El sector agropecuario nacional vivió una jornada de transformación tras la entrega formal de recursos económicos que dinamizaron la producción en las zonas rurales del país. A través de una gestión coordinada entre BanEcuador y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se adjudicó un total de 20 millones 963 mil dólares en créditos especializados bajo la línea 7X7, beneficiando directamente a 2.171 mujeres dedicadas a la agricultura y ganadería.
Esta inyección de capital ocurrió entre octubre de 2025 y enero de 2026, consolidándose como un hito para la autonomía económica de las productoras. El financiamiento se canalizó mediante el proyecto Agroimpacto, el cual permitió que el Estado subvencionara una parte sustancial de la carga financiera para las beneficiarias.
El mecanismo financiero estableció una tasa de interés preferencial del 7% anual, con un plazo de pago extendido de hasta 7 años. Mientras las mujeres asumieron dicho porcentaje, el Ministerio de Agricultura cubrió el 11,29% restante de la tasa, facilitando así un acceso real y sostenible al sistema bancario público.
Las estadísticas reflejaron el peso de la mujer en la soberanía alimentaria, ya que se estimó que el 61% de la fuerza productiva en el campo estuvo integrada por ellas. Además de liderar sus hogares, estas trabajadoras mantuvieron el abastecimiento de productos frescos en los mercados nacionales mediante prácticas ancestrales de conservación.
El despliegue de estos recursos representó el 44% del total de las colocaciones realizadas por la banca pública en esta línea de crédito específica. Los montos entregados oscilaron entre los 500 dólares y los 250 mil dólares, ajustándose a las necesidades de pequeñas y grandes unidades productivas.
A nivel nacional, la línea de crédito 7X7 otorgó un total de 4.904 operaciones, sumando un monto global superior a los 52 millones de dólares. Sin embargo, la participación femenina destacó como el eje central de esta política de fomento, especialmente en las provincias de la Sierra y la Amazonía.
Las provincias de Loja, Tungurahua, Azuay, Carchi, Cotopaxi y Pichincha registraron la mayor concentración de beneficiarias. En estas zonas, los recursos se destinaron prioritariamente a la adquisición de insumos agrícolas y la implementación de sistemas de riego tecnificado para mejorar el rendimiento de las tierras.
En la Amazonía, el financiamiento cumplió un rol estratégico para sostener las prácticas agropecuarias en entornos de alta biodiversidad. Las productoras utilizaron el capital de trabajo para fortalecer la infraestructura de sus fincas y mejorar la genética de sus sistemas ganaderos.
La política pública se enfocó en el segmento de la Agricultura Familiar Campesina, sector que proveyó aproximadamente el 60% de los alimentos que integraron la canasta básica de los ecuatorianos. Para acceder a estos fondos, las interesadas cumplieron con el requisito previo de registro oficial ante la autoridad agraria.
BanEcuador destinó un cupo total de 100 millones de dólares para esta iniciativa, mientras que el Ministerio de Agricultura invirtió 28 millones de dólares exclusivamente para la subvención de intereses. Esta articulación técnica permitió reducir la presión económica sobre las familias rurales, fomentando la sostenibilidad del aparato productivo.
La entrega de estos créditos no solo significó un avance numérico, sino que validó el compromiso institucional con una ruralidad inclusiva y equitativa. Al cierre del periodo reportado en enero de 2026, el fortalecimiento de la producción ganadera y agrícola se evidenció en la estabilidad de las unidades productivas lideradas por mujeres. (I)
Fuente: Ministerio de Agricultura
