
El Ministerio de Salud Pública (MSP), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lideraron una misión conjunta de tres días para definir la hoja de ruta que permita mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) en Ecuador.
La propuesta se sustenta en un contrato de préstamo de $250 millones firmado entre el MSP y el BID, cuyos recursos buscan revertir el incremento sostenido de estas patologías en el país.
Valeria Torres, subsecretaria de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud, explica que, dentro de ese monto, $125 millones se destinan a la vigilancia, promoción y seguimiento de enfermedades cardio metabólicas, enfermedades raras y salud mental. «Queremos fortalecer el seguimiento de los pacientes y mejorar las estrategias de prevención, que hoy no son lo suficientemente robustas», afirma.
Estas enfermedades causan el 70 % de las muertes a nivel global, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Ecuador, estas enfermedades ya representan más del 60 % de las causas de fallecimiento y generan una carga financiera y social considerable. El proyecto se enfoca en tres ejes principales: acceso a servicios de salud desde el primer nivel de atención, fortalecimiento de los sistemas digitales de información y control continuo de pacientes.
El seguimiento médico de patologías como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto y los trastornos mentales suele interrumpirse por falta de tecnología, registros y trazabilidad en el sistema de salud público. «Esta alianza nos permite mejorar desde la captación del paciente hasta el seguimiento en segundo y tercer nivel, incluyendo medicación y control de hábitos», agrega Torres.
El plazo de ejecución del proyecto es de tres a cinco años. En esta primera etapa, se establecen indicadores para medir el impacto, tales como disminución de morbilidad, reducción en atenciones de emergencia por ENT y cumplimiento de tratamientos. «Este trabajo nos ayudará a generar evidencia para tomar decisiones de política pública», dice.
Durante las jornadas técnicas se identifican nudos críticos del sistema y se analizan brechas. Se contempla, por ejemplo, la visita a centros de salud para evaluar la aplicación de la Estrategia Hearts, un modelo de atención promovido por la OPS para prevenir enfermedades cardiovasculares en el primer nivel.
Jimmy Martín, ministro de Salud, asegura que el enfoque prioritario es la promoción de la salud. «La mejor inversión es prevenir. No podemos seguir esperando que los pacientes lleguen a los hospitales con complicaciones avanzadas. Queremos actuar antes», afirma.
La iniciativa también cuenta con el apoyo técnico de la OPS y la OMS. «Ellos nos acompañan con insumos, revisión técnica y asistencia en la formulación de estrategias, como ya lo han hecho en enfermedades transmisibles», indica Torres.
La Comisión de Salud de la Asamblea también actúa. Juan José Reyes, su presidente, adelanta que se construye una ley integral que incorporará normativas para prevenir la obesidad y la diabetes. «Queremos ir más allá del tratamiento. Apostamos por cambios estructurales en el sistema educativo, médico y de atención primaria», explica.
Karina Puente, técnica del MSP, presentó ante la Asamblea cifras alarmantes. Según ENSANUT 2018, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en adultos de 19 a 59 años fue de 64,68%, siendo mayor en las mujeres (67,62%) que en los hombres (61,37%).

Estas cifras reflejan una carga creciente de enfermedad que afecta de forma desproporcionada a mujeres, poblaciones urbanas y grupos de menor nivel socioeconómico. Estas cifras generan una alerta que debe abordarse con urgencia.
«La diabetes tipo 2 representa una epidemia silenciosa. Su control requiere de tecnología, educación, monitoreo continuo y promoción de estilos de vida saludables», comenta Torres. «A esto se suma el fenómeno de enfermedades raras, que requieren atención multidisciplinaria, y la salud mental, un reto creciente tras la pandemia».
El convenio BID-MSP no solo contempla financiamiento. Incluye el desarrollo de sistemas informáticos para trazar la atención de cada paciente, asegurar el abastecimiento de medicinas y medir resultados. «Eso nos permitirá saber si las personas están mejorando, si acceden al sistema y si hay continuidad en la atención», dice Torres.
Otra línea de acción es la prevención mediante regulaciones. El MSP ya aplica un impuesto especial del 64 % sobre productos de tabaco y hasta el 150 % para cigarrillos electrónicos. También se grava el alcohol y las bebidas azucaradas. «Estos impuestos saludables son clave para desincentivar el consumo y generar recursos para la salud», explica.
Una campaña reciente de la lucha anti tabáquica lanza seis mensajes dirigidos a adolescentes, con advertencias claras sobre los daños del cigarrillo. «Antes se asociaba fumar con estatus. Ahora debemos romper ese estereotipo con información clara y visible en los empaques», dice Torres.
Revisión de la semaforización alimentaria

Doce años después de la implementación del sistema de semáforos en alimentos procesados, el MSP analiza si esta estrategia sigue siendo efectiva. «Queremos saber si la población realmente modificó sus hábitos o si se requiere una estrategia más integral y moderna», afirma Torres.
El etiquetado tipo semáforo fue pionero en la región y diferenció con colores los niveles de azúcares, grasas y sal en productos empaquetados. Sin embargo, nuevas recomendaciones de la OMS sugieren sistemas más visibles, con advertencias frontales o etiquetas simplificadas.
«Muchas personas ya no miran el semáforo, o simplemente no lo entienden. Evaluamos si es momento de cambiar o complementar esa estrategia», indica. El estudio de evaluación está a cargo de la Dirección de Alimentación Saludable, y considerará encuestas, grupos focales y datos de consumo.
El MSP también analiza la posibilidad de ampliar el etiquetado a otros productos y revisar normativas que regulan la publicidad dirigida a niños. «La obesidad infantil está creciendo. Debemos actuar desde la información, la regulación y la promoción de hábitos saludables», enfatiza. (I)