En un escenario político marcado por tensiones, la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, acusó al presidente Daniel Noboa de planear un «golpe de Estado letal» en su contra. En una conferencia de prensa, Abad afirmó que el gobierno busca impedirle asumir las funciones constitucionales de su cargo, mientras solicita apoyo internacional para preservar la democracia del país.
“En pocas horas se consumará el golpe de Estado planificado por el presidente Noboa”, declaró Abad, quien calificó las acciones del mandatario como una «brutal persecución». La vicepresidenta denunció el Decreto Ejecutivo Nro. 500, que asigna la presidencia temporalmente a Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración. Abad argumenta que esta decisión viola el artículo 146 de la Constitución, que estipula que ella debe asumir el cargo en caso de ausencia del presidente.
El decreto, según el Ejecutivo, se sustenta en una supuesta «fuerza mayor» debido a que Noboa participará en actos proselitistas. Este argumento fue rechazado por Abad, quien sostiene que se trata de una estrategia para «desaparecer» la Vicepresidencia como institución y consolidar el control del poder por parte del presidente.
Reacción de la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional también se opuso a la designación de Gellibert. Esther Cuesta, presidenta encargada del Parlamento, devolvió el oficio mediante el cual Noboa notificaba su ausencia. La decisión fue fundamentada en que el decreto no cumple con los artículos 146 de la Constitución, 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 30 del Código Civil, los cuales regulan las condiciones para ausencias presidenciales.
Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea, subrayó que cualquier licencia presidencial debe ser aprobada por el Pleno con una mayoría absoluta. Además, cuestionó la interpretación del Ejecutivo sobre «fuerza mayor», calificándola de incompatible con la normativa legal.
En su discurso, Abad denunció un despliegue masivo de militares y policías en Quito, que describió como una medida intimidatoria. La vicepresidenta acusó al presidente Noboa de instaurar un clima de represión y desinformación. También lo calificó de «misógino y débil», y lo responsabilizó por una ruptura del orden constitucional.
Por su parte, el gobierno argumentó que Abad no ha cumplido con sus deberes y justificó el decreto como una medida necesaria para garantizar la separación entre las funciones presidenciales y las actividades proselitistas. Sin embargo, analistas jurídicos y organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación por el impacto de esta disputa en la estabilidad institucional del país.
Apoyo internacional
Abad solicitó a la comunidad internacional, incluyendo la Organización de Estados Americanos (OEA), la activación de la Carta Democrática Interamericana para salvaguardar la democracia en Ecuador. “Si permitimos que estas violaciones continúen, seremos un ejemplo lamentable de autoritarismo y violencia política”, advirtió.
En respuesta, varios actores internacionales han instado al diálogo para resolver las diferencias. Mientras tanto, sectores de la oposición han advertido que esta pugna podría derivar en una crisis constitucional sin precedentes.
La disputa entre Noboa y Abad se remonta al inicio de su mandato, cuando la vicepresidenta denunció ser excluida de las funciones propias de su cargo. En diciembre de 2024, Abad solicitó vacaciones, lo que fue usado en su contra, según sus declaraciones. La tensión escaló con la designación de Gellibert, que marcó un punto de inflexión en el conflicto. (I)
