía, las autoridades locales, la sociedad civil y otros sectores relevantes. No existe espacio para el ego ni el falso orgullo egoísta de los políticos de turno. Y, se debería invertir en tecnología para articularla debidamente y mejorar la seguridad ciudadana, la investigación de los delitos y la recolección de pruebas suficientes. A fin de cuentas, no existe una sola medida que pueda resolver completamente el problema de la delincuencia; es necesario implementar una variedad de acciones coordinadas y adaptadas a las características particulares de nuestro contexto para enfrentar esta problemática tan compleja.
