En respuesta a la escalada de violencia y al avance del crimen organizado en el país, el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, calificado como urgente en materia económica. La propuesta busca cortar el flujo financiero de las organizaciones delictivas que operan como actores armados en varias provincias del Ecuador.
La iniciativa legal, que cuenta con dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, contempla reformas tributarias, medidas de control financiero, incentivos a la ciudadanía y fortalecimiento del accionar policial y militar en zonas afectadas. El gobierno la considera un paso indispensable para recuperar la paz social y el orden público.
Según el texto del proyecto, el país enfrenta un conflicto armado no internacional, con estructuras criminales que van más allá de la delincuencia común. Estas organizaciones —como los Tiguerones, Lobos, Choneros y otros— ejercen control territorial, financian sus operaciones mediante narcotráfico, minería ilegal, extorsión y secuestros, e incluso cooptan instituciones del Estado.
Las cifras son contundentes. Entre 2022 y 2024, los homicidios intencionales se dispararon de 4.886 a 8.248. Aunque en 2024 se registró una ligera baja a 7.033, en los primeros cuatro meses de 2025 ya se contabilizan 3.084 muertes. El 94% se atribuye a violencia criminal. Las provincias más afectadas son Esmeraldas, Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Sucumbíos.
La criminalidad también se refleja en otros delitos. Entre 2022 y 2024, los casos de extorsión pasaron de 6.651 a 20.293; los secuestros de 713 a 2.095; y los secuestros extorsivos de 581 a 1.457. Estos delitos tienen una relación directa con el financiamiento de grupos armados, que imponen su poder mediante coerción y violencia sistemática.
El proyecto de ley argumenta que la violencia carcelaria, los atentados a infraestructura crítica y los desplazamientos de población obedecen a una lógica de guerra no declarada. Esta realidad ha sido reconocida por la Corte Constitucional, que en dictámenes recientes confirmó la existencia de un conflicto armado interno, independiente de la declaratoria de estados de excepción.
Desde el punto de vista económico, el impacto es devastador. Las organizaciones criminales han provocado la paralización de actividades productivas, extorsión a comerciantes, incremento en los costos de seguridad privada y fuga de capitales. Todo ello ha deteriorado los ingresos fiscales y comprometido la sostenibilidad del aparato productivo.
El Ministerio de Economía advirtió que los incentivos tributarios previstos en el proyecto, como la deducción del impuesto a la renta por donaciones a la Policía Nacional, podrían afectar la recaudación fiscal. Sin embargo, recomienda su aprobación siempre que se mantenga la sostenibilidad financiera mediante proyectos de inversión claramente definidos.
El proyecto también incorpora disposiciones que permiten declarar ciertos bienes como objetivos militares, medida que genera preocupación por su posible impacto en derechos de propiedad y en garantías crediticias. La cartera de Finanzas recomienda que estas disposiciones cuenten con controles judiciales adecuados.
A través de su cuenta de X, Niels Olsen, presidente de la Asamblea, señaló que la norma es importante para el país. «Vamos a tratar este proyecto con toda la responsabilidad y urgencia que el momento exige», señaló.
Esta normativa se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2024–2025, que plantea como política pública el combate frontal a las economías criminales mediante instrumentos legales eficaces. Además, se sustenta en normas constitucionales y convenios internacionales sobre seguridad y derechos humanos.
De ser aprobada, la ley permitiría al Ejecutivo implementar de inmediato medidas económicas y operativas para desarticular redes delictivas, incautar activos ilícitos, controlar rutas estratégicas y apoyar la recuperación de territorios en manos del crimen organizado. Su urgencia responde a la necesidad de proteger a la población y restaurar la seguridad nacional. (I)
