A un día de la instalación oficial del nuevo periodo legislativo, los 151 asambleístas electos concluyeron este martes el proceso de entrega de documentación habilitante para ejercer sus funciones.
En medio de ese panorama, Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, ofreció declaraciones sobre la logística para la instalación de los nuevos miembros del Legislativo: la titular hizo una denuncia por un supuesto delito de rebelión, que se habría planificado para la instalación de la primera sesión legislativa. La noticia fue calificada como “temeraria” y “maliciosa” por parte de la presidenta del Legislativo.
“Nos preocupa que esta denuncia sea una advertencia para empantanar el trabajo democrático de la Asamblea”, expresó la titular del Parlamento en una rueda de prensa convocada de urgencia. Rechazó categóricamente cualquier intento de deslegitimar el proceso legislativo con denuncias infundadas.
Uno de los puntos de controversia surgió tras un supuesto pedido elevado por la legisladora electa Anabella Azín, quien solicitó la militarización del Palacio Legislativo y el ingreso de su cápsula de seguridad con personal de las Fuerzas Armadas. Este pedido fue negado.
Según explicó la presidenta, la seguridad de la Asamblea corresponde exclusivamente a la Policía Nacional a través de su escolta legislativa, como lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución del Ecuador.
No obstante, se autorizó el ingreso del equipo de seguridad personal de la legisladora, previa acreditación. También se gestionó el ingreso de asesores de bancada y técnicos que asistirán a los legisladores durante la sesión de instalación.
La presidenta aseguró que desde la administración se han respondido todos los requerimientos, a excepción del ingreso de las Fuerzas Armadas, por razones legales. Afirmó que se garantizará la seguridad, institucionalidad y transparencia del acto legislativo.
El ambiente previo a la sesión se ha visto enturbiado por estos acontecimientos, aunque desde la Asamblea se insiste en que todas las condiciones están dadas para el normal desarrollo del evento.
“El país debe saber que hemos actuado con responsabilidad y transparencia. La institucionalidad debe estar por encima de intereses particulares”, concluyó la presidenta.
La sesión inaugural de la Asamblea Nacional está prevista para las 10:00 del miércoles 14 de mayo de 2025. Se espera la elección de las principales autoridades del Legislativo, así como la instalación formal del nuevo periodo 2025-2029.
Código de Protección a la Niñez no alcanza la aprobación
En una sesión que generó profunda desilusión entre organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos de la infancia, el Pleno de la Asamblea Nacional no logró aprobar el proyecto de Código Orgánico de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna).
La iniciativa, que buscaba modernizar y fortalecer el marco legal para garantizar los derechos de los 5,4 millones de niños, niñas y adolescentes en Ecuador, apenas obtuvo 45 votos afirmativos, quedando lejos de la mayoría necesaria para su promulgación.
La asambleísta Pierina Correa, presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia y ponente del informe, expresó su frustración ante la decisión del pleno. Con un tono de pesar, Correa manifestó que la no aprobación del Copinna representa una oportunidad perdida para saldar una deuda histórica con la niñez ecuatoriana. «Hoy podíamos hacer historia, podíamos asumir la deuda que tenemos con la niñez ecuatoriana», declaró la legisladora, visiblemente afectada por el resultado de la votación.
El Copinna se presentaba como una reforma integral al Código de la Niñez y Adolescencia vigente desde 2003. Su objetivo principal era actualizar la legislación a la luz de la doctrina de protección integral, los principios constitucionales, los estándares internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
La propuesta buscaba establecer principios rectores para la política pública en materia de infancia, organizar el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral y regular las relaciones familiares y la responsabilidad penal de adolescentes con un enfoque de justicia restaurativa.
Durante su intervención para defender la aprobación del proyecto, la asambleísta Correa resaltó la urgencia de esta reforma ante las alarmantes cifras reveladas por organismos internacionales. Mencionó con preocupación que uno de cada dos niños menores de cinco años sufre maltrato en su hogar, que en la última década se han registrado más de 25.000 casos de violencia sexual en el sistema educativo, que Ecuador ocupa el segundo lugar en la región con mayor índice de embarazo adolescente, que más de 248 000 niños, niñas y adolescentes enfrentan condiciones de trabajo infantil, y que los homicidios de menores de edad se incrementaron en un 800 % entre 2021 y 2023.
La legisladora también subrayó el carácter participativo del proceso de elaboración del Coppina, que involucró a instituciones del Estado, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y, de manera fundamental, a niñas, niños y adolescentes que hicieron escuchar sus voces durante más de seis años de trabajo. Este esfuerzo colectivo buscaba construir un código que realmente respondiera a las necesidades y realidades de la infancia en el país.
En sus declaraciones finales, la asambleísta Correa enfatizó que la propuesta legislativa trascendía las divisiones políticas. «Es un código por y para los niños y niñas del Ecuador, sin distinción», concluyó, buscando apelar a la conciencia de sus colegas legisladores sobre la importancia de priorizar los derechos de la niñez por encima de cualquier interés partidista.
Tras la votación, UNICEF Ecuador expresó su profundo pesar a través de un comunicado oficial en sus redes sociales. La organización lamentó que las necesidades de la niñez y adolescencia sigan postergándose en el país, como lo evidenció la no aprobación del Coppina.
Asimismo, reconoció el esfuerzo de las organizaciones sociales, profesionales y especialistas en infancia que contribuyeron al proyecto, así como de los asambleístas que trabajaron en su construcción.
UNICEF hizo un llamado a la nueva Asamblea Nacional para que asuma su responsabilidad con la niñez y adolescencia, reiterando su disposición a colaborar para poner a la infancia en primer lugar.
Paradójicamente, en la misma jornada, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 73 votos afirmativos una resolución relativa a la participación y escucha de niñas, niños y adolescentes en el ámbito legislativo.
Esta iniciativa, impulsada por la misma Comisión de Protección Integral y con el respaldo técnico de ChildFund, busca garantizar la participación activa de los menores en la vida política y social del país, así como su derecho a ser escuchados en todos los procesos que les involucren. La aprobación de esta resolución contrasta fuertemente con el rechazo al Coppina, generando interrogantes sobre las prioridades del legislativo en materia de infancia. (I)
