En Ecuador, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) al 29 de mayo de 2025, más de 3,5 millones de niños conforman la población infantil. Casi la mitad de ellos —una cifra alarmante— se encuentra en situación de pobreza, un factor que agrava las vulnerabilidades y riesgos que enfrentan diariamente.
En lo que va del año, 386 menores han sido víctimas de atentados, mientras que la Policía Nacional reporta que en los últimos cuatro años aproximadamente 8.200 niños y adolescentes han sido aprehendidos en relación con diferentes delitos.
Estas cifras evidencian una realidad grave que demanda no solo la visibilización responsable en los medios de comunicación sino una cobertura con enfoque de derechos centrada en la protección y dignidad de la niñez.
Estos datos motivaron un encuentro organizado por ChildFund, que reunió a expertos en temas juveniles para analizar esta problemática y el papel crucial que deben jugar los medios en la defensa de los derechos de niños y adolescentes en medio de la crisis social que atraviesa el país. El evento, que tuvo lugar en Quito, convocó a periodistas y representantes de organizaciones sociales para abrir un diálogo reflexivo que permita abordar la niñez con humanismo y responsabilidad.
Durante el encuentro estuvo presente Óscar Fernando Cobo, coordinador de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (COALICO). Cobo compartió la experiencia colombiana, un país que ha enfrentado la recriminación forzada de niños y jóvenes por grupos armados durante más de dos décadas.
En Colombia, la coalición monitorea y visibiliza casos de reclutamiento, con un reporte reciente que indica 132 casos solo en el primer semestre de 2025, una cifra que se proyecta duplicar este año, una realidad que guarda similitudes y diferencias con la situación en Ecuador.
Francisco Cevallos, consultor en temas de la niñez, aportó un análisis crítico sobre la narrativa predominante en torno a la delincuencia juvenil. Rechazó la repetición acrítica de cifras sin fuente confiable, como el dato no comprobado que señala que el 60% de los miembros de grupos delictivos organizados (GDO) serían menores.
Citó estadísticas oficiales que revelan que, entre 2019 y 2024, la proporción de adolescentes detenidos ha permanecido estable, representando entre un 3.1% y un 3.8% del total de aprehensiones, con un aumento significativo en la tenencia de armas de fuego entre menores, que pasó de un 5.9% a un 20% en ese periodo.
Cevallos subrayó que en Ecuador la violencia ha escalado hasta convertirse en la primera causa de muerte entre niños, niñas y adolescentes desde 2023, superando enfermedades y accidentes. Especial atención merecen los homicidios intencionales, que han crecido un 935% entre 2018 y 2024 para este grupo etario, y un alarmante aumento del 1450% entre jóvenes de 12 a 17 años, especialmente en seis provincias que concentran la mayoría de estos hechos violentos.
La violencia afecta no solo la vida sino también la estabilidad familiar y social. Se registran cifras crecientes de desapariciones de menores, cuyo porcentaje de casos no resueltos ha aumentado del 0,1% en 2017 a un 11,2% en 2025, reflejando retos en la protección y seguimiento. Además, el desplazamiento interno debido a la violencia ha alcanzado a más de 101,000 personas, con un 29% de niños y adolescentes afectados.
El análisis se enfocó igualmente en la estigmatización social derivada del tratamiento mediático de la violencia. Investigaciones revelan que los medios muchas veces contribuyen a la criminalización de los niños, hablando de «pandillas» o «niños delincuentes» sin explorar las causas estructurales como la pobreza, exclusión y falta de oportunidades.
Xavier Brito, investigador en comunicación, destacó que el necroperiodismo—una cobertura sensacionalista marcada por la repetición de imágenes violentas—contribuye a la estigmatización y al pánico moral, al tiempo que invisibiliza las voces de la niñez afectada y sus comunidades.
El uso irresponsable del lenguaje, explicó Brito, intensifica la exclusión social y genera miedo en la población, factores que complican las políticas públicas de protección. Se insta a los medios a adoptar nuevas narrativas basadas en los derechos de los niños, enfatizando el respeto a su dignidad, el interés superior del niño y la no revictimización.
Esto implica evitar la divulgación de identidades y rostros, así como desestigmatizar a estos jóvenes, quienes a menudo se ven implicados en delitos debido a condiciones de desprotección social y económica.
Pablo Coloma, consultor en justicia juvenil restaurativa, expuso sobre el marco legal y las barreras para una justicia efectiva y respetuosa de derechos. Recordó que la Constitución ecuatoriana y tratados internacionales imponen un régimen especial para la protección de niños, niñas y adolescentes, garantizando su derecho a la privacidad y a un trato diferenciado en el sistema penal. Destacó la importancia de un enfoque restaurativo, que promueva la reintegración social y la reparación, frente a políticas punitivas que solo agravan la exclusión.
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Entre los principales delitos por los cuales se detiene a menores están el robo, hurto, intimidación, tráfico de sustancias ilícitas, porte de armas, extorsión y secuestro. En 2025, entre enero y agosto, 1.846 adolescentes fueron detenidos, principalmente en provincias de la costa, donde se concentra el 70% de los casos de aprehensiones en menores.
La compleja situación genera una paradoja: mientras la violencia contra la niñez se intensifica, la invisibilización y falta de análisis riguroso persisten. El rol de los medios es fundamental para contar esta realidad con rigurosidad y respeto, alejados del morbo y la espectacularización.
ChildFund y los expertos convocados coinciden en la necesidad de un cambio de paradigma informativo que promueva una narrativa de protección y solución, que fomente políticas públicas integrales de prevención, educación, acompañamiento psicológico y corresponsabilidad estatal y familiar.
El encuentro concluyó invitando a periodistas y sociedad a ser agentes activos de cambio, situando a los niños y adolescentes en el centro del debate público y promoviendo un periodismo responsable que dé voz a quienes más lo necesitan y fortalezca la defensa de sus derechos en un contexto alarmante que exige acción urgente. (I)
