A un día de la segunda vuelta presidencial entre Daniel Noboa y Luisa González, el Gobierno declara un nuevo estado de excepción en Ecuador. La medida, que se extiende por 60 días, entra en vigencia este sábado 12 de abril mediante el Decreto Ejecutivo No. 599, y rige en siete provincias, dos cantones y en todos los centros de privación de libertad del país. El argumento del Ejecutivo es una “grave conmoción interna” causada por el aumento de la violencia y la amenaza persistente de grupos armados organizados.
El estado de excepción afecta a las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Orellana y Sucumbíos, así como al Distrito Metropolitano de Quito y al cantón Camilo Ponce Enríquez, en Azuay. También incluye todos los centros carcelarios del país, ante la evidencia de que las estructuras delictivas operan desde dentro y fuera de los recintos penitenciarios.
El Gobierno justifica la decisión con reportes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que alertan sobre posibles atentados y sabotajes organizados por bandas como Los Lobos y Latin Kings. Según estos informes, las organizaciones criminales aprovechan el contexto electoral para generar inestabilidad y temor en la ciudadanía.
Una de las medidas centrales del decreto es el toque de queda nocturno de 22:00 a 05:00, que aplica en determinados cantones de cinco provincias. En Los Ríos, la restricción rige en todos sus trece cantones. Esta disposición busca reducir los delitos violentos durante la noche, aunque también genera preocupación entre sectores productivos y ciudadanos con actividades nocturnas.
Durante el estado de excepción, el Gobierno suspende derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, permitiendo a las fuerzas del orden realizar allanamientos y requisas sin orden judicial previa. En las cárceles, también se suspenden la inviolabilidad de la correspondencia y la privacidad de las comunicaciones, para facilitar labores de inteligencia.
La libertad de reunión también queda limitada. El decreto autoriza a la fuerza pública a desarticular concentraciones en espacios públicos donde identifique posibles amenazas a la seguridad, aunque garantiza que no se afecte el derecho a la manifestación pacífica ni a la libre asociación.
El presidente Daniel Noboa sostiene que la medida responde a una necesidad urgente de frenar la violencia. “Es una acción concreta para combatir a los grupos armados organizados que generan inestabilidad y terror en el país”, afirma el decreto.
El Consejo Nacional Electoral mantiene el cronograma y asegura que la jornada electoral de este domingo 13 de abril se desarrolla con normalidad, bajo estrictas medidas de seguridad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional refuerzan su presencia en recintos electorales, fronteras y puertos.
El decreto incluye 13 categorías de personas exentas del toque de queda. Entre ellas están el personal médico, periodistas, miembros de las fuerzas del orden, diplomáticos, servidores públicos, trabajadores del sector energético y de telecomunicaciones, así como ciudadanos que se trasladen por vuelos programados durante el horario restringido.
El Ejecutivo también refuerza la seguridad en los centros penitenciarios, donde se reportan ataques a guías y disputas entre bandas criminales. La intervención militar en cárceles forma parte del plan integral de control.
La Corte Constitucional, crítica de anteriores decretos similares, advierte sobre el uso reiterado del estado de excepción. Exige al Ejecutivo la creación de una comisión interinstitucional para coordinar acciones contra el crimen organizado, pero el Gobierno rechaza esa propuesta, calificándola de inconstitucional.
Pese a los cuestionamientos, el estado de excepción entra en vigor. Las autoridades sostienen que se trata de una respuesta firme y legal ante el avance de las mafias. El despliegue militar y policial se intensifica mientras los ecuatorianos se preparan para ir a las urnas.
El clima electoral de este domingo se marca por la tensión, la expectativa y la militarización. La votación definirá al nuevo presidente que liderará el país hasta 2029, en un escenario dominado por la demanda de seguridad ciudadana.
Aunque Noboa compite como candidato, su investidura como presidente en funciones le permite tomar decisiones ejecutivas, como la emisión de decretos de excepción. Su doble rol genera críticas, pero también refuerza su mensaje de “mano dura” contra la delincuencia.
El estado de excepción es una figura legal contemplada en la Constitución del Ecuador para casos de conmoción interna, desastre o guerra. Esta herramienta permite la suspensión temporal de ciertos derechos, siempre que su aplicación sea proporcional, limitada en el tiempo y sujeta a revisión de la Corte Constitucional. (I)
