Por: Gabriel S. Galán Melo
Últimamente en nuestro país, la convocatoria al poder constituyente se ha vuelto una tentación política recurrente (más allá de la inevitable urgencia en nuestra historia de los casos de quiebre institucional arbitrario). Se ha convertido casi en un rito litúrgico ordinario de permanente refundación nacional. A la fecha, Ecuador colecciona más de veinte constituciones a lo largo de su vida republicana, haciendo visible -a pesar de la necedad periódica- que, lejos de ser la panacea esperada, la sucesiva redacción de “magnos textos constitucionales” no ha resuelto los males profundos que aquejan nuestra sociedad: la pobreza, la exclusión y la insoslayable inestabilidad en todos los ámbitos del convivir ciudadano. Cada nueva constitución ha traído consigo la celebración romántica del nuevo instrumento y cada constitución superada -unas más que otras- ha dejado un halo de melancolía y remordimiento. Pero ni las unas ni las otras han logrado una verdadera consolidación de un gran pacto social sólido, duradero, previsible y responsable.
Y es que una asamblea constituyente -en teoría democrática, al menos- debe ser un espacio amplio de deliberación, de escucha activa y de construcción de consensos sobre el proyecto común del país que todos anhelamos. Debe convocar, en dicho sentido, no sólo a las élites políticas (como tradicionalmente se ha hecho), sino a todas las voces de la sociedad… a todos los actores que conforman nuestro tejido social: los sectores populares, los pueblos y nacionalidades, los trabajadores, los empresarios, los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres, los académicos, los artistas, los agricultores, los profesionales, etcétera; es decir, a todos quienes habitamos y construimos la nación día a día. Y, ciertamente, una constituyente debería ser un ejercicio de profunda madurez cívica y democrática. Condiciones que, a la fecha, nuestro país lamentablemente no puede garantizar.
Debemos reconocer -y resultaría por demás iluso negarlo- que los procesos constituyentes que no son llevados con la altura política que un proceso tan complejo amerita y que no son articulados con vocación de servicio y un verdadero espíritu de consenso, corren indefectiblemente el riesgo de convertirse en aventuras terriblemente peligrosas. Ya nos ha ocurrido en más de una ocasión. Y han sido las resultas de aquellas aventurillas las que han empujado nuevamente el apasionamiento ciego por una nueva constituyente. Es más, lo estamos viviendo. Porque esas aventuras han tendido, tristemente, más a destruir de lo que han construido en concreto. Y aunque es obvio que no cabe generalizar, bien puede afirmarse que, en definitiva, nuestro país ya sabe que partir nuevamente de cero no garantiza, de modo alguno, mejores resultados. Por el contrario, es evidente que a menudo hemos disfrazado de esperanza lo que termina en frustración.
Hoy, Ecuador no necesita una ruptura más, demanda continuidad, pero con corrección. La constitución vigente, indiscutiblemente perfectible, tiene avances importantes en materia de derechos, garantías, participación y organización territorial. Pero posee también un cúmulo de atrocidades. Por ello, el momento actual exige prudencia, madurez y visión histórica. Exige reformar lo que deba ser reformado, corregir los errores manifiestos y actualizar los mecanismos institucionales que el país exige, pero sin destruir lo positivo que se ha logrado edificar con tanto esfuerzo. La misión debe ser reformar, no borrar; corregir, no derrumbar; seguir construyendo y no apostar por un salto al vacío. Esa es la verdadera responsabilidad con la democracia y el futuro del país. Más que otra nueva constitución, Ecuador necesita consolidar un verdadero Estado constitucional de derechos y justicia en la práctica, no sólo en el papel. Una constituyente debería ser el último recurso de una nación, no su primer impulso. Los cambios verdaderos no se imponen ni se improvisan, sino que se construyen día a día, con diálogo, respeto y visión de largo plazo.
