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Caso Las Malvinas: autoridades insisten que la investigación está bajo reserva

En el marco del proceso de fiscalización sobre la desaparición forzada de cuatro menores de edad en el sur de Guayaquil, la mesa legislativa de Niñez y Adolescencia recibió en comisión general a los delegados del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para conocer los avances en la investigación.

Fausto Buenaño, viceministro de Seguridad Pública y delegado del Ministerio del Interior, llegó en delegación de la ministra Mónica Palencia, quien se excusó de asistir debido a compromisos de agenda.

El delegado presentó detalles sobre el estado del caso y destacó que la investigación está liderada por la Fiscalía General del Estado, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. Subrayó que la Policía Nacional, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, ha brindado apoyo técnico y operativo.

Según Buenaño, la denuncia por secuestro fue presentada el 9 de diciembre de 2024, lo que activó de inmediato la intervención de la unidad policial correspondiente y la aplicación del protocolo interinstitucional de actuación para la localización de personas desaparecidas.

No obstante, explicó que la información del caso está sujeta a reserva, conforme al artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal, lo que impide divulgar detalles que podrían afectar el proceso penal, comprometer pruebas y poner en riesgo la presunción de inocencia de los involucrados.

Además, precisó que al tratarse de un presunto caso de desaparición forzada, no se enmarca dentro de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, la cual se aplica en desapariciones sin intervención estatal. Enfatizó que las actuaciones judiciales y policiales deben respetar el debido proceso, garantizando imparcialidad y confidencialidad.

La asambleísta Pierina Correa, presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, reiteró a las autoridades que el caso ya no se encuentra en instrucción fiscal. Le aclaró a Buenaño que hasta este momento no aplica la reserva de la información, por lo que requieren conocer los avances en las investigaciones.

En esa línea, la presidenta de la Comisión añadió que también sería conveniente conocer el avance en otros casos de desaparición, como los de Dave Loor y Juan Santillán, lo que refuerza la preocupación sobre la falta de resultados en investigaciones similares.

Las autoridades presentes reiteraron su compromiso de continuar con las investigaciones y articular esfuerzos con otras entidades para esclarecer los casos en curso y prevenir futuras desapariciones.

Familiares de los menores desaparecidos expresaron su frustración ante la falta de respuestas concretas y urgieron a las autoridades a acelerar los procesos de búsqueda e investigación.

Por su parte, organismos de derechos humanos hicieron un llamado a garantizar que los casos no queden en la impunidad y a fortalecer los sistemas de protección infantil en Ecuador.

La sesión concluyó con el compromiso de realizar nuevas comparecencias y evaluaciones periódicas para verificar los avances en las investigaciones y en las medidas de prevención y protección de menores en situación de vulnerabilidad.

Otros puntos en la agenda

Por otra parte, en la sesión se abordó el Proyecto de Ley Orgánica de Aprovechamiento Digital e Inteligencia Artificial para Niñas, Niños y Adolescentes. Con seis votos afirmativos, se aprobó la moción presentada por Correa para devolver el proyecto al Consejo de Administración Legislativa y autorizar su unificación con otras iniciativas legislativas en tratamiento.

Correa explicó que este proyecto busca establecer un marco normativo específico para la protección de los derechos de los menores en un entorno digital cada vez más complejo. Resaltó la importancia de regular la exposición de los niños y adolescentes a riesgos como la violación de privacidad, el ciberacoso y el impacto negativo del contenido digital en su desarrollo emocional y psicológico.

Además, se conoció la Resolución RL-2023-2025-120 sobre la fiscalización de los casos de violencia y abuso sexual contra menores. La resolución dispone que, en función del informe presentado por la Comisión de Educación, se realice un seguimiento permanente y se presenten informes semestrales sobre los avances al Pleno de la Asamblea Nacional.

Esta medida busca asegurar la adopción de acciones necesarias para erradicar la violencia y el abuso infantil, así como mantener un control continuo sobre los resultados obtenidos en la implementación de políticas preventivas.

Asimismo, en el marco de la fiscalización del acogimiento institucional de menores, se presentó el nuevo cronograma de visitas a los centros de acogida. Se anunció que en los próximos 30 días se recabará la información necesaria para elaborar el siguiente informe, el cual será entregado al Pleno del Parlamento para su revisión y seguimiento.

El análisis y seguimiento de estos casos reflejan la preocupación de la Comisión por la seguridad y bienestar de los menores en el país, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y respuesta ante casos de desaparición y violencia infantil. (I)

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