El Municipio de Quito oficializó una reestructuración inmediata en el sistema de facturación de la Tasa de Recolección de Basura (TRB). Tras completar el primer ciclo de cobro a través de las planillas de agua potable, la administración detectó distorsiones económicas que afectaron principalmente a miles de familias con medidores compartidos.
El alcalde Pabel Muñoz lideró el anuncio de cuatro ejes correctivos que buscaron neutralizar los cobros excesivos registrados en febrero. La medida estableció que, desde el ciclo de abril, se aplicó una compensación automática a los usuarios que pagaron valores inflados por la falta de una división técnica de sus predios.
Esta decisión respondió a un diagnóstico que reveló una realidad dispar en la capital. Mientras que el 60 % de los ciudadanos mantuvo o disminuyó sus valores previos, un 40 % experimentó alzas considerables debido a la configuración técnica de sus conexiones.
El problema radicó en los 8.861 medidores compartidos que identificó la municipalidad. Estos dispositivos abastecieron a 95.498 predios individuales, lo que representó el 9,2 % del catastro municipal que fue facturado bajo una lógica de consumo único.
La nueva metodología municipal ordenó que el consumo total de metros cúbicos de agua se dividiera para el número de unidades habitacionales conectadas. Este cambio de fórmula transformó la carga financiera de los edificios y conjuntos residenciales de la urbe.
Para ilustrar el ajuste, el Municipio presentó casos reales donde un edificio de 38 departamentos, que pagó USD 455,56 en conjunto, redujo su factura total a USD 101,70. Esto significó que cada familia pasó de tributar USD 12,00 a únicamente USD 2,67.
Presión política y técnica para retomar el cobro en la planilla de luz
Pese a las correcciones en el sistema de la EPMAPS, la alcaldía no desistió de su objetivo de regresar la tasa a la planilla eléctrica. El burgomaestre calificó la evaluación como un ejercicio técnico que se alejó de cualquier intención de espectáculo político.
Para viabilizar este retorno, se conformó una comisión especial integrada por los concejales Racines, Garrido, Aulestia y Merino. Este equipo tuvo la misión de presionar y dar seguimiento a la respuesta del Gobierno Nacional respecto a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).
La municipalidad buscó que la EEQ retomara su rol como agente de recaudación por ser el mecanismo más eficiente. Esta insistencia surgió tras la ruptura unilateral del contrato por parte de la eléctrica estatal en octubre de 2025.
Mientras se resolvió la pugna con el Gobierno Central, el Municipio robusteció su infraestructura de servicio al cliente. La meta fue canalizar las quejas de forma personalizada para evitar que la ciudadanía realizara trámites burocráticos extenuantes.
Para ello, se habilitaron siete agencias fijas de atención y un despliegue de 28 oficinas móviles. Estas unidades recorrieron las parroquias urbanas y rurales para acercar la solución técnica a los barrios que reportaron dudas.
Adicionalmente, se recordó a los usuarios que las líneas 1800-EMASEO y 1800-EPMAPS estuvieron operativas para consultas. El sistema de compensación automática redujo la necesidad de que el ciudadano acudiera físicamente a reclamar por cobros indebidos.
El alcalde defendió la validez jurídica de la tasa y aseguró que la ordenanza fue bien concebida y aprobada. Según la autoridad, el error no residió en el concepto del tributo, sino en la aplicación operativa ante la diversidad de conexiones.
La transición al cobro por agua fue una medida de emergencia que garantizó la operatividad de EMASEO. Según informes oficiales, la gestión de residuos sólidos nunca se interrumpió durante el periodo de crisis contractual con la empresa eléctrica.
El impacto de los ajustes permitió reducciones de hasta el 78 % en los valores por predio. Esto niveló la balanza para miles de ciudadanos que, por vivir en propiedad horizontal, subsidiaron de forma involuntaria una carga mayor a sus consumos.
La administración municipal enfatizó que este proceso de revisión fue dinámico. Las oficinas móviles no solo recibieron reclamos, sino que levantaron datos sobre predios que no estuvieron correctamente individualizados en el sistema.
Por otro lado, la comisión de concejales inició sus acercamientos con las autoridades energéticas la misma semana del anuncio. La intención fue que el año cerrara con un sistema de cobro definitivo que no dependiera de los vaivenes políticos.
La ciudadanía estuvo atenta a sus planillas de abril para verificar que la compensación se hiciera efectiva. Este crédito a favor apareció como un descuento directo en el valor a pagar, lo que compensó lo abonado en exceso previamente.
El reto logístico para la EPMAPS fue enorme, pues actualizó la base de datos de los medidores compartidos en tiempo récord. La precisión de este ajuste determinó la calma social respecto a un servicio crítico para la salubridad.
Finalmente, el Municipio reiteró que el costo de la tasa fue una inversión directa en la limpieza. Con los ajustes, la recaudación fue más justa y garantizó que cada quiteño pagara estrictamente lo que le correspondió.
La gestión de residuos generó diariamente toneladas de material que requirieron financiamiento constante. Con estas medidas, la alcaldía intentó cerrar un capítulo de incertidumbre financiera que puso en riesgo la higiene urbana de la capital.
El proceso de socialización en los barrios fortaleció la confianza de los vecinos en el nuevo sistema. El cabildo concluyó que la transparencia en el uso de los datos técnicos fue la clave para resolver el conflicto tarifario.
¿Cómo funcionó el recálculo y la compensación de la Tasa de Basura?
El ajuste no fue un descuento al azar, sino una reconfiguración técnica de la base de datos de la EPMAPS. Aquí te detallo los puntos clave de este proceso:
1. La identificación del «Medidor Compartido»
El sistema municipal cruzó la información del catastro con los registros de agua potable. Se consideró medidor compartido a aquel dispositivo único que abastecía a dos o más predios (departamentos, locales comerciales o casas independientes) que tenían números de predio distintos pero una sola conexión de agua.
2. La fórmula de la equidad
Anteriormente, el sistema sumaba todo el consumo del edificio (por ejemplo, 500 $m^3$) y aplicaba la tasa como si fuera un solo usuario industrial o de alto consumo. Con el cambio, se aplicó la siguiente lógica:
- Paso A: Se tomó el consumo total del medidor.
- Paso B: Se dividió ese consumo para el número de predios registrados.
- Paso C: El resultado (consumo promedio por departamento) fue el que determinó el rango de la tasa de basura.
- Resultado: Al bajar el rango de consumo individual, el valor de la tasa cayó drásticamente (hasta un 78% menos).
3. ¿Cómo se aplicó la compensación automática?
Los ciudadanos no tuvieron que llenar formularios ni acudir a ventanillas. El sistema informático realizó lo siguiente:
- Calculó la diferencia entre lo que el usuario pagó en febrero/marzo y lo que debió pagar con la nueva fórmula.
- Ese valor sobrante se cargó como un «Crédito a Favor» en la factura de abril.
- Si el crédito fue mayor al valor de la nueva planilla, el saldo restante se arrastró para el mes de mayo.
4. ¿Qué debiste hacer si tu valor no bajó?
En casos donde el beneficio no se reflejó, el Municipio habilitó tres rutas de acción inmediata:
- Censo de Predios: Solicitar a través de las 28 oficinas móviles la verificación de cuántas familias vivían tras ese medidor.
- Actualización de Catastro: Presentar el número de predio de cada unidad habitacional en las agencias de la EPMAPS.
- Línea Directa: Reportar la inconsistencia al 1800-EMASEO para una inspección técnica. (I)
Fuente: Quito Informa
