Los legisladores Mabel Méndez, representante de la provincia del Azuay, y Diego Salas, asambleísta por El Oro, presentaron este martes -ante la unidad de Gestión Documental de la Asamblea- dos proyectos de ley orientados a fortalecer el desarrollo productivo del país y a establecer mayores responsabilidades empresariales en materia de derechos humanos y ambientales.
Las iniciativas corresponden a la Ley Orgánica para el Desarrollo Agroindustrial Sostenible, Inclusivo e Innovador y a la Ley Orgánica de Diligencia Empresarial para la Protección de los Derechos Humanos, la Naturaleza y el Ambiente, que ingresaron oficialmente para iniciar su trámite legislativo en las comisiones especializadas.
Ambos proyectos se sustentan en diagnósticos estructurales del modelo productivo ecuatoriano y en la necesidad de alinear la legislación nacional con compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible, derechos humanos y protección ambiental.
Impulso al campo y a la agroindustria sostenible
El proyecto de Ley de Desarrollo Agroindustrial Sostenible, Inclusivo e Innovador busca fortalecer el sector agropecuario y agroindustrial con el objetivo de incrementar la inversión, elevar la productividad y generar empleo agrícola y agroindustrial digno, con acceso a seguridad social.
En su exposición de motivos, el proyecto señala que la agroindustria permite diversificar la producción del agro, prolongar la vida útil de los alimentos, reducir costos de distribución y generar empleo, además de fortalecer organizaciones rurales comunitarias y de la economía popular y solidaria.
El texto no fija metas cuantitativas específicas de producción o empleo, pero establece como finalidad garantizar la soberanía alimentaria y mejorar la competitividad de las cadenas agroindustriales en los mercados nacionales e internacionales.
La iniciativa plantea que el Ecuador asegure la provisión de alimentos suficientes, sanos y de calidad para el mercado interno, al tiempo que promueve productos con mayor valor agregado para la exportación.
Para ello, el proyecto crea un Sistema Nacional de Fomento y Desarrollo Agroindustrial y un Plan Nacional de Desarrollo Agroindustrial, que permiten coordinar políticas públicas, asignación presupuestaria y mecanismos de seguimiento desde la entidad rectora de producción y comercio.
El texto contempla medidas de apoyo en riego, asistencia técnica, innovación, infraestructura productiva, centros de acopio y almacenamiento, financiamiento y seguros, así como la promoción de ventas dentro y fuera del país. La ley prioriza a micro, pequeños y medianos productores, así como a actores de la economía popular y solidaria, con el fin de generar encadenamientos productivos y reducir desigualdades territoriales.
El proyecto incorpora principios de economía circular, bioeconomía, trazabilidad e inocuidad alimentaria, y establece que la política pública agroindustrial debe orientarse a cambiar el patrón de especialización primario del país hacia actividades con mayor valor agregado y contenido tecnológico.
Diligencia empresarial y estándares internacionales de derechos humanos
El segundo proyecto, denominado Ley Orgánica de Diligencia Empresarial para la Protección de los Derechos Humanos, la Naturaleza y el Ambiente, establece obligaciones para que las empresas se responsabilicen por los impactos reales o potenciales que generen en derechos humanos, el ambiente, la naturaleza, el buen gobierno corporativo, los derechos de los consumidores y las condiciones laborales dignas.
La normativa se aplica a todas las empresas que operan en el Ecuador, sin distinción de tamaño o sector, así como a empresas extranjeras que comercializan bienes o servicios en el país y tributan en territorio nacional. El proyecto no fija umbrales económicos diferenciados, pero dispone que el reglamento contemple criterios proporcionales según el tamaño, sector y nivel de riesgo de cada empresa.
La propuesta se fundamenta en estándares internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en los principios promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y los marcos de conducta empresarial responsable impulsados por la ONU.
El texto exige la implementación de procesos sistemáticos de diligencia empresarial basados en un enfoque de riesgo, que permitan identificar, prevenir, mitigar y corregir efectos adversos, así como la divulgación pública de información relevante, respetando la confidencialidad comercial.
Como parte del esquema institucional, la ley crea un Registro Nacional de Responsabilidad Empresarial, de carácter público, que incluye información sobre mecanismos de diligencia, riesgos identificados, medidas correctivas e investigaciones administrativas. La Defensoría del Pueblo asume un rol de apoyo y orientación, especialmente dirigido a micro y pequeñas empresas.
En caso de incumplimiento, ocultamiento de información o entrega de datos falsos, el proyecto prevé investigaciones administrativas, medidas correctivas y sanciones proporcionales, que pueden incluir multas calculadas sobre el volumen de negocios de la empresa y la anotación de la infracción en el registro nacional.
Las dos iniciativas ingresaron a la Asamblea Nacional para su análisis y debate, en un contexto de discusión legislativa sobre desarrollo sostenible, responsabilidad empresarial y fortalecimiento del aparato productivo nacional. (I)
