Especial sobre minería en Napo. El desastre ambiental en Napo, evidenciado en el colapso de sus ríos y la contaminación de alimentos, es el resultado de un debilitamiento institucional. La Contraloría General del Estado y la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional identificaron omisiones de control. Informes técnicos confirman que entidades como el Ministerio del Ambiente, Enami EP y Arcom permitieron que la mayoría de concesiones operaran sin fiscalización, facilitando delitos como el lavado de activos. Esta crisis, documentada también por la Universidad Ikiam, destruyó la seguridad de comunidades que hoy carecen de agua segura y enfrentan un aumento de la delincuencia organizada. Segunda entrega.
Si bien el Gobierno ecuatoriano suspendió las actividades mineras en la provincia amazónica de Napo —una de las zonas más golpeadas por la actividad ilegal— esta medida resulta insuficiente frente a la magnitud de los daños ambientales acumulados.
La contaminación persistente de ecosistemas sensibles y fuentes hídricas, provocada durante años por la minería ilegal, no ha sido reparada y son las comunidades locales las que siguen asumiendo las consecuencias sin procesos claros de remediación ni responsabilidades establecidas.
El Gobierno, mediante la Resolución Ministerial n.º MAE-MAE-2026-0005-R, ordenó el cese inmediato de todas las actividades mineras en Napo, y la suspensión de plantas de beneficio minero en El Oro y Loja, jurisdicciones fronterizas con Perú.
Según reportes técnicos, la minería ilegal propició una expansión acelerada de deforestación y degradación de cuencas en territorios amazónicos. Entre 2019 y 2024, actividades extractivas ilegales deforestaron aproximadamente 1.422 hectáreas en la cuenca del río Punino en Napo, con más del 90 % de esta deforestación probablemente ilegal.
Organizaciones sociales y estudios independientes estiman que esta expansión continuó en 2025, alimentada por redes criminales que lucran con la extracción de oro y el contrabando de insumos como combustible, que genera ingresos de aproximadamente $ 234.000 diarios en la región de Napo.
En el plano judicial y criminal, las cifras del Ministerio Público evidencian 1.654 denuncias por minería ilegal entre 2021 y 2025, pero solo 34 procesos terminaron en condenas, lo que demuestra la impunidad estructural del fenómeno.
Esta decisión no solo alerta sobre la profundidad de una crisis ambiental, sino también un débil control estatal que propicia expansión de actividades clandestinas, que dejaron secuelas en el entorno natural.
Eso también lo ratifican documentos oficiales que alertan sobre esa crisis, debido al deficiente control de la explotación minera. La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional entregó el 26 de noviembre de 2024 un informe técnico que confirmó graves irregularidades en la Empresa Nacional Minera (Enami EP).
Esta fiscalización legislativa reveló que la administración pública permitió el avance de la minería ilegal en Napo mediante un debilitamiento institucional sistemático. Las autoridades omitieron su deber de control mientras los colectivos sociales denunciaron un desastre del entorno natural, sin precedentes en la región.
Andrés Rojas, abogado y miembro del colectivo Napo Ama la Vida, describió el abandono que sufrieron las comunidades frente a las empresas extractivas. Él señaló que la falta de presencia estatal en los territorios indígenas facilitó la entrega de licencias ambientales sin la debida socialización.
“Lastimosamente quienes debieron actuar no lo hicieron; el Ministerio del Ambiente guardó un silencio total ante la presencia de metales pesados en los ríos”, denunció Rojas. El abogado calificó esta inacción como un «silencio cómplice institucional» que benefició directamente a los operadores ilegales.
La científica Mariana Vellosa Capparelli, investigadora de la Universidad Ikiam, documentó el impacto químico y biológico en los ecosistemas acuáticos de la provincia. Su equipo técnico realizó monitoreos en 11 localidades afectadas crónicamente por la actividad minera.
El estudio científico confirmó que el 35% de los sitios monitoreados ya no presentaron rastro alguno de macroinvertebrados acuáticos. Esta ausencia total de vida biológica funcionó como un indicador alarmante del colapso del hábitat fluvial.
Ese estudio no es aislado. Un Informe de Borrador de la Contraloría General del Estado, con fecha del 3 de marzo de 2023 reforzó estas denuncias al identificar un vacío administrativo crítico en la Dirección Distrital de Napo. La institución determinó que la oficina careció de especialistas legales y económicos entre julio de 2020 y septiembre de 2022 (ver gráfico).
Esta carencia de personal provocó que un solo técnico atendiera los sectores de energía, hidrocarburos y minería para tres provincias distintas. Como resultado, el 52% de las concesiones artesanales en Napo operaron sin ningún tipo de seguimiento oficial.
Pero estos documentos resultan insuficientes frente a las consecuencias que soportan los habitantes. En un recorrido realizado por PERIODISMO PÚBLICO, se constataron los daños provocados debido al deficiente control por parte de las autoridades correspondientes.
Pepe Moreno, presidente del Consejo de Defensores de Derechos de la Naturaleza, relató la resistencia de las siete comunidades de la parte alta contra la minería. Él advirtió que, a pesar de los esfuerzos locales, el río Jatunyacu (al este de la ciudad de Tena), ya perdió 18 kilómetros debido a la intervención mecánica.
“Solo en la parroquia Talag identificamos alrededor de 60 frentes mineros activos de minería ilegal a las orillas del río”, explicó Moreno mientras señalaba las zonas devastadas.
Marjorie Bonilla, coordinadora agroambiental de la Fundación Maquita, explicó la mecánica detrás de la expansión minera en el territorio. Ella observó que las empresas legalmente autorizadas funcionaron muchas veces como puertas de entrada para la minería ilícita.
“Ahora tenemos una minería ilegal a puertas abiertas y a vista de todos como consecuencia de no haber controlado a las concesionarias legales”, afirmó Bonilla. La experta lamentó que la pérdida de cobertura vegetal en los últimos años resultara extensiva y destructiva.
Bonilla también alertó sobre la infiltración de metales pesados en las aguas subterráneas, lo que contaminó los «ojos de agua» de las chacras comunitarias. Ella describió este fenómeno como una «cadena de contaminación» que afectó directamente la seguridad alimentaria de los habitantes.
“La planta no puede botar los metales pesados si no es por las frutas o por las hojas que los humanos consumimos”, advirtió la analista ambiental. La investigadora mencionó que la Universidad Ikiam ya detectó estos residuos tóxicos en productos básicos de la dieta local.
La destrucción del entorno también genera consecuencias para personas que viven de sus tierras y de proyectos turísticos. “Jorge” (pidió su nombre en reserva) es emprendedor turístico de la zona. Recordó con nostalgia la antigua pureza de los afluentes amazónicos. Él aseguró que, hasta hace apenas dos años, el río Napo se mantuvo transparente y apto para el baño y la pesca.
“Desde hace dos años la minería creció y ahora el río permanece turbio; esto es una bofetada a todo el turismo internacional que recibimos”, lamentó Jorge. El empresario criticó la inoperancia del Ministerio del Ambiente frente al cambio absoluto del color del agua.
Entre septiembre y diciembre de 2024, Jorge documentó la presencia de cinco retroexcavadoras gigantescas trabajando las 24 horas del día en el sector de Balzachicta, una comunidad en la parroquia de Talag, dentro del cantón Tena. Según su testimonio, el impacto sonoro y ambiental de estas máquinas ahuyentó a los visitantes extranjeros.
La minería desencadena otros daños
Elsa Cerda, presidenta de la Guardia Indígena Yuturi Warmi (Mujer Conga), habló sobre el clima de violencia que se instaló en las comunidades. Ella confesó que su labor de activista la obligó a vivir en un estado de alerta permanente, persecución e incluso extorsiones.
“A mí me toca estar con un ojo cerrado y con un ojo abierto; la minería no solo trajo enfermedades, sino violencia y drogadicción”, relató Elsa con firmeza. La líder comunitaria destacó que su organización de 35 mujeres se convirtió en la principal guardiana del territorio.
Elsa reveló que una ingeniera vinculada a empresas chinas intentó sobornarla con 10.000 dólares para permitir el ingreso de maquinaria de exploración. Sin embargo, la dirigente rechazó la oferta monetaria para proteger las tierras de las futuras generaciones.
“Le dije que si quería negociar conmigo tenía que pagarle un millón de dólares a cada una de las 35 mujeres”, recordó Elsa como una forma de ahuyentar a los empresarios. Ella enfatizó que la tierra es “el único patrimonio seguro”.
La comunera rechazó todos los intentos del gobierno de desalojar comunidades para favorecer nuevas concesiones mineras.
Un ejemplo claro es la presión que sufre la comunidad kichwa amazónica Tzawata – Ila – Chukapi (ubicada en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, al sur de Napo) que enfrenta una crítica situación de vulnerabilidad ante la amenaza de desalojos y despojo territorial por intereses de empresas extractivistas.
La Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denuncia presiones extractivas y falta de consulta previa durante dos décadas de resistencia. A eso se suma el pronunciamiento constitucional ratificado por la Corte Provincial de Justicia que determina que no existe orden de desalojo legalmente válido contra la comunidad. Esta situación ha generado el respaldo y la vigilancia de la Defensoría del Pueblo junto al Alto Comisionado de la ONU.
En la Rendición de Cuentas de 2024, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), reconoció de la presencia de delitos originados por la minería ilegal.
La entidad señaló como los principales efectos, no solo la degradación de suelos, contaminación del aire, destrucción de la flora, afectación a la fauna, contaminación de aguas, sino también de delitos conexos como la asociación ilícita, la tenencia y porte de armas, el tráfico y uso de explosivos, los delitos contra la administración pública, la defraudación tributaria, el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos.
En el aspecto social, reveló Arcom, las comunidades en donde se desarrolla la minería ilegal están expuestas a la extorsión, la trata de personas, el trabajo infantil, la explotación laboral, el tráfico de influencias.
Galo Villamil, socio activo de la comunidad de Capirona, en la parroquia de Puerto Napo (Tena), denunció el aumento de robos y la presencia de grupos delictivos organizados en la zona. Él aseguró que ciudadanos extranjeros ya ingresaron a las viviendas para sustraer herramientas de trabajo.
“Primero llegó la minería y luego la delincuencia; nosotros no sentimos miedo, lo que sentimos es coraje e iras”, sentenció Villamil.
Para Leonardo Cerda, experto en políticas públicas y miembro de Serena, otro problema derivado de la minería es el encubrimiento estatal que facilitó el lavado de activos a través del oro. Él denunció que las empresas delincuenciales utilizaron la minería para blanquear dinero del narcotráfico.
“Muchos operativos fallaron porque la gente supo de antemano y escondió las maquinarias; existe una confabulación con los organismos del Estado”, advirtió Cerda.
Las frutas y hortalizas absorben los minerales y residuos
En Capirona, la contaminación del río Puní dejó a 59 familias sin acceso a agua segura para su alimentación básica. Pepe Moreno explicó que este río murió debido a las descargas ilegales provenientes de la parte alta de la cuenca.
Villamil relató que hay dos muertes registradas debido al consumo de aguas contaminadas. La primera es de una joven de 22 años y la segunda, de su sobrino de un año de nacido. Según el comunero, “el Ministerio de Salud evitó dar un diagnóstico vinculado a la minería y atribuyó los fallecimientos a ‘causas desconocidas´”.
Linda Tapuy, presidenta de Capirona, añadió que el impacto económico alcanzó también a los mercados locales donde vendían sus productos. Ella lamentó que los compradores ya no aceptaran el plátano o la yuca de la ribera por temor a los metales pesados. “Las compañeras regresan con sus productos a las casas porque la gente los desprecia”, manifestó Tapuy.
A esa situación se suma la falta de acceso al agua. A falta del líquido que proporcionaban los ríos, los habitantes exigieron a la alcaldía de Tena soluciones inmediatas. Sin embargo, la intervención gubernamental resulta insuficiente, pues la entrega municipal de 44 contenedores no logra cubrir la totalidad de las familias, obligando a los comuneros a gestionar el resto mediante aportes particulares.
Para Tapuy, resulta una ironía dolorosa y humillante que, en una región definida por sus caudales y donde el agua posee un valor espiritual profundo, la supervivencia de los pueblos amazónicos dependa hoy de la llegada de camiones cisterna externos. “Ahora dependemos de los tanqueros de agua”, manifestó la habitante.
La disposición ministerial sigue en pie. Frente a ello, hay movilizaciones de gremios que rechazan las medidas, advirtiendo que se les niega su derecho a trabajar; mientras tanto, las comunidades reviven la esperanza de que esta actividad salga de sus territorios.
PERIODISMO PÚBLICO solicitó la versión del Ministerio del Ambiente, mediante una solicitud de información. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no dio respuesta.
La Cartera de Estado tampoco ha informado públicamente si habrá planes integrales de restauración ambiental ni mecanismos de reparación para las poblaciones afectadas que enfrentan la contaminación de ríos, la pérdida de medios de subsistencia y el deterioro de su calidad de vida. (I)
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