Por Alex Ormaza
En nuestro país, miles de personas dependen de la diálisis para poder sobrevivir. Este tratamiento es vital para quienes sufren de insuficiencia renal crónica, una condición que requiere atención constante. Sin embargo, más de 17.000 pacientes se encuentran hoy sin acceso a este servicio debido a la deuda acumulada por el gobierno ecuatoriano con las clínicas privadas que lo prestan. Con más de 100 millones de dólares sin pagar, la situación es insostenible y ha desatado una crisis humanitaria.
Mientras tanto, el gobierno sigue priorizando otros gastos, muchos de ellos relacionados con fines políticos y electorales.
El impacto del impago
Las clínicas privadas de diálisis en Ecuador han sido desde hace años una parte fundamental del sistema de salud para pacientes con insuficiencia renal, pero en la actualidad estos centros de salud están al borde del colapso debido a la falta de pagos por parte del gobierno.
Según denuncian los prestadores, el Estado les debe más de $100 millones. A pesar de ello, las clínicas continúan atendiendo, asumiendo los costos sin recibir el dinero que les corresponde, incluso, muchos pacientes se han visto en la necesidad de comprar sus propios insumos.
Reportes difundidos por las propias clínicas señalan que más de 17,000 pacientes están en riesgo de perder el acceso a los tratamientos. Si el gobierno no resuelve esta deuda, los afectados podrían enfrentarse a la interrupción de la atención que es vital para sobrevivir.
El rol del gobierno
El gobierno ecuatoriano tiene la responsabilidad constitucional de garantizar el acceso a la salud de sus ciudadanos. Sin embargo, en lugar de priorizar el bienestar de la población destina recursos a otras áreas menos urgentes, como la campaña electoral.
La situación es aún más alarmante si se observa cómo el mandatario, quien se postula para la reelección, ha destinado fondos a actividades proselitistas, como el apoyo a políticos extranjeros. Un claro ejemplo de esto fue la llegada del ex candidato presidencial de Venezuela, Edmundo González, a Ecuador, cuya presencia en el país significó gasto de recursos públicos lo que además se efectuó en plena campaña electoral y que tiene a la figura del presidente Noboa como postulante a la reelección.
Este tipo de gastos, claramente menos prioritarios, ha generado un enorme descontento entre la población. La salud, una necesidad básica y urgente, ha quedado relegada a un segundo plano. Las promesas de campaña y los gastos electorales parecen ser más importantes que la vida de los pacientes ecuatorianos. Es un reflejo de una profunda falta de compromiso con los problemas reales que enfrenta la ciudadanía.
El costo humano
Detrás de estas cifras frías hay historias humanas de sufrimiento. La diálisis no es un tratamiento opcional, sino una necesidad vital. Los pacientes que requieren diálisis deben someterse a varios procedimientos a la semana, lo que les permite limpiar las toxinas de su sangre debido a la insuficiencia renal. Si no reciben este tratamiento, sus condiciones de salud empeoran rápidamente, lo que puede llevarlos a la muerte en cuestión de días.
Muchos de estos pacientes han expresado su desesperación. Algunos tienen que viajar largas distancias para acceder a la atención y, al no saber si podrán continuar con su tratamiento, viven una constante angustia.
Las clínicas privadas, en su mayoría, son la última línea de defensa para aquellos que no cuentan con acceso a servicios públicos de salud adecuados. Pero al no recibir pago, corren el riesgo de cerrar sus puertas, lo que dejaría a miles de personas sin opciones.
Los pacientes de cáncer también están desprotegidos
Los pacientes de cáncer del país viven un viacrucis similar. A pesar de que el gobierno de Noboa aseguró en diciembre de 2024, haber realizado pagos totales a la deuda que mantiene con la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer en Ecuador (SOLCA). No obstante, la filial Solca Manabí desmintió estas afirmaciones y activó la alarma sobre la situación crítica que viven los pacientes oncológicos.
A través de un documento que lo hizo público, la institución aclaró que no ha recibido pagos desde noviembre de 2024 por parte del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Finanzas ni el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Aunque en diciembre se registró un abono parcial del IESS, aún se mantienen deudas significativas.
“Desconocemos la situación en otras sedes de Solca, pero en Manabí nuestra realidad es alarmante. La falta de claridad en la información oficial ha generado malentendidos con proveedores, quienes asumen que los pagos ya se realizaron y exigen la liquidación inmediata de nuestras obligaciones”, señaló el comunicado de la institución.
Comparación con otros gastos
El gobierno ecuatoriano tiene a su disposición una parte significativa del presupuesto nacional, pero en lugar de usarlo para cumplir con sus obligaciones, como el pago a las clínicas privadas de diálisis, se han asignado recursos a otras áreas menos urgentes. La deuda de más de $100 millones con los prestadores de salud parece estar siendo ignorada, mientras que el gasto en campañas electorales y en eventos que buscan fortalecer la imagen del presidente han sido la prioridad.
Este contraste pone en evidencia una clara falla en la asignación de recursos y en la gestión del dinero público. ¿Cómo es posible que el gobierno pueda gastar millones en campañas electorales, mientras que deja sin atención a miles de ciudadanos que dependen de un tratamiento vital? Este tipo de decisiones no solo refleja una falta de ética, sino también una desconexión con las necesidades básicas de la población.
La respuesta de las clínicas y de los pacientes
Ante la falta de pagos, las clínicas privadas de diálisis han tomado medidas para protestar y exigir una solución. En algunos casos, se han realizado manifestaciones públicas y se han elevado demandas legales. Sin embargo, el gobierno hasta el momento ha mostrado poca disposición para resolver el conflicto de manera inmediata. Mientras tanto, los pacientes se encuentran atrapados entre la impotencia y el temor de perder el acceso a los tratamientos que les permiten sobrevivir.
Las clínicas han dejado claro que no pueden seguir operando sin el pago debido. Si la deuda no es saldada, las consecuencias para los pacientes serían fatales. En algunos casos, los mismos pacientes han organizado protestas para exigir al gobierno que cumpla con su responsabilidad. Es evidente que los afectados no solo se enfrentan a la incertidumbre de su tratamiento, sino también a la falta de respuesta de un gobierno que hasta el momento aparece como indolente.
Conclusión
La crisis de la diálisis en Ecuador no es solo una cuestión de números o deuda, es una cuestión de vidas humanas. La falta de pago y la improvisación está llevando a una situación insostenible, donde miles de pacientes se ven privados del tratamiento que necesitan para sobrevivir. Es hora de que el gobierno ecuatoriano asuma su responsabilidad y priorice la salud de su pueblo por encima de intereses políticos. La situación actual es un claro ejemplo de la desconexión entre las autoridades y la realidad que enfrentan los ciudadanos.
