Con 89 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 17 de octubre de 2024, continuar con el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. La decisión fue respaldada por los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik y Construye. El proceso de interpelación podría culminar en la censura y destitución de la funcionaria.
El informe aprobado sostiene que Palencia incumplió con sus funciones, especialmente en la rectoría de las políticas públicas de seguridad, en un contexto de creciente violencia protagonizada por grupos terroristas. La legisladora correísta Sofía Espín, quien presentó la solicitud de juicio, argumentó que la ministra no ha garantizado el derecho de los ecuatorianos a vivir en paz y que su inacción ha agravado la inseguridad en el país.
De los 132 asambleístas presentes, 40 votaron en contra y tres se abstuvieron. El oficialismo, liderado por la bancada ADN, defendió a la ministra y solicitó el archivo del proceso. Ramiro Vela, representante de ADN, expresó que las cifras de seguridad presentadas por el gobierno son correctas y que la remoción de la ministra no resolvería los problemas estructurales del país.
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El papel de la Asamblea La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, tiene cinco días para convocar a la ministra Palencia a comparecer en el juicio. Se necesitarán 90 votos para que se concrete su destitución. El juicio está previsto para el miércoles 23 de octubre.
El proceso contra Palencia se fundamenta en varios episodios polémicos, entre ellos, la incursión armada en la Embajada de México para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, y la falta de un plan efectivo para enfrentar la creciente violencia en el país. Otros puntos incluyen la fuga de Adolfo Macías, alias “Fito”, y la falta de acciones concretas en el Plan Fénix, que se supone debía mejorar la seguridad.
El debate en la Asamblea estuvo marcado por señalamientos de vínculos entre asambleístas y mafias. Legisladores como Jorge Peñafiel de Construye denunciaron que el oficialismo utilizó la frase “La patria o la mafia” en el pleno, refiriéndose al excandidato presidencial asesinado, Fernando Villavicencio, y acusó a algunos legisladores de la Revolución Ciudadana de ser parte de esos vínculos.
Ramiro Vela, del oficialismo, argumentó que el juicio político no cambiará la situación de violencia en el país. «Si alguien de ustedes me garantiza que sacando a la ministra esto cambia, lo firmo», dijo Vela, reiterando su apoyo a Palencia y criticando el juicio como una decisión precipitada y contraproducente.
Los asambleístas que apoyan el juicio enfatizaron el deterioro de la seguridad pública. Sofía Espín denunció que el país está entre los más peligrosos de la región, con un aumento del 364 % en casos de extorsión y un alza en homicidios en provincias conflictivas. Espín cuestionó la capacidad del gobierno para controlar la situación en las cárceles, donde han ocurrido fugas masivas.
En respuesta a las acusaciones de Espín, legisladores del oficialismo, como Vela, pidieron que el juicio se lleve de forma objetiva, sin exabruptos. Por otro lado, Mariana Yumbay, de Pachakutik, declaró que el país vive un Estado fallido, donde no solo la inseguridad es el problema, sino también las deficiencias en la provisión de servicios básicos.
El ambiente se volvió más tenso cuando Gisella Molina, del PSC, acusó a algunos legisladores de estar vinculados con criminales que persiguieron a Villavicencio. Esto provocó una confrontación entre Molina y los asambleístas Xavier Jurado y Ferdinan Álvarez, quienes rechazaron las acusaciones y le recordaron su pasado político.
Perspectivas del juicio
Mientras se espera la comparecencia de Mónica Palencia, las bancadas permanecen divididas. La Revolución Ciudadana y sus aliados insisten en que la ministra ha incumplido gravemente con sus deberes. Por su parte, el oficialismo y algunos sectores independientes ven el juicio como una estrategia política para desestabilizar al gobierno de Daniel Noboa.
Si Palencia es censurada, se abrirá una nueva etapa de incertidumbre en el Ministerio del Interior, en un momento crítico para la seguridad del país. La próxima semana será clave para definir el futuro de la ministra y del gobierno en materia de seguridad. (I)
